Se reactiva el conflicto armado colombiano en 2021

Durante el año 2020 se registraron hechos de violencia con una intensidad muy alta, hay un incremento en el asesinato de personas líderes sociales, masacres y confrontamientos entre grupos armados. El recrudecimiento de la violencia, que se venía observando desde que Iván Duque asumió la presidencia, se agudizó en el marco de las medidas de aislamiento obligatorio decretadas para mitigar la propagación de la pandemia del Covid 19.

La visión militarista de seguridad del Gobierno de Duque se caracteriza, principalmente, por el aumento de pie de fuerza en las zonas más violentas del país sin acompañamiento integral de instituciones, ni tampoco por la recuperación del territorio por parte del Estado.

Al amparo de la política de seguridad del actual Gobierno los grupos armados ilegales han logrado incrementar su presencia territorial: las disidencias de FARC pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020; el ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y los grupos paramilitares operan en algo más de 200 municipios actualmente[1]; lo que ha derivado en el incremento de los niveles de violencia.

Según cifras de INDEPAZ[2] desde la firma del Acuerdo de paz, hasta el 20 de abril del presente año 1.166 personas líderes sociales han sido asesinadas, el 86% de las víctimas son hombres y el 14% mujeres. Sólo en el 2020 se registró el asesinato de 310 personas líderes sociales y entre el 01 de enero – 20 de abril de 2021 ya se registran 52 víctimas. La mayoría de los asesinados son líderes de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que son confrontados por grupos armados al servicio de intereses económicos y políticos, incluidos narcotraficantes, acaparadores de tierras y recursos naturales.

La comisión de masacres también está en alza: en el año 2020 se registraron 91 hechos de este tipo con 381 víctimas mortales. Entre el 1 y el 22 de abril del 2021 se registraron 29 masacres con 105 víctimas mortales[3].

Según información de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP[4], en el 15% de las masacres se registran señales de tortura o tratos crueles a las víctimas antes de ser asesinadas. De igual forma, señala que el desplazamiento forzado es el tipo de hecho victimizante que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo de Paz.

La JEP ha llamado la atención sobre la afectación que las críticas condiciones de seguridad tienen en su trabajo. Al respecto, se resaltan los siguientes hechos:

  • Se presentan obstáculos en la realización de exhumaciones y diligencias forenses en razón a que muchas zonas priorizadas por esta jurisdicción coinciden con los planes de control o recuperación territorial del ELN.
  • La crisis humanitaria en el pacífico nariñense tiene en jaque el futuro del macro caso priorizado N° 2, relativo a las afectaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño).
  • Hay un deterioro de las garantías de participación de comparecientes y aportantes de verdad en varios de los macro casos priorizados, pues excombatientes y víctimas están siendo amenazados.

Distintas organizaciones coinciden en que el 2021 es el año más violento desde la firma del Acuerdo de paz. Según información de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, cerca de 6.500 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado entre el 01 de enero y el 04 de abril de 2021. En la siguiente tabla se puede apreciar la relación de hechos de afectación a civiles durante el 2021, según la JEP:

Período de tiempoFamilias desplazadas forzosamentePersonas desplazadas forzadamenteFamilias en confinamientoMasacres
01/01/21 – 24/01/2157200806
25/01/21 – 07/02/2124029588*5
08/02/21 – 21/02/212191.6917314
22/02/21 – 07/03/21809651352
08/03/21 – 04/04/211.0813.3602828


Afectaciones a civiles 2021

Fuente: Elaboración propia con base en información del Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos-JEP
*También se presentó el confinamiento de 2.300 miembros del pueblo emberá

Frente a la generalización y recrudecimiento de la violencia que se vive en el país, los esfuerzos del presidente Duque se han centrado en negar la sistematicidad de los hechos y negarse a la implementación del Acuerdo de Paz que fue concebido en La Habana. El Gobierno no ha permitido el funcionamiento efectivo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ni de la Alta Instancia para garantizar el ejercicio de la política, con la consecuencia de haber ignorado el mandato legal de formular una política para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales que atentan contra personas líderes sociales y los impulsores de la implementación de los acuerdos de paz.


[1] PARES (2020) Seguridad en tiempos de pandemia. Legados de guerra y crimen organizado en Colombia. Recuperado de: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/09/Informe-en-tiempos-de-pandemia.pdf

[2] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Al respecto ver: http://www.indepaz.org.co/lideres/

[3] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Al respecto ver: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Al respecto ver: http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[4]Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, Informes Unidad de Investigación y acusación. Al respecto ver: https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/informes-uia.aspx

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