(17 de Octubre de 2016) En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Confederación Nacional Agraria – CNA, recuerda al país el enorme aporte que las familias campesinas hacemos para sostener la soberanía alimentaria del pueblo peruano. Lejos de celebrar, nuestro gremio, como representante de comunidades campesinas, pequeños agricultores y pueblos originarios, denuncia la lamentable muerte del comunero Quintino Cereceda y expresa lo siguiente:

1.Las comunidades campesinas somos pueblos originarios, guardianes de la biodiversidad, saberes ancestrales y abastecedores de alimentos, que nos encontramos en constantes conflictos sobre nuestros territorios. En contraposición de un urgente fomento a la agricultura, nuestra principal actividad económica, el Estado viene impulsando grandes proyectos mineros que están generando despojo y contaminación de  tierras y territorios. El caso del proyecto minero las Bambas es un ejemplo concreto.

2.Quintino Cereceda ha fallecido con una bala en la cabeza, pero su muerte no es hecho aislado y tampoco la balacera que han padecido sus demás compañeros. Juntos, como parte de la comunidad campesina de Choquecca (Apurímac), afectada por el proyecto minero, estaba participando de un justo reclamo por contaminación y perjuicios que genera el pase de transporte minero por su territorio comunal. Estas demandas ya estaban en una mesa de diálogo donde venían denunciando más abusos junto con otras comunidades afectadas. Sin embargo, lejos de atenderlas, el Estado los ha criminalizado y les ha dicho que su vida no vale nada.

3.Demandamos investigación exhaustiva dentro del Ministerio del Interior para que se sancione no solo a quien ha disparado, si no también a quienes dieron las órdenes de hacerlo. Además, denunciamos la política de represión que el Estado peruano viene haciendo sistemáticamente para acallar las protestas campesinas y salvaguardar únicamente intereses de las grandes inversiones, como es el caso de la minera Las Bambas.

4.Alertamos que estas injusticias pueden quedar impunes gracias a un aparato legal del que forma parte la Ley 30151, ley permite el uso de armas de fuego en manifestaciones y que puede llevar a la cárcel a quienes participamos de protestas sociales. El Tribunal Constitucional aún no emite pronunciamiento sobre la demanda de inconstitucionalidad que las organizaciones  sociales presentaron en contra de dicha Ley. 

5.Emplazamos al actual gobierno a asumir los activos y pasivos de este conflicto social  generado por la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades campesinas como es el caso de la Consulta Previa. Son el Ministerio de Cultura, como órgano rector, y el Ministerio de Energía y Minas, los que deben atender sin demora las demandas planteadas por las comunidades de la zona de influencia directa e indirecta del mencionado proyecto minero. La Mesa de Diálogo tiene que ser afectiva.

¡Respeto al territorio y vida digna  de las comunidades campesinas!

¡Alto a la criminalización de la protesta campesina, diálogo efectivo ahora!

¡Ni un muerto más, Quintino Cereceda es nuestro mártir!