Ejército de Colombia, una amenaza más para las comunidades #FalsosPositivos

El asesinato de civiles a manos de militares con el objetivo de presentarlos como bajas en combate es un delito que en Colombia se conoce coloquialmente como ¨falsos positivos¨, práctica que es usual dentro del Ejército desde 1994 y que tuvo su punto más álgido en la primera década de 2000, provocando el asesinato de 5.763 personas en ese período de tiempo. El escenario del pos acuerdo lidia con lo que parece ser la persistencia de esta práctica como parte del modus operandi de la Fuerza Pública.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia encargada de juzgar todos los delitos cometidos en el marco y con ocasión del conflicto armado en Colombia, estudia 7 macro casos actualmente, dentro de los que se cuenta el Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, los ¨falsos positivos¨. En el marco del estudio del caso, se adelantan versiones voluntarias de integrantes del Ejército que han participado en estos crímenes, informando sobre la instigación de que eran objeto los soldados por parte de altos mandos y los incentivos para la comisión de este tipo de delitos, como descansos, felicitaciones e incluso hamburguesas o arroz chino[1]. Ya en el año 2012 la Fiscalía de la Corte Penal internacional sostuvo que existen fundamentos suficientes para creer que este tipo de actos constituyen una política del Estado.

En el 2019 surgió un escándalo respecto a directrices al interior del Ejército que retoman este tipo de incentivos, además de exigir la intensificación de los ataques letales sin ¨exigir perfección¨ al momento de su ejecución, lo que reduce los niveles de protección a civiles inocentes. Asimismo, se supo que los generales habían ordenado ¨hacer lo que sea¨ para mejorar los resultados, incluso si eso significaba aliarse con grupos criminales[2].

Las comunidades en las zonas rurales del país vienen denunciando, desde hace algunos meses, casos de campesinxs asesinadxs por militares, lo que hace pensar en la permanencia de este tipo de políticas al interior de la Fuerza Pública. Uno de los primeros casos reportados es el de Dimar Torres, un excombatiente cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por un grupo de campesinxs, quienes salieron a buscarlo después de escuchar algunos disparos la noche del 22 de abril de 2019. El cadáver de Dimar fue hallado con impactos de bala y signos de tortura y castración; asimismo, en el lugar tenían presencia un grupo de militares que estaban cavando un hueco en la tierra. En octubre de 2019 la justicia condenó a un cabo del Ejército por el homicidio de Dimar. Se supo que el uniformado actuó siguiendo órdenes de un general y que recibió ayuda de dos soldados para desaparecer el cuerpo.

Hechos similares sucedieron con el joven Salvador Jaime Durán, quien murió por impactos de bala y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por miembros de la comunidad en junio de 2020. Las y los campesinos que encontraron el cuerpo retuvieron a 6 militares por ser presuntos asesinos del joven. Frente a los hechos, un brigadier del ejército sostuvo que la muerte de Salvador se produjo en medio de un intercambio de disparos, debido a que las tropas fueron atacadas. Sin embargo, en un comunicado posterior, el brigadier hizo referencia a unas fotografías en las que aparece un guerrillero del ELN, afirmando que se trataba del campesino asesinado.

Como respuesta a las afirmaciones del brigadier, el ELN compartió un comunicado en el que negaba que Salvador Jaime fuera parte de sus filas. Esta situación generó gran indignación a nivel nacional, pues es un ejemplo más de que los militares continúan realizando ejecuciones extrajudiciales y haciendo pasar por guerrilleros a las víctimas.

Es común que la fuerza pública justifique estos asesinatos afirmando que las víctimas eran miembros de grupos armados ilegales o delincuentes. Esto también sucedió con Joel Villamizar, un indígena U´wa que fue asesinado por militares a finales de mayo; los comandantes del Ejército justificaron el asesinato afirmando que Joel era integrante del grupo de seguridad de algún cabecilla de grupos armados organizados.

Este tipo de prácticas están en sintonía con declaraciones ante los medios del representante de los militares en la Comisión de la Verdad, quien expresó su rechazo a la categoría de los ¨falsos positivos¨ y pretende presentarlos como meros actos aislados. Parece que miembros de la institucionalidad están propiciando el negacionismo de los crímenes de Estado en Colombia.

La permanencia de los ¨falsos positivos¨ no es el único problema que se está presentando en materia de DD.HH. con la Fuerza Pública. En el marco de operativos de erradicación forzada los militares están quemando casas y cultivos de pan coger, además de agredir y asesinar campesinos desarmados; también amenazan a las comunidades sobre el regreso de grupos paramilitares como las AUC[3]. Se presentan casos de violencia sexual, como la violación colectiva de que fue víctima una niña embera por parte de 7 soldados. En ninguna de estas situaciones se trata de casos aislados; es el mismo General Zapateiro quien informa que desde el 2016 se han presentado 118 casos de agresiones sexuales por parte de integrantes del ejército.

Incluso, Ronald Rojas, delegado del partido FARC ante la Comisión de seguimiento impulso y verificación del Acuerdo de Paz, CSIVI, afirma que tiene pruebas de que en el batallón Magdalena de Pitalito, en una charla a soldados profesionales, se afirmaba que no hay ninguna diferencia entre un ex miembro de las FARC hoy militando en el partido político y las llamadas disidencias o grupos armados organizados residuales[4].

En el Acuerdo Final no hay un punto relativo a la reforma del sector seguridad, pese a que se reconozca internacionalmente la necesidad de este tipo de reformas en los escenarios de post conflicto. Las constantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los militares ponen sobre la mesa la discusión sobre una Reforma a las Fuerzas Armadas en Colombia.

Dimar Torres. Foto: Colprensa


[1] El Espectador (14 de abril de 2020) Las tres fases de los ¨falsos positivos¨ del Batallón La Popa. Ver: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-tres-fases-de-los-falsos-positivos-del-batallon-la-popa-articulo-914601/

[2] The New York Times (18 de mayo de 2019) Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Ver: https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/espanol/america-latina/colombia-ejercito-falsos-positivos.html

[3] Misión Humanitaria por la vida y la paz en los llanos orientales y la Orinoquía. Comunicado final.

[4] El Espectador (1 de junio de 2020) La propuesta que FARC le hizo a la JEP para detener los asesinatos de excombatientes. Ver: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/las-propuestas-que-farc-le-hizo-a-la-jep-para-detener-los-asesinatos-de-excombatientes/

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