Organizaciones de agricultores y ganaderos exigen que se paralicen unos acuerdos que llevan años abriendo las puertas a una competencia desleal que se materializan en sus actuales problemas.

Los tractores siguen bloqueando las carreteras, se anuncian nuevas movilizaciones y los problemas que el sector del campo ha puesto encima de la mesa empiezan a copar el centro del debate político y de los medios de comunicación. Entre las exigencias de unos y otros, y entre las que la extrema derecha quiere cooptar y aprovechar en su propio beneficio, se cuela una que es una vieja conocida entre muchos activistas y organizaciones sociales que no tenían por qué formar parte del campo: los tratados de libre comercio.

Como una de sus principales exigencias, las tres asociaciones de agricultores Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), han reclamado que se paralicen por completo las negociaciones de uno de los grandes acuerdos que están encima de la mesa, el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, que eliminaría barreras y abriría más todavía el comercio con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. También piden la “no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda”, que está pendiente de su último trámite de ratificación por parte del Parlamento de Nueva Zelanda y que, según han explicado a El Salto desde COAG, “abre las puertas a que se importe carne y leche desde el otro lado del planeta”. Además, también exigen que “se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia”, todos ellos firmados por la UE en los últimos años.

Esas proclamas no son nuevas, aunque sea cuando los agricultores han paralizado las carreteras cuando han saltado al debate público. Desde los movimientos sociales y las campañas contra los tratados de libre comercio se lleva alertando de que estos acuerdos comerciales iban a tener unas consecuencias devastadoras sobre el campo, la ganadería, las economías que se sustentan sobre dichos sectores, en el planeta y sobre nuestros propios cuerpos. La campaña contra el tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, el conocido como el TTIP, fue eje vertebrador de cientos de movimientos sociales, agricultores, ganaderos y defensores ecologistas y de los derechos humanos de toda Europa. Aquel tratado se consiguió congelar tras la victoria de Trump, pero otros como el acuerdo con Canadá, el CETA, y los que se han firmado en los siguientes años y que ahora las organizaciones de agricultores piden que se paralicen y renegocien. De aquellos acuerdos de libre comercio, estas protestas.

La Organización Mundial del Comercio en la raíz de todo

Para encontrar las raíces de los problemas que ahora florecen en forma de descontento del campo hace falta apuntar al comienzo del establecimiento de las normas del comercio internacional en esta última era globalizadora. Andoni García, miembro de la ejecutiva de COAG y del comité coordinador de Vía Campesina Europa, señala el comienzo en la PAC de 1992, “la cual se adaptó a las negociaciones de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)“, lo que más tarde se acabó convirtiendo en la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Ahí empieza la influencia de la globalización y de la OMC sobre la política agraria europea”. Desde ahí, explica García, se empiezan a bajar o eliminar los aranceles, así como tras herramientas que protegían a los agricultores como los precios indicativos de la producción. “Se decide que se tiene que eliminar las regulaciones para facilitar el comercio internacional, así como las ayudas directas”.

En Vía Campesina lo tienen claro y así lo plasman en uno de sus comunicados: “La OMC se ha convertido en un espacio donde prevalece la Regla del Poder, con unos pocos países desarrollados determinando el curso del comercio mundial”. Pero “cuando esa OMC descarrila y no avanza -dice García- es cuando se empiezan a impulsar estos tipos de acuerdos de libre comercio bilaterales”, donde la UE ha tenido un papel fundamental.

No se juega con las mismas reglas

La principal oposición a este tipo de tratados siempre ha puesto en el centro las diferencias reguladoras entre los dos lados del acuerdo. La UE ha desarrollado unas legislaciones y controles mucho más avanzados que la de otros países del sur global o que la de países con perspectivas reguladoras mucho más liberales como Estados Unidos o Canadá. La explicación sencilla podría resumirse en que la mayoría de estos tratados intentan igualar las regulaciones en una negociación que casi siempre acaba siendo a la baja, en lo que eufemísticamente se ha llamado “cooperación reguladora”.

“Los estándares y controles que existen en Europa para ciertos productos agrícolas son obstáculos y es ahí donde entra esta cooperación reguladora que busca eliminarlos”, Lucía Bárcena del TNI

“Los tratados han ido mucho más allá del tema arancelario, han ido al asunto regulatorio”, explica Lucía Bárcena, del Transnational Institute y participante de la campaña contra los tratados de libre comercio. “Los estándares y controles que existen en Europa para ciertos productos agrícolas son obstáculos y es ahí donde entra esta cooperación reguladora que busca eliminarlaos”, añade. Según la investigadora, esas rebajas en la regulación han llevado a una liberalización donde se ha permitido que llegue hasta nuestros supermercados y platos productos que antes no se permitían o que siguen procesos de control y calidad mucho más laxos.

En cuanto a los controles o la ausencia de ellos, “la cosa va mucho más lejos”, dice el representante de COAG. “En los acuerdos de libre comercio y los de la OMC obligan a que el país receptor, en este caso la UE, acepte como válidas los controles que se hacen en los países de origen de esas producciones y las certificaciones que hacen las empresas, con más o menos controles públicos”. Por si fuera poco, también prohíben que las administraciones públicas hagan controles sistemáticos en las fronteras. Es decir, como receptores se tienen que fiar de las certificaciones de empresas privadas de otros países y, además, “las normas que tiene ese comercio internacional no son las mismas que las que tenemos que cumplir dentro de la UE”, lamenta García.

Otra de las grandes diferencias en cuanto a los controles, y por lo tanto los costes y tiempos, en los que incurren los agricultores de los dos lados de uno de estos acuerdos puede ser el sistema de control de daños. “Europa se basa en el sistema de garantía, es decir, me tienes que demostrar que cumples las reglas fitosanitarias y hacer controles en toda la cadena del producto”, dice Javier Guzmán, director de la organización Justicia Alimentaria, la cual lleva años señalando los problemas que iban a causar estos tratados que hoy estallan en forma de protestas y de un sector agrícola en serios apuros. En cambio, en Estados Unidos y otros países e un sistema de riesgo: “Yo lo vengo y si pasa algo, pues lo paro. Además el que tiene que demostrar que ese algo ha ocurrido y ha sido por culpa del producto es el Estado que lo recibe”, explica. Pone uno de los ejemplos que fue más sonado cuando se batallaba contra el TTIP: el pollo clorado. “En Europa la producción de pollo necesita hacer controles en toda la cadena, es bastante garantista, pero en Estados Unidos no se hacen controles durante el proceso, cuando llega al final de la cadena se lavan con cloro para limpiar las bacterias y es entonces cuando hacen el único control. Cuando firmas un tratado de libre comercio con un país que haga eso, estás aceptando que el pollo clorado llegue a tu plato”.

“Hay productos que para producirlos se está deforestando la Amazona y se están exportando a Europa, cuando aquí se nos exige que cuidemos el medioambiente“, Montse Cortiñas de UPA

Si no existen las mismas reglas, “entonces se produce una competencia desleal”, dice Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA. Son conscientes de que en el tema de las diferencias laborales como el salario no pueden exigir mucho, pero sí que cuestiona que “si la política de la PAC está muy enfocada a cuidar del medioambiente, tal y como la sociedad europea nos reclama, por lo menos no se deberían utilizar productos fitosanitarios que en Europa no están permitidos y que a esos países se les exija que cuiden el planeta igual que se nos exige a nosotros”. Aunque dice que hay cientos de ejemplos, explica uno muy visual y sencillo: “Hay productos que para producirlos se está deforestando la Amazona y se están exportando a Europa, cuando aquí se nos exige que cuidemos el medioambiente, lo que es un ejercicio de cinismo increíble”.

(Este es un extracto de un artículo aparecido en el portal español EL Salto escrito por Yago Álvarez Barba. El título ha sido editado para mayor claridad. Lee el artículo completo AQUÍ ).

Imagen de portada y título: La Vía Campesina

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