Frente a un sistema financiero mundial que socava el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, la sociedad civil y las organizaciones de Pueblos Indígenas han pedido a los gobiernos que refuercen la financiación de políticas públicas que favorecen la producción local de alimentos, que garanticen la existencia de mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas, y que aseguren la participación activa de las personas productoras de alimentos a pequeña escala en el diseño, el seguimiento y la evaluación de estas políticas.