Misión Humanitaria por la vida y la paz en los llanos orientales y la orinoquía

Organizaciones sociales, de Derechos Humanos y comunidades de fe, en respuesta al llamado urgente de las comunidades del sur del Meta y el norte del Guaviare, realizamos esta Misión Humanitaria. Durante diez días (18 al 27 de julio 2020) recorrimos la región; caminamos y acompañamos en Vista Hermosa las veredas Tercer Milenio, Caño San José, El Silencio, Nueva Colombia, La Cooperativa, Agua linda (Caserío Santo Domingo) y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – ETCR Georgina Ortiz. En el municipio de la Macarena, nos encontramos con comunidades del Losada Guayabero. En el municipio de Mesetas escuchamos a los/as habitantes del ETCR Mariana Páez y las comunidades aledañas, igualmente la Nueva Área de Reincorporación – NAR Simón Trinidad. En la inspección de La Julia, en Uribe, hablamos con delegados del NAR – de la vereda la Pista y veredas vecinas. Y en el norte del Guaviare, estuvimos con las comunidades de Puerto Cachicamo y el ETCR Jaime Pardo Leal, ubicado en la vereda Colinas.

Este recorrido se realizó en medio de la pandemia COVID – 19, por lo cual se acordó con las comunidades estrictos protocolos de bioseguridad. Asumimos las medidas dispuestas por el gobierno nacional y las sugerencias de los municipios y los departamentos visitados.

En este recorrido:

1.         Vimos en las casas de los/as campesinos cultivos de pan coger como yuca, plátano, maíz, caña y frutales destrozados y arrancados; casas quemadas y desoladas; depósitos de agua destruidos, mangueras macheteadas, mercados regados por el suelo, utensilios de cocina y colchones rotos. Vimos restos de artefactos utilizados por el ESMAD y vainillas de armas largas utilizadas por el Ejército Nacional en el mismo lugar. Vimos rostros de incertidumbre y rabia por la actuación del Estado que se ensaña en contra de los pequeños productores de coca (erradicados forzadamente), los pequeños poseedores de tierra y pequeñas parcelas para la subsistencia familiar. Mientras permite la tala de miles de hectáreas y ganadería extensiva, que ha llevado a transformar los ecosistemas generando la perdida de la funcionalidad y conectividad de los bosques.

Vimos el miedo en los rostros de la población local, por la amenaza de militares que, durante los distintos operativos, gritaban “no se preocupen por nosotros, preocúpense por los que vienen detrás de nosotros, vivan las AUC”, recordándoles amenazas que se concretizaron en el pasado.

Vimos excombatientes de las FARC cumpliendo con lo pactado en los ETCR, NAR y procesos de reincorporación individual en las comunidades visitadas. Vimos los incumplimientos de las responsabilidades del gobierno con la población en proceso de reincorporación y las comunidades aledañas.

Vimos vías en pésimo estado y puentes bombardeados por el ejército, lo cual limita y alarga los desplazamientos en la región.

2.         Escuchamos testimonios indignados y dolidos de mujeres, hombres niños/as agredidos por la fuerza pública. Escuchamos madres angustiadas y con rabia por el maltrato recibido que alimenta ciclos de violencia. 

Escuchamos testimonios de mujeres abusadas sexualmente, amenazadas de serlo y víctimas de seguimiento e inteligencia militar que les describieron a ellas mismas la ropa íntima que llevan un día determinado.

Escuchamos el testimonio de amenaza, estigmatización y lesiones personales por parte de miembros de la fuerza pública contra periodistas de la comunidad, quienes documentaron abusos, agresiones y el uso indiscriminado de la fuerza en la erradicación forzada de los cultivos de Coca. Escuchamos sobre judicializaciones y extinción de dominio como una estrategia de despojo, intimidación y desarticulación del tejido organizativo campesino.

Escuchamos como un campesino fue víctima de una mina antipersona. La mina explotó en un lugar por dónde la tarde anterior transitaron los campesinos. Estaba ubicada en medio de dos unidades del ejército a 5 minutos de distancia entre una y otra unidad. Escuchamos el relato del asesinato de un vocero de la comunidad y de la persecución a líderes y lideresas del territorio.

Escuchamos que los militares llegaron en tiempos de pandemia sin medidas de bioseguridad violando las normas de cuarentena establecidas por comunidades locales y las mismas autoridades nacionales.

Escuchamos el testimonio de la presencia de paramilitares en la región. Escuchamos que las disidencias hacen presencia y han tenido confrontaciones con la fuerza pública. Escuchamos el temor de niñas, niños y jóvenes que no quieren acudir a la escuela por el miedo a las minas antipersonal y a encontrarse a las tropas del ejército.

Escuchamos que grandes extensiones de tierra, que superan ampliamente la Unidad Agrícola Familiar, se encuentran en zonas con proyección minero-energética. Escuchamos que la legislación sobre la protección de Parques ocurrió mucho después de que los campesinos “colonizaran” la zona y que hay decisiones que pretenden sacarlos de allí, olvidando que muchos de ellos han protegido y conservado el parque por décadas.

3.         Conocimos la historia de la colonización dirigida por el Estado en los años setenta en la región, trayendo personas de diferentes lugares del país para “civilizar” estos territorios. Conocimos procesos de colonización campesina obligados por la violencia que vivían en sus regiones de origen. Conocimos de gente que fue empujada a esta región porque la pobreza los forzó a dejar atrás a sus familias para buscar un pedazo de tierra o raspar coca. Muchos de ellos murieron y sus familias no volvieron a saber de ellos. Conocimos historias que relatan la forma en que las personas han tenido que vivir en medio de la violencia física, psicológica y simbólica.

Conocimos de la implementación de proyectos mineros, energéticos, turísticos y extractivitas que se proyectan en lugares que coinciden con el despojo de la tierra, por medio de la judicialización o la negación de derechos sobre las fincas que han habitado históricamente las comunidades.

Conocimos la incertidumbre e indignación que generan los incumplimientos del gobierno a la implementación de los acuerdos de paz, en especial el Programa Nacional Integral de Sustitución De Cultivos de Uso lícito – PNIS y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. La mayoría de campesinos y campesinas acogidos al PNIS cumplieron con la erradicación voluntaria de sus cultivos, pero el gobierno no cumplió plenamente casi ninguno de sus compromisos.

4.         Sentimos la impotencia, el miedo y la incertidumbre de las comunidades por todo lo que han vivido, por ver su futuro incierto, por la reproducción generacional de los círculos de violencia y ver que el trabajo de toda la vida se lo van arrebatando.

Sentimos dolor de patria, de ver como los militares pisotean su honor con el tratamiento de guerra a comunidades campesinas y de ver como el Estado de derecho se convierte en un estado de hecho, violento e injusto; de ver como se desvanece la paz que acariciamos durante unos cortos años. Sentimos la indignación de ver como el Estado, que debería ser garante de los derechos fundamentales, los niega de múltiples maneras. Sentimos la indignación de las comunidades por la estigmatización que padecen, por parte de miembros del Estado como lo han hecho la fuerza pública, El gobernador del Meta y otros.

Hacemos un llamado urgente:

A las personas de buena voluntad de Colombia y del Mundo a actuar para evitar una tragedia humana y ambiental de consecuencias irreparables. 

A las diferentes estancias del Estado a cumplir con su deber constitucional, a garantizar la vida de la población y la preservación de ecosistemas claves en esta emergencia climática que vive el mundo.

A la comunidad internacional a exigir el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y obligar a sus empresas a respetar las exigencias éticas en Derechos Humanos y Ambientales.  Igualmente los invitamos a reconocer sus implicaciones positivas o negativas en la región: el consumo de cocaína, la implementación de proyectos mineros y energéticos, entre otros.

Firman:

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO 

Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta – SINTRAGRIM

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia – DHOC

Benposta – Nación de muchachos

Comunidades de Fe Teusaquillo Territorio de Paz

Centro de Alternativas al Desarrollo – CEALDES

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

CEPALC: Centro Ecuménico para América Latina de Comunicación

Fundación Enciso de Corazón

Respaldan:

Corporación Vínculos

Fondo de Protección

Fundación Paz y Reconciliación

Corporación Ambiental y Turística – CORPOHUMADEA

Pastoral Social Regional Suroriente

USO – Subdirectiva Meta

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación Vida-Paz

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR

International Action for Peace – IAP

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