“Ana María Sarrias duraría una hora y media desangrándose y esperando unos primeros auxilios que el Ejército nunca le proporcionó, ni por simple humanidad”
Junto con Ana María fueron 11 las personas asesinadas por el Ejército en el marco del operativo Manhlon4, desplegado con el objetivo de capturar dos jefes de Comandos de Frontera, un grupo de disidencias de las FARC dedicado al narcotráfico. Lo que entidades oficiales reportan como un “operativo exitoso”, es denunciado por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como una masacre y nuevo caso de “falso positivo”.
El lunes 28 de marzo las comunidades campesinas e indígenas que habitan el caserío Alto Remanso (Putumayo), participaban de una actividad comunitaria que había convocado el cabildo con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de un camino veredal. Sobre las 7 de la mañana hombres de negro arribaron al lugar y abrieron fuego contra los asistentes, asesinando 11 personas, incluidas un gobernador indígena, una mujer embarazada y un menor de edad.
Los hombres de negro eran efectivos militares que llegaron al lugar haciéndose pasar como guerrilleros de las disidencias de FARC, pero que luego se cambiaron a camuflados normales. Los militares retuvieron a la comunidad en la cancha de fútbol durante todo el día, hasta las 5 de la tarde. En ese tiempo los soldados saquearon la tienda comunitaria, se llevaron el dinero que la comunidad había recolectado y manipularon los cuerpos de las víctimas, poniéndoles armas de fuego y prendas militares.
Una Misión de Verificación sobre el operativo militar, convocada por organizaciones defensoras de derechos humanos, confirmó que la incursión armada dejó como resultado directivos comunales y una autoridad indígena asesinadas, así como otras personas heridas y desaparecidas. Los hechos dan cuenta de una masacre desarrollada en el marco de un operativo del Ejército Nacional, que obliga a la comunidad, familias y pueblo indígena a desplazarse y que infringe el DIH y el DIDH.
La Misión señaló también una serie de “irregularidades que reflejan la intención de acomodar los hechos a la versión oficial, como el levantamiento de los cuerpos o la tardía presencia de la Fiscalía, quien inició las investigaciones cinco días después de lo sucedido”.
El Ministro de Defensa y Generales del Ejército reportan el operativo como un éxito y aseguran que las personas asesinadas eran miembros de las disidencias de FARC. Frente a los cuestionamientos, el General Zapateiro ha incluso afirmado que “no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”. Los habitantes del territorio han reiterado que las víctimas eran civiles, información que ha sido verificada por la Defensoría del Pueblo.
La información sobre los hechos se sigue esclareciendo en medio del escándalo nacional por el operativo, los relatos de los testigos dan cuenta de la forma en que las víctimas suplicaron por ayuda y agonizaron por horas hasta la muerte.
¿Cómo durmieron Dainara (6 años) y Kaleth (2 años)? ¿Quién los cuida después de que su papá, su mamá y su hermano en gestación, fueron asesinados por el Ejército de su país?
Texto: LVC Colombia / Ilustración: Angie pik
