Brasil: Crisis Ambiental – ¿Cuánto tiempo hay que esperar para empezar a hacer cambios?
Artículo publicado en la Da Folha de S. Paulo
Los crímenes y tragedias ambientales se repiten en Brasil con mayor frecuencia. Sequías en la Amazonía, inundaciones en Maranhão y Recife, incendios en el Pantanal, deforestación y descenso del nivel freático en el Cerrado, afectando las reservas hídricas de las tres mayores cuencas hidrográficas del país.
La tragedia en Rio Grande do Sul es solo la punta del iceberg de tantas agresiones que afectan a millones de personas y obliga a la sociedad, y especialmente a los gobiernos, en todos los niveles, a reflexionar sobre la necesidad de cambios urgentes.
Fue una tragedia anunciada. Desde hace mucho tiempo, la comunidad científica ha estado advirtiendo que el monocultivo de granos y los pastizales llevan a un desequilibrio en la distribución de las lluvias.
Las modificaciones al Código Forestal, defendidas y aprobadas por la bancada ruralista en la década del 2000, disminuyeron el tamaño de las áreas de cobertura vegetal en las márgenes de arroyos y ríos y eximieron la reposición de áreas deforestadas. Sin ninguna fiscalización, fue una fiesta.
El gobierno de Rio Grande do Sul aún cambió cientos de artículos de la ley ambiental estatal. Todo para beneficiar al agronegocio, que ni siquiera deja riquezas en el estado, porque exporta commodities agrícolas sin pagar un centavo del impuesto sobre circulación de mercaderías y servicios de transporte (ICMS), gracias a la Ley Kandir del gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
A esto se suman las acciones predadoras de la minería en todos los rincones, desde la extracción de arena hasta las grandes mineras de hierro, además de los crímenes de los mineros ilegales.
Finalmente, el uso de agrotóxicos quizás sea la mayor agresión a la naturaleza. Brasil es el país que más usa agrotóxicos, incluidos productos prohibidos en Europa, que eliminan la biodiversidad, alteran el equilibrio de la naturaleza y contaminan el acuífero. Pero ¿a quién le importa si esto está controlado por media docena de empresas transnacionales que no pagan impuestos, pero financian políticos?
Los crímenes están ahí, a la vista de todxs. Y lxs más afectadxs son siempre los pobres, que pagan con sus vidas. Son lxs habitantes de lugares inadecuados, empujados por la especulación inmobiliaria de las ciudades hacia las laderas; son los ribereños; son lxs agricultores familiares.
¿Qué hacer? No necesitamos derribar más árboles para plantar o criar ganado. La deforestación cero debe extenderse desde la Amazonía a otros biomas como el Cerrado, la Mata Atlántica y el Pantanal. Esta política debe combinarse con un gran plan nacional de reforestación en estos biomas, en las ciudades, a lo largo de las carreteras y en las márgenes de arroyos y ríos. Las empresas estatales deberían crear viveros y distribuir plántulas de árboles nativos y frutales.
Necesitamos poner límites al avance del agronegocio, al modelo predador que solo enriquece a las empresas transnacionales exportadoras y a unos pocos terratenientes.
Solo la agricultura familiar puede “enfriar” el planeta, protegiendo la biodiversidad y combatiendo el hambre.
Para ello, debemos fomentar la policultura de alimentos saludables, con un gran programa de agroecología, que distribuya insumos necesarios a lxs agricultores familiares, con una política de reindustrialización que proporcione maquinaria agrícola adecuada y fertilizantes orgánicos.
La reforma agraria es una política fundamental para garantizar el acceso a la tierra a lxs agricultores que no la tienen —muchxs expulsadxs por el avance del agronegocio— y para reubicar a lxs afectadxs por el clima. En las ciudades, es primordial garantizar viviendas dignas en lugares seguros y con futuro.
Todo esto cuesta mucho dinero, pero es mejor prevenir y salvar vidas y la naturaleza que llorar después. Rio Grande do Sul necesitará ahora R$ 60 mil millones solo para reponer las pérdidas.
¿Vamos a seguir buscando reparaciones o nos vamos a preparar para una vida mejor para todxs?