Fuente: Verdad Abierta
Sin duda alguna, las dimensiones económica, política y social del narcotráfico han sido uno de los principales factores que favorecen la persistencia del conflicto armado en Colombia. El Acuerdo de paz contempla un capítulo dirigido a transformar la lógica de la fracasada lucha contra las drogas con programas integrales de transformación de los territorios más afectados, golpeando a los eslabones más fuertes de la cadena y adoptando un tratamiento penal diferenciado para los sectores más débiles como los cultivadores y consumidores. Sin embargo, la sucesión de errores en su implementación, los intereses económicos de poderosos narcotraficantes nacionales e internacionales, sumados a la férrea oposición de ciertos sectores al interior del Estado, ente otros factores, bloquearon la política de sustitución de cultivos de uso ilícito y han ocasionado su fracaso en los territorios más álgidos del país[1].
Uno de los golpes más fuertes a la solución al problema de las drogas ilícitas planteada en el Acuerdo de Paz, es la política de guerra contra las drogas que ha retomado el actual gobierno. Desde su posesión como presidente, Duque tomó la decisión de dejar de celebrar acuerdos de sustitución voluntaria con las comunidades. Este tipo de acuerdos se venían celebrando desde el gobierno Santos, llegando a un total de 99.907 familias vinculadas al programa; sin embargo, el número de familias vinculadas se congeló en dicha cifra debido a la decisión de Duque, y pese a las constantes solicitudes de las familias y comunidades de ser vinculadas al programa.
El cumplimiento del gobierno frente a los compromisos asumidos con las 99.907 familias vinculadas al programa de sustitución se ha limitado a los pagos de asistencia alimentaria, desconociendo los compromisos asumidos en materia de proyectos productivos y asistencia técnica, situación que limita la posibilidad de mantenimiento en el largo plazo de los procesos de sustitución.
Si bien se ha cumplido de manera parcial los compromisos con las casi cien mil familias, el gobierno no ha cumplido con el total de aproximadamente 188.030 que firmaron acuerdos colectivos de sustitución, lo que indica que cerca del 48% de las familias que manifestaron su voluntad de avanzar en la sustitución voluntaria no ingresaron al Programa. Dado que varios de los municipios cubiertos parcialmente por el PNIS contaban con acuerdos colectivos de sustitución voluntaria no individualizados, se ha generado un vacío en la política que hace cada vez más difícil diferenciar los territorios que debían ser sujetos de medidas de sustitución voluntaria de aquellos donde debía operar la erradicación forzada[2].
Este vacío ha sido aprovechado por el gobierno Duque para impulsar operativos de erradicación forzosa en varias regiones del país, lo que ha conllevado la militarización de los territorios, situaciones de violación de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, pues los operativos de la Fuerza Pública se han caracterizado por un uso desproporcionado de la fuerza, así como el ataque y destrucción a bienes civiles.
Debe tenerse presente que el Acuerdo permite adelantar operativos de erradicación forzosa, pero sólo de manera subsidiaria, bajo el entendido de que se deben priorizar los acuerdos con las comunidades para los procesos de sustitución.
El gobierno ha tomado la decisión de reanudar las actividades de aspersión aérea con glifosato: desde el pasado 27 de octubre el Ministro de Defensa informó que se están ultimando los detalles para cumplir con los requisitos impuestos por la Corte Constitucional y poder retomar esta práctica. Esta decisión gubernamental ha provocado diversas críticas desde diversos sectores de la sociedad civil, debido a las consecuencias negativas que afectan al medio ambiente, a las enfermedades irreversibles que causan en los seres humanos y al fuerte impacto que ha tenido en la economía de muchas familias que decidieron participar del PNIS.
Tal y como ha sido implementado, el PNIS no ha logrado avanzar en la totalidad de las metas establecidas, a pesar de que las familias han erradicado voluntariamente 41 mil de las 50 mil hectáreas establecidas como meta en el PND 2018-2022, con un porcentaje de resiembra del 0,2%. Se resalta que entre 2018 y 2019 se presentó un descenso del 9% en las hectáreas con cultivos de coca a nivel nacional, al pasar de 169 mil en el primer año a 154 mil en el segundo, y una reducción del 13% en los municipios donde opera el PNIS al pasar de 109.569 hectáreas en 2018 a 94.900 en 2019[3]
Los impases que afronta la implementación del PNIS se deben a la falta de voluntad de Duque de cumplir con lo establecido en el punto 4 del Acuerdo, pese a la insistencia de las comunidades de ser incluidas en el programa. Por el contrario, además de adelantar procesos de erradicación forzosa, con la consecuente vulneración de derechos que ello conlleva, Duque ha decidido implementar una política denominada ¨Hecho a la medida¨, una estrategia de sustitución que sólo cubre 50 mil de las 154.000 hectáreas de coca sembradas y que no promueve proyectos productivos familiares. Bajo este modelo los recursos financieros no saldrán directamente del gobierno, como estaba contemplado en el Acuerdo, sino que provendrán de gobierno nacional, local, gremios y cooperación internacional.
La falta de voluntad del gobierno para cumplir con el PNIS también se refleja en los recursos que destina para su implementación. En 2019 se recursos para la paz fueron destinados para la erradicación forzada y las Zonas Estratégicas de Intervención Integral o ¨zonas futuro¨, aún cuando el PNIS no cuenta con financiación suficiente para cumplir con todos sus compromisos ni para llegar a nuevos territorios.
Finalmente, un elemento más a tener en consideración es la situación de seguridad a nivel territorial. Una de las grandes problemáticas que afronta la implementación del PNIS es el hecho de que los acuerdos de sustitución se han celebrado sin tener en cuenta condiciones de seguridad, y de que el Estado no cuenta con una política de prevención y protección para los participantes civiles de estos procesos. Debe tenerse presente que las regiones del país con mayor presencia de cultivos de coca son también las regiones en las que han ocurrido más asesinatos de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de paz. Es común que las comunidades sean hostigadas por grupos paramilitares a fin de que detengan las operaciones de erradicación manual de la coca.
[1] Comisión Colombiana de Juristas. ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el post Acuerdo. Disponible en: http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/patrones6.pdf
[2] Procuraduría General de la Nación. (Septiembre 2020) Segundo informe al Congreso sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz.
[3] Procuraduría General de la Nación (2020) Segundo informe al Congreso sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz 2019-2020.
[1] Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, contemplado en el punto 4° del Acuerdo de Paz.
