Gracias al acuerdo de paz, las FARC-EP salieron de los territorios, pero la incapacidad del Gobierno de Duque para combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales ha permitido que actores armados ilegales copen los territorios abandonados por las FARC, lo que ha ocasionado que se sigan presentando hechos violatorios de los DD.HH. como desaparición forzada, desplazamiento forzado, masacres, agresiones sexuales y confinamiento de las comunidades.
Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en fatalidad y riesgo de personas líderes sociales. Desde la firma del Acuerdo de paz hasta el 15 de julio del 2020 han sido asesinados 971 personas líderes sociales y defensoras de los DD.HH. y 211 excombatientes de las FARC-EP. Del total de homicidios de líderes y defensoras de DD.HH. desde la firma del Acuerdo, 573 casos tuvieron lugar desde la posesión del presidente Duque en agosto del 2018.
La grave situación humanitaria se ha agravado de forma inusitada en lo transcurrido del año 2020, período en el que han sido asesinados 36 excombatientes de las FARC-EP y 166 líderes sociales y/o personas defensoras de DD.HH., 82 de los cuales se registraron desde que se decretó el confinamiento nacional el 23 de marzo (debido a la pandemia del Covid19) hasta el 15 julio de 2020[1].
Esta situación de violencia refleja los conflictos agrarios por tierra y recursos, los cuales se están agravando en el escenario del post conflicto y están generando un incremento en hechos de desplazamiento forzado y la criminalización de la protesta social. La Procuraduría General de la Nación señala que los homicidios contra personas involucradas en procesos de restitución de tierras se han triplicado entre el 2015 y el 2017, y han aumentado gradualmente, en particular desde el 2016, año de la firma del Acuerdo. Así, por ejemplo, de los 971 asesinatos de líderes y personas defensoras de DDHH que se han producido desde la firma del acuerdo, 681 casos de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Esto refleja que el 70,13% de los casos de homicidio se produjeron con ocasión de conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales.
El 10% del total de homicidios contra personas líderes sociales, se trata de casos de personas relacionadas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o casos producidos por el abuso de autoridad en el marco de operativos de erradicación forzada adelantados por la fuerza pública.
Al gobierno de Duque le importa poco esta infame realidad y, en ocasiones, osa negar la situación de violencia a la que están sometidas todas las personas que exigen sus derechos y los de sus comunidades. Han sido varias las ocasiones en que funcionarios del gobierno niegan públicamente la sistematicidad de los asesinatos contra personas líderes sociales, afirmando que ¨los líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito no han sido asesinados¨[2] o ¨mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD.HH.¨[3]. Este tipo de afirmaciones develan el tipo de acciones que está tomando la institucionalidad para afrontar la situación.
El pasado 20 de julio, en su discurso presidencial, Duque afirmó que ha reducido en un 35% las muertes de líderes sociales en lo corrido de su gobierno en comparación con el período anterior. Sin embargo, según los registros de Indepaz, no se puede decir que hay una reducción del 35% de las muertes de líderes en lo corrido del gobierno Duque en comparación con igual período del gobierno Santos, sino, por el contrario, un aumento del 30,5%.
Comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y población en proceso de reincorporación son las principales víctimas de un conflicto armado que se niega a desaparecer. El desplazamiento forzado sigue siendo el flagelo de la ruralidad colombiana: en los primeros 3 meses del año 2020 más de 10.000 personas fueron desplazadas.
La situación es tan grave que el pasado 15 de julio se dio el primer traslado total de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Las 93 personas (entre excombatientes y miembros de la comunidad) que residían en el ETCR de Ituango fueron trasladadas por el gobierno a Mutatá en el Urabá, en razón a las difíciles condiciones de seguridad que se viven en el territorio, donde se intensifica la violencia y se ha generado temor por la denominada ¨Operación mil¨, un plan de grupos paramilitares para movilizar alrededor de mil hombres armados de otros departamentos del país hacia Ituango, a fin de tomar el control de la zona y movilizar droga hacia el golfo de Urabá.
Los grupos armados ilegales se acercan cada vez más a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), la situación es tal que en los ETCR de Buenos Aires (Cauca), Ituango (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo) y Mesetas (Meta) se han producido desplazamientos en los últimos meses por razones de seguridad.
En el ETCR de Buenos Aires (Cauca) sólo quedan 43 de los 140 excombatientes de FARC que estaban concentrados en la zona. El desplazamiento se ha producido por las múltiples amenazas que rodean el espacio y, de hecho, las condiciones de seguridad son tan críticas que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN sacó a sus funcionarios del territorio y ni los escoltas de los exguerrilleros ni la Misión de la ONU pueden entrar a la zona.
Igual situación se vive en el ETCR de Mesetas (Meta), donde tuvieron lugar dos asesinatos al interior del espacio. En el territorio circulan mensajes vía WhatsApp en contra de lxs excombatientes, pidiendo que se alineen a las disidencias. En ese mismo departamento, se dio el caso de un excombatiente que tuvo que solicitar al Estado que lo proteja de los integrantes del Ejército. En enero militares vestidos de civil, a bordo de una motocicleta, intentaron detenerlo y luego lo persiguieron, hasta el punto de que el excombatiente tuvo que abandonar su moto y escabullirse por el monte. Las denuncias que hizo el excombatiente no tuvieron algún tipo de respuesta por parte de la Policía, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, por lo que tuvo que recurrir a los jueces para que el Estado le brindara medidas de protección efectivas.
El pasado 16 de julio, en el Huila, diez hombres asesinaron a la cuñada del excombatiente Nencer Barrera, frente a su hija menor y después asesinaron a otros 3 jóvenes que se encontraban en la zona. Al día siguiente, el mismo Nencer tuvo que ir al lugar de los hechos a sacar a sus familiares y amigos, quienes estaban confinados, pues ni la Personería ni la Policía atendieron los llamados de los voceros del partido FARC para que los sacaran del lugar.
Los eventos de desplazamiento se registran en 6 departamentos del país, aunque hay un nivel de subregistro muy alto. Paralelo al desplazamiento del ETCR de Ituango, a inicios de junio se presentaron hechos de desplazamiento en la Nueva Área de Reincorporación – NAR el Diamante, también en Meta, debido a las amenazas de los grupos armados. Asimismo, en noviembre de 2019 se reportó la explosión de un artefacto que fue lanzado sobre el ETCR de Miranda (Cauca) y, a inicios de junio de 2020, se recibieron amenazas de grupos armados en las que piden cortar las relaciones con los reincorporados.
Las acciones del gobierno de Duque para atender esta realidad han sido insuficientes, siendo ajeno a la violencia que sufren las comunidades. El pasado 7 de julio el ELN propuso un cese al fuego bilateral por 90 días, propuesta que responde al llamado del Consejo de seguridad de Naciones Unidas que ha pedido cesar las hostilidades en medio de la pandemia. El presidente Duque rechazó este ofrecimiento mediante un mensaje publicado en la red social Twitter[4].
Existe gran preocupación por la situación que se vive en Colombia. La violencia sigue siendo el flagelo al que está sometida la ruralidad colombiana, afectando a miles de hombres, mujeres y niños que siguen siendo víctimas del desplazamiento forzado, el confinamiento, la desaparición forzada, homicidio, tortura y violencia sexual. Este escenario se recrea ante los ojos del presidente Duque, quien se mantiene inmóvil ante la realidad, persiste en recurrir al uso de la fuerza para imponer sus políticas, permite el despojo de la tierra de las y los pequeños productores y tergiversa el espíritu del acuerdo que pretende dar fin al conflicto armado más antiguo de América Latina.
[1] Instituto de estudios para el desarrollo y la paz -INDEPAZ, (2020) Informe Especial Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde la firma del acuerdo de paz Del 24/11/2016 al 15/07/2020 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/07/3.-Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-Jul2020-Indepaz-2.pdf
[2] El Espectador (24 de enero de 2020) ¨Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados¨: director del programa de sustitución. Ver: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/lideres-de-sustitucion-de-cultivos-no-han-sido-asesinados-director-del-programa-de-sustitucion-articulo-901193
[3] El Espectador (3 de marzo de 2020) ¨Aquí mueren más personas por obo de celulares que por ser defensores de DD.HH.¨ Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/politica/aqui-mueren-mas-personas-por-robo-de-celulares-que-por-ser-defensores-de-dd-hh-mininterior-articulo-907537/
[4] Semana (7 de julio de 2020) Gobierno dice no a la propuesta del ELN para cese al fuego bilateral. Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/eln-propone-cese-al-fuego-bilateral–noticias-colombia/684869
