NUESTRO MUNDO NO ESTÁ EN VENTA OMC: Someterse o desaparecer
Ya va siendo hora de poner término a la globalización de las compañías multinacionales y de luchar por otro mundo que todos sabemos posible. En noviembre de 1999, la tercera reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo lugar en Seattle, fracasó de manera espectacular debido a las protestas sin precedentes de ciudadanos y de gobiernos al través del mundo. Desde entonces, tanto en países ricos como pobres de todo el globo, millones de personas se han unido para luchar a favor de un futuro justo y sostenible y contra la globalización corporativa.
A pesar del compromiso de mejorar el sistema que prometió el comunicado final de la reunión ministerial de Seattle, compromiso que buscaba contrarrestar la crisis de legitimidad que sufre la OMC, las cosas no han mejorado. Muy al contrario, han empeorado. Ya es hora de abolir el poder y la autoridad de la OMC. Las carencias democráticas, de transparencia y de responsabilidad de esta institución, que supuestamente promueve la libertad de mercado, sólo han contribuido a concentrar la riqueza en manos de las minorías acaudaladas, aumentando así las desigualdades que ya existían tanto en el interior de cada nación como entre las diversas naciones, e incrementando la pobreza de la mayor parte de los pueblos del mundo, el desplazamiento de los agricultores y de los trabajadores, especialmente en los países del tercer mundo, y las tendencias insostenibles de producción y de consumo.
La OMC está tratando de desactivar las manifestaciones de protesta -organizadas por los trabajadores y los agricultores, por los activistas medioambientales, por los militantes a favor de los derechos humanos, por los líderes religiosos e indígenas y por los gobiernos del tercer mundo- contra los desequilibrios y los problemas que ha provocado la imposición de los Acuerdos del GATT de la Ronda de Uruguay (GATT: General Agreement on Trade and Services, Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio). El Secretariado de la OMC, supuestamente neutral, está compuesto por gobiernos de países ricos y por grupos de cabildeo corporativo (lobby), cuyo objetivo es que la OMC siga haciendo lo de siempre: expandir la globalización de las compañías multinacionales. Las negociaciones para la revisión de los acuerdos de la OMC sobre agricultura, servicios y derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, han sido suprimidas del proceso de revisión y mejora, lo cual aumentará los estragos y la ruina en todo el mundo.
Los gobiernos están siendo engañados y chantajeados para que, en la cuarta reunión ministerial -que tendrá lugar en Qatar entre los días 9 y 13 de noviembre-, acepten una nueva serie de negociaciones de ampliación de la OMC. La verdadera agenda de esta nueva ronda, falazmente denominada "ronda del desarrollo", consiste en aumentar la capacidad de acceso y los privilegios ya gozados por las inversiones bajo el régimen de la OMC, en incrementar la cesión de poderes por parte de los gobiernos, en reforzar las políticas de competencia, y más aún.
Estos favores adicionales que se pretende conceder a las corporaciones multinacionales serán un riesgo añadido para las economías nacionales y locales; para los trabajadores, los agricultores, los pueblos indígenas, las mujeres y otros grupos sociales; para la salud y la seguridad, el medio ambiente y el mundo animal. Todo ello está teniendo lugar en el contexto de una creciente inestabilidad global, del colapso de las economías nacionales, de la creciente desigualdad tanto entre las naciones como entre los ciudadanos de cada nación y de una degradación medioambiental y social cada vez mayor, como resultado de la aceleración del proceso de globalización corporativa.
Ya es hora de denunciar las crisis del sistema comercial internacional y de su principal institución administrativa, la OMC. Ya es hora de impedir la celebración de la nueva ronda y de lograr que el comercio esté al servicio de los intereses de toda la humanidad. En el umbral del siglo XXI, necesitamos reemplazar este viejo, injusto y opresivo sistema comercial por uno nuevo, que sea socialmente justo y sostenible.
Necesitamos proteger la diversidad cultural, biológica, económica y social; introducir políticas progresistas que den prioridad a las economías y al comercio locales; asegurar los derechos económicos, culturales, sociales y laborales reconocidos internacionalmente y reclamar la soberanía de los pueblos y de los procedimientos decisorios democráticos nacionales y subnacionales. Con vistas a lograrlo, es preciso instaurar nuevos reglamentos, que estén basados en el principio del control democrático de los recursos, de la sostenibilidad ecológica, de la igualdad, de la cooperación y de la previsión.
A la luz de todo lo anterior, formulamos a nuestros gobiernos las siguientes exigencias:
Que se opongan a la expansión de la OMC Reiteramos nuestra oposición a los continuos intentos de organizar una nueva ronda de negociaciones, de expandir la OMC mediante la inclusión de nuevas proposiciones -tales como la inversión, la competencia, las cesiones de poder de los gobiernos, la biotecnología- o de acelerar la liberalización de las tarifas. La expansión del control de la OMC en asuntos como la inversión y la política de competencia o la exigencia de que todos los países se plieguen a sus reglamentos, obtenidos gracias a la cesión de poder de los gobiernos (empezando por una fase inicial de reglas de transparencia), amenazaría la autodeterminación nacional y la supervivencia de empresas y granjas locales de pequeño y mediano tamaño, eliminaría los apoyos a las economías locales y causaría daños sociales y medioambientales incalculables. Rechazamos también las nuevas tácticas de la Unión Europea, en particular su actitud solapada en las negociaciones sobre inversiones y competitividad, que introduce éstas bajo la forma de acuerdos multilaterales. Es necesario someter a una moratoria las iniciativas de la OMC que buscan la liberalización del comercio. En vez de tales iniciativas lo que hay que resolver de manera urgente es la desigualdad que padecen los países en vías de desarrollo, y eso sin vincular tales iniciativas al contexto de negociaciones adicionales sobre la liberalización.
Que se opongan al control de la OMC, protejan los derechos sociales básicos y defiendan el medio ambiente Resulta inapropiado e inaceptable que los derechos sociales y las necesidades básicas estén sometidos al control de los reglamentos de la OMC. Los acuerdos comerciales no deberían de limitar la protección institucional de lo que es imprescindible para el bienestar humano en todo el planeta, a saber, los alimentos y el agua, los servicios sociales básicos, la educación, la salud y la seguridad, la defensa del medio ambiente y la salvaguarda de la vida animal. La intromisión de los reglamentos comerciales en dichas áreas ya ha dado lugar a campañas ciudadanas relacionadas con asuntos diversos: los organismos genéticamente modificados, el crecimiento de los bosques, la prohibición de productos en el territorio nacional o la comercialización predadora del tabaco.
Que se opongan al AGCS, mantengan los servicios sociales básicos y las protecciones públicas Todo lo relativo a la salud, la educación, la distribución de la energía, el agua y otros servicios humanos básicos no debe estar sujeto a los reglamentos internacionales de libre comercio. Además, el acuerdo AGCS de la OMC (AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio en los Servicios) no tiene derecho alguno a limitar la capacidad de los gobiernos y de los pueblos para establecer reglamentos que protejan el medio ambiente, la salud, la seguridad y otros intereses públicos. El principio de la "liberalización progresiva" intrínseco al AGCS, así como la intromisión de las inversiones extranjeras en sectores de servicios ha dado lugar a graves problemas, tales como la desregulación de los servicios esenciales.
Que eliminen el proteccionismo de las patentes corporativas: las simientes y las medicinas son necesidades humanas, no mercancías Todas las políticas sobre la propiedad intelectual deben permitir que los gobiernos puedan limitar la invulnerabilidad de las patentes, y ello con vistas a la protección de la salud y de la seguridad públicas; esencialmente nos referimos a las patentes de medicamentos imprescindibles en el control de algunas enfermedades mortales y a las patentes de ciertas formas de vida, como es el caso de los microorganismos, cuya privatización deberá estar terminantemente prohibida en todos los regímenes nacionales e internacionales. Los actuales reglamentos sobre la propiedad intelectual que existen en los pactos comerciales, como por ejemplo el acuerdo ADPIC de la OMC (ADPIC: Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [incluido el comercio de mercancías falsificadas], uno de los temas de la Ronda de Uruguay), dificultan el acceso de los consumidores a medicinas esenciales y a otros bienes, conducen a la apropiación privada de algunas formas de vida y de conocimientos tradicionales, degradan la biodiversidad e impiden que los países más pobres puedan aumentar sus niveles de bienestar social y económico. No existe base moral alguna para incluir tales reclamaciones sobre la propiedad intelectual en un acuerdo comercial.
Que prohiban las patentes de cualquier forma de vida Las patentes de formas de vida y otros derechos de propiedad intelectual sobre los recursos biológicos deben ser prohibidos en todos los regímenes nacionales e internacionales. La diversidad genética no pertenece a la esfera de la propiedad privada y es preciso acabar con la biopiratería o el robo de los conocimientos tradicionales.
Que acaben con el fraude y las calamidades provocados por el acuerdo sobre la agricultura, pues la alimentación es un derecho básico del género humano El acuerdo de la OMC sobre agricultura es fraudulento, porque no ha reducido los subsidios dedicados a la agricultura industrial orientada a la exportación (en realidad los subsidios han aumentado), mientras que, al mismo tiempo, la liberalización de las importaciones ha hecho que los pequeños agricultores vean disminuir sus ganancias y degradarse sus medios de subsistencia. Para evitar más calamidades a millones de pequeños agricultores, es necesario reducir drásticamente o eliminar de inmediato el apoyo institucional a la agricultura que esté orientada a la exportación, así como abolir la liberalización de las importaciones.
Es preciso tomar medidas que promuevan y protejan la soberanía nacional sobre los alimentos naturales y la seguridad de éstos, así como fomentar que los pequeños campesinos, que practican una agricultura sostenible, estén exentos de los reglamentos comerciales internacionales. El sistema comercial no tiene derecho alguno a degradar los medios de subsistencia de los campesinos, de los pequeños agricultores, de los pescadores artesanales y de los pueblos indígenas.
Sólo un sistema que garantice la soberanía nacional sobre los alimentos podrá ejercer el derecho básico humano a la alimentación, lo cual significa el derecho de los pueblos a definir sus propios alimentos y sus propias políticas de agricultura, así como el derecho a producir sus alimentos básicos de una manera que respete la diversidad cultural y productiva.
Que se opongan a la liberalización de las inversiones Es preciso anular el acuerdo MIC de la OMC (MIC: Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de mercancías; en dicho acuerdo se reconoce que ciertas medidas en materia de inversiones [obligaciones impuestas a los inversores] pueden causar efectos de restricción y distorsión del comercio). Todos los países, y especialmente los del tercer mundo, deben de tener el derecho a utilizar opciones políticas (tales como una política de contención local) para aumentar la capacidad de sus propios sectores productivos, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Es obvio que la revisión del MIC no ha de ser utilizada para incluir el tema de las inversiones en la agenda de la OMC. Por lo tanto, reiteramos nuestra absoluta oposición a los intentos de establecer negociaciones en la OMC sobre reglamentos de inversión, sobre un sistema de inversión o sobre un acuerdo de inversión de cualquier clase que sea. Las proposiciones de una orientación de tipo del acuerdo AGCS, o un acuerdo de transparencia inicial sobre la inversión, o un acuerdo plurilateral, son únicamente cambios tácticos que buscan embaucar a los países o grupos que se han negado a apoyar un acuerdo de inversión más extremo. El objetivo sigue siendo el mismo: conceder derechos sin precedentes a los inversores extranjeros, por lo cual rechazamos todas estas orientaciones supuestamente diluidas que buscan objetivo similares a los del desacreditado AMI (AMI: Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones).
Que favorezcan un comercio equitativo mediante un tratamiento especial y diferencial Teniendo en cuenta la débil posición que ocupan los países del tercer mundo en el sistema comercial mundial, es imprescindible que se les reconozcan y se les incrementen unos derechos especiales y diferenciales que los ayuden a integrarse en dicho sistema. Sin el refuerzo de derechos especiales y diferenciales, los países del tercer mundo no tendrán posibilidad alguna de obtener beneficios en el comercio mundial.
Que den prioridad a los derechos sociales y del medio ambiente El "libre mercado" sitúa los beneficios corporativos por delante de las personas y del medio ambiente. Necesitamos un comercio justo. Es necesario respetar, promover y practicar los derechos fundamentales humanos y de los trabajadores y, a mismo título, los derechos relativos al medio ambiente, a la salud, a la educación de los pueblos indígenas, a la seguridad, a la pureza de los alimentos y al respeto de la vida animal. Por ejemplo, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los principios fundamentales y los derechos en el trabajo, la Convención sobre la biodiversidad y su Protocolo sobre la bioseguridad, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos han de ser implementadas de manera activa. La OMC no tiene derecho alguno a debilitar estos genuinos acuerdos internacionales, sociales y medioambientales.
La importancia de promover, respetar y practicar los derechos fundamentales de los trabajadores y otros derechos humanos por todos los medios posibles incluye la acción ante las instituciones internacionales apropiadas.
Que democraticen la toma de decisiones Los pueblos han de tener el derecho a la autodeterminación y el derecho a conocer y decidir sus obligaciones comerciales internacionales. Entre otras cosas, esto requiere que las decisiones que se adopten en las negociaciones, así como su imposición por medio de los organismos comerciales internacionales se lleven a cabo de forma democrática, transparente e inclusiva. La OMC funciona de una manera secreta y exclusiva, ya que aísla a sus miembros del control popular, pues está dominada por unos pocos gobiernos poderosos que actúan en nombre de su elite corporativa.
Que se opongan a este sistema El sistema que utiliza la OMC para dirimir las disputas es inaceptable, puesto que impone un sistema ilegítimo de reglamentos injustos, funciona mediante procedimientos no democráticos y usurpa las funciones legislativa y ejecutiva de las naciones y de los gobiernos locales.
Asimismo, un sistema de comercio internacional justo requerirá cambios fuera de la OMC. Dicho sistema deberá considerar de manera prioritaria los derechos y el bienestar de los trabajadores y de los agricultores, quienes son los que producen y suministran las mercancías y los servicios. Los ataques de las corporaciones multinacionales y de algunos gobiernos a los derechos de los trabajadores habrán de ser desautorizados por todos los gobiernos y por las agencias internacionales, que asimismo se ocuparán de impedir el actual proceso de eliminación de los logros sociales que las luchas obreras habían obtenido para la clase trabajadora; al mismo tiempo, este nuevo sistema impedirá la pérdida de la seguridad en el trabajo y la constante disminución de los salarios. Es preciso reforzar los derechos de los trabajadores en todo el mundo.
Exigimos también que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional cancelen la totalidad de los préstamos que les adeudan los países pobres, con vistas a que éstos puedan dedicar tales fondos, entre otras cosas, a la erradicación de la pobreza y al desarrollo. Habrá que abolir la utilización del carácter condicional de los ajustes estructurales, que busca forzar la liberalización del comercio en los países del tercer mundo y en otras partes. A través del sistema de las Naciones Unidas o de otros organismos apropiados, con una total participación democrática, los gobiernos deberán negociar un acuerdo vinculante que asegure el respeto de las condiciones sociales y medioambientales por parte de las corporaciones, así como que éstas sean jurídicamente responsables ante las autoridades democráticas.
Conclusiones y consecuencias Nuestro objetivo es la implantación de un sistema comercial sostenible, democráticamente responsable y socialmente justo. Por lo tanto, como primer paso para que el comercio mundial cambie de orientación, exigimos que nuestros gobiernos implementen las medidas enumeradas en este documento con vistas a eliminar el poder y la autoridad de la OMC.
Estamos dispuestos a movilizar a la población dentro de nuestros países para luchar por estas exigencias y para desafiar las políticas injustas de la OMC. Asimismo, apoyamos a otros pueblos y países que persiguen el mismo objetivo con campañas de solidaridad internacional.
Nos comprometemos a difundir el "Espíritu de Seattle" por todo el mundo para lograr que la ronda de negociaciones de Qatar no tenga lugar.
