En Rio Grande do Sul está ocurriendo una situación absurda en la que el Estado en vez de defender los intereses de la sociedad, pone todas sus instituciones, especialmente las fuerzas de seguridad pública, al servicio de los intereses del gran capital. En ese sentido, quieren transformar una cuestión social en un delito común.

La manifestación de las mujeres de la Vía Campesina, el 8 de marzo, tuvo como objetivo denunciar al mundo los crímenes ambientales y sociales de las empresas que promueven el desierto verde, como Aracruz. Ellas actuaron en defensa de la vida, de una forma de desarrollo rural basada en la agricultura campesina, en la reforma agraria, en la preservación de la biodiversidad y en la construcción de la soberanía alimentaria. La acción de las mujeres provocó un debate más crítico en la sociedad brasileña y mundial sobre el agronegocio. Porque las empresas y los medios de información venden la imagen de que grandes iniciativas generan muchos empleos. Pero Aracruz genera sólo un empleo por cada 185 hectáreas plantadas con eucaliptos, mientras la agricultura campesina genera como mínimo un empleo por hectárea.

Extrañamente, en vez de preocuparse en investigar a las empresas, que con apoyo financiero de los gobiernos, están provocando destrucción ambiental, desempleo y éxodo rural, concentración agraria, entres otros crímenes, el Estado de Rio do Sul se apresura a hallar un culpable de la acción contra el desierto verde.

La arbitrariedad con que actuó el delegado de policía Rudimar de Freitas Rosales (delegado de policía de Camaquã) acompañado de seis policias, en la sede de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Rurales, en Passo Fundo, demuestra que el objetivo de las investigaciones policiales no es esclarecer los hechos, sino inculpar a los dirigentes, y de esa forma negar la legitimidad de la lucha colectiva realizada por más de 2 mil mujeres contra el desierto verde.

Ellos llegaron alrededor de las 14h00 (21 de marzo), rompieron la puerta, allanaron la sede de la Asociación con armas de fuego en la mano y sometieron a siete mujeres y un niño que allí se encontraba encerrándolos en la cocina. Al ser interrogadas de forma vehemente, las mujeres no entendían lo que pasaba, pues los policías no se identificaron ni presentaron ninguna orden judicial en ese momento, solamente después de un tiempo mostraron la orden de allanamiento expedida por el Juez, Dr. Sebastião Francisco da Rosa Marinho.

La arbitrariedad fue de tal magnitud que las mujeres sólo obtuvieron permiso para comunicarse con el abogado una hora y 20 minutos después del allanamiento. El registro no se limitó a la secretaría de la Asociación, abarcó todo el local (cocina, área de servicio, cuartos, los bolsos de las mujeres, esparciendo todo en el suelo).

Se llevaron los CPUs de las computadoras, CDS, disquetes, pasajes urbanos e interurbanos, dinero, talonarios de cheques, todos los documentos de la Asociación, carpetas con los proyectos y libros de contabilidad, cuadernos y anotaciones, símbolos de la Asociación, y no hicieron un listado de lo apropiado por la policía.

Además de esto, la policía allanó, sin mandado judicial la sede de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, que funciona en el piso inferior de la Asociación provincial y tiene entrada por otra calle.

En la sede nacional, los policías humillaron a la empleada y a una mujer que se encontraba en el local, forzaron los cajones, se llevaron dinero, pasajes urbanos e interurbanos, CPUs, disquetes y CD´s. Y la policía se apropió de este material sin ninguna orden judicial.

Aún sin la presencia del abogado, el delegado emitió una oren para que todas las mujeres se presentaran en la comisaría en la tarde del mismo día 21/03, obligándolas a declarar y a firmar la declaración sin la presencia del abogado.

Solamente cuando llegó el abogado, las mujeres pudieron ir al baño y empezaron a ser tratadas como seres humanos. La actitud del delegado y de los policías fue de irrespeto a los derechos humanos, como reveló el machismo de la institución, pues sólo con la presencia masculina comenzaron a respetar a las mujeres.

Reafirmamos la lucha por los derechos humanos, especialmente de las mujeres trabajadoras, que están siendo agredidas por defender la vida, la biodiversidad y la soberanía alimentaria de la población brasileña.

Vía Campesina – Brasil
22 de marzo de 2006

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