Manifiesto 8m 2024

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Articulación Feminista del Paraguay organiza su octava marcha. Traemos con nosotras las fuerzas y las luchas de todas las mujeres que nos antecedieron, quienes también pusieron el cuerpo cada 8M para buscar que las mujeres seamos reconocidas como trabajadoras y poner fin a las violencias. El movimiento feminista lo construímos históricamente entre todas, por las que estamos hoy y por la que vendrán.

Como en cada marcha, levantamos nuestras voces en un llamado conjunto por la justicia, la equidad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, sociales, culturales, políticos y económicos. Y dejamos en claro que, ¡CON NUESTROS DERECHOS NO!

Hoy, marchamos unidas, mujeres cis, trans, de género diverso, indígenas, bañadenses,  recicladoras, campesinas, afroparaguayas, racializadas, adolescentes, políticas, mujeres con discapacidad, neurodiversas y de la tercera edad, trabajadoras sexuales, autoconvocadas, educadoras, estudiantes, niñas y jóvenes, artistas, comunicadoras, periodistas, lesbianas, bisexuales, asexuales y todas las diversidades, porque entendemos que nuestra fuerza radica en nuestra unidad de acción y en la celebración de nuestra diversidad.

Nos encontramos en un momento crítico, donde el sistema capitalista, narco mafioso y racista imperante en nuestro país, ataca impunemente y con fuerza a las familias de la clase trabajadora, violando nuestros derechos que fueron conquistados con nuestras luchas históricas. Nos imponen la precarización laboral, usurpando los fondos de las cajas de jubilaciones, minimizando los feminicidios, desconociendo las leyes de protección a la maternidad y lactancia y sistemas de políticas de cuidados; apoyando a las patronales quienes no respetan la igualdad de salario por igual trabajo e implementando políticas que favorecen y enriquecen a los terratenientes sojeros, ganaderos y sectores inmobiliarios, usurpando e impidiendo el acceso a tierras para las familias de las mujeres campesinas, urbanas e indígenas.

El feminicidio en Paraguay, va en aumento, solo en el 2023, se denunciaron 45 casos de mujeres que fueron asesinadas y otras 42 fueron víctimas de tentativas. En el 2024 suman 7 casos y 18 niñas y niños quienes quedan en orfandad. Hasta la fecha Santiago Peña, Presidente de la República no ha firmado el proyecto de Ley de emergencia en casos de Feminicidio, con lo que demuestra el total desinterés del cartismo para proteger a niñas y mujeres.

Las mujeres cumplimos doble y hasta triple jornada laboral, ya que dedicamos en promedio 27 horas semanales a trabajos no remunerados. Encima del trabajo de cuidado y las tareas del hogar que tenemos que realizar estamos percibiendo salarios hambreadores, incluso por debajo del salario mínimo. Y en peores condiciones están las mujeres recicladoras, quienes cada vez perciben, por parte de las empresas, una menor paga por los materiales reciclados, lo que impacta negativamente en la economía familiar.

Solo el 60% de las mujeres accedemos a trabajo remunerado, y ganamos un 12,7% menos de salario por igual trabajo realizado por un hombre.

Padecemos día a día por los caminos en mal estado, la falta de rutas y caminos inclusivos para personas con discapacidad, el deficiente y costoso servicio del transporte “público” que sigue en manos de sectores empresariales especuladores y como consecuencia, las mujeres nos vemos más afectadas porque estamos expuestas al acoso en paradas y buses de manera permanente. 

Las mujeres campesinas, indígenas y bañadenses estamos siendo despojadas de nuestras tierras y enfrentamos limitaciones en el acceso al agua potable, lo que dificulta nuestra capacidad para cultivar y agrava la crisis económica. A esto se suma el impacto del cambio climático, resultado de políticas destructivas hacia la naturaleza. Somos despojadas violentamente de nuestros territorios para beneficiar a empresarios sojeros, muchos de los cuales no son propietarios legales de las tierras que reclaman, mientras continúan contaminando impunemente el medio ambiente con agrotóxicos.

El derecho a la alimentación de las familias de los sectores populares está en crisis. La ley 6945 de comedores y centros comunitarios se está burocratizando, lo que impide el acceso a los ya escasos insumos que se entregaban del Ministerio de Desarrollo Social. Las mujeres campesinas, indígenas y bañadenses no cuentan con los elementos necesarios para garantizar un plato de alimento para miles de familias. Por otro lado, el programa de alimentación escolar solo llega a 200.000 niños y niñas de los 1.200.000 existentes, sin incluir a adolescentes del tercer ciclo y la educación media, a quienes aún se les niega el derecho a la alimentación. Esto significa que los ya insuficientes recursos públicos destinados a la alimentación están siendo malversados y utilizados para el enriquecimiento particular de políticos y otros.

Que no haya más discriminación ni violación del derecho al trabajo digno para las mujeres, incluyendo aquellas con discapacidades, lesbianas, trans y otros grupos marginados, que a menudo carecen de garantías laborales incluso cuando logran conseguir empleo. Exigimos una ley que prohíba cualquier forma de discriminación y demandamos la implementación de un cupo laboral para personas trans. Además, exigimos que se cumpla con el 5% de puestos laborales en la función pública reservados para mujeres con discapacidad.

Las mujeres trans denunciamos que al ser discriminadas por asumir nuestra identidad, muchas veces somos expulsadas de nuestros hogares durante la adolescencia, lo que nos fuerza a sobrevivir en las calles donde somos sistemáticamente víctimas de abuso infantil.                                                                                                          

Repudiamos la exclusión y falta de políticas públicas por parte del Estado para la población Afroparaguaya, demostrado una vez más en la exclusión del Censo 2022. La comunidad ya enfrenta prácticas racistas y discriminación en diversos ámbitos en el día a día.

Las mujeres trabajadoras sexuales denunciamos una vez más todas las formas de violencia a las que día tras día estamos expuestas: se nos niega atención médica integral, no se nos proveen insumos de prevención para ejercer nuestro trabajo con seguridad y se expone nuestro estado serológico, violando nuestro derecho a la confidencialidad. Además, nuestros derechos son vulnerados por ordenanzas obsoletas. Necesitamos que este gobierno reconozca nuestros derechos como ciudadanas. Exigimos al Ministerio de Trabajo que finalmente dicte a favor y reconozca al Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales. ¡Basta de tanta violencia!

Queremos resaltar nuestra preocupación por el acoso laboral que enfrentan las estudiantes de bachillerato durante sus pasantías. 

Además, no podemos olvidar a nuestras valientes compañeras periodistas y comunicadoras del grupo Alba Visión, quienes denunciaron el acoso sexual y laboral que sufrían en la empresa. Exigimos justicia para todas, incluyendo que Carlos Granada sea condenado, así como también justicia para Angie Prieto, quien ha sido perseguida de manera inescrupulosa por la misma empresa.

Estamos inmersas en lo que se llama una democracia en teoría, sin embargo, las estudiantes, sindicalistas y trabajadoras que luchan por sus derechos continúan siendo perseguidas y criminalizadas.

Denunciamos en términos enérgicos la criminalización de la protesta de estudiantes que simplemente demandaban la garantía del derecho a la salud en el momento más crítico de la pandemia. Exigimos justicia para Vivían Genes.

Han transcurrido 35 años desde el derrocamiento de la dictadura stronista, sin embargo, sus sucesores y aliados que aún ocupan posiciones de poder en el gobierno han intensificado y expandido las prácticas autoritarias que violan los derechos humanos. Se disfrazan bajo una falsa apariencia de democracia mientras imponen condiciones que obligan a las familias a subsistir, dado que el 71% de nuestra población se ve obligada a trabajar en empleos informales con ingresos inferiores incluso al mísero salario mínimo.

La violencia obstétrica en los hospitales, la escasez de medicamentos para mujeres que luchan contra el cáncer, la negligencia médica y las dificultades para obtener citas médicas constituyen actos criminales que afectan la salud mental y ponen en peligro la vida de las mujeres.

La educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas está prohibida, y el Ministerio de Educación minimiza este hecho, a pesar del conocimiento de la alta incidencia de feminicidios, travesticidios y abusos sexuales contra niños. Además, denunciamos la aplicación en curso de la ley Riera y el uso de los libros de “12 Anticiencias”, los cuales promueven contenidos anticientíficos y machistas, alejando aún más la educación de promover la equidad y la igualdad para las niñas y mujeres.

Exigimos que se cumpla el derecho de las mujeres a planificar sus vidas, a poder decidir cuantos, cuando y con quien quiere tener hijos o si no quiere tenerlos, pues actualmente muchas mujeres pasan violencia por parte de personales de salud, quienes basándose en desinformación y prejuicios, les niegan el acceso a métodos anticonceptivos como la T de cobre o la ligadura de trompas, aun cuando el acceso gratuito a ellos sea un derecho.

A esto se suma el discurso de odio del ministro de Agricultura, quien emite expresiones homofóbicas, así como el intento de cierto parlamentario de derogar la ley 5777 “De protección integral a las mujeres”. Queda claro que el Cartismo es heredero del stronismo. Nosotras no retrocederemos y seguiremos defendiendo nuestros derechos, como siempre lo hemos hecho.

Repudiamos la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar la palabra “género” de una comisión, mostrando una postura fanática y mediocre al no comprender su importancia como categoría de investigación para abordar las desigualdades que enfrentamos las niñas y las mujeres en el Paraguay. A través de políticas con perspectiva de género, podríamos trabajar para eliminar estas desigualdades que denunciamos año tras año.

La migración forzada es otra preocupación, resultado de las desigualdades que enfrentan las mujeres que migran en busca de trabajo para brindar un futuro para sus familias. Vemos como compatriotas se ven obligadas a migrar del campo a la ciudad o incluso a otros países. También recibimos a mujeres de otros países que llegan en busca de oportunidades.

A 70 años de la asunción del stronismo, levantamos nuestra voz para denunciar y exigir justicia por las niñas violadas y asesinadas por el tirano Stroessner y su séquito. 

Lamentablemente, esta violencia contra las niñas continúa hoy en día, con casos de violaciones, obligación de parir, asesinatos y desapariciones, como los de las dos niñas asesinadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta y la desaparición forzada de Lichita. ¡Exigimos su aparición con vida!

Ante tantos abusos, el enjuiciamiento y la condena del torturador stronista y criminal de lesa humanidad, Eusebio Torres, a 30 años de prisión, representa una victoria para la lucha de cientos de mujeres y hombres que fueron torturados, desaparecidos y asesinados por sus ideales de una patria nueva.

¡Exigimos Memoria, Verdad y Justicia! ¡Y que se recupere lo robado! 

35 más 35: dictadura nunca más!

Hoy expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres, especialmente aquellas que experimentan injusticia y opresión en todas sus formas, así como con las familias de los trabajadores de la Empresa Ochsi que han fallecido o están internados. Este caso ejemplifica de manera lamentable y alarmante el incumplimiento de las leyes de Seguridad Ocupacional por parte de las empresas, con la complicidad y negligencia del Ministerio del Trabajo.

Repudiamos el intento de desfinanciar los fondos destinados a áreas de educación e investigación, que busca excluir aún más del sistema educativo, a la juventud trabajadora. 

Exigimos una ley de respaldo que garantice los fondos del Arancel Cero para las universidades públicas e institutos de enseñanza superior y que se reconozcan y aborden las barreras sistemáticas que enfrentamos como mujeres estudiantes en nuestras universidades.

Nos solidarizamos con las mujeres Palestinas y repudiamos el genocidio por parte del sionismo con apoyo de los EEUU y otros países, exigimos cese al fuego y una reparación de la soberanía palestina.¡Palestina libre y soberana!

Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la justicia, la dignidad, la igualdad de derechos y la libertad plena para todas las mujeres trabajadoras del campo y la ciudad. 

Repudiamos enérgicamente el atropello a la Constitución Nacional, por parte de este gobierno cartista – neostronista que despojó de su investidura a la senadora Kattya González. Entendemos, que su destitución es parte de un patrón más amplio de abuso y concentración de poder por parte de este gobierno títere de Santiago Peña, que busca criminalizar y reprimir las oposiciones políticas y que implementa el terrorismo de estado para seguir imponiendo un pensamiento único, donde las disidencias son perseguidas, queriendo acallar sus voces y ocultar sus luchas.

Condenamos enérgicamente todo intento de utilizar el poder político para intimidar, perseguir y silenciar a las mujeres que luchamos por la justicia, la igualdad y mejores condiciones para una vida digna.

Nosotras seguiremos luchando unidas y reconociendo la fuerza que reside en nuestra diversidad, para construir una nueva sociedad.

¡Por nuestros derechos y contra todas las violencias!

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