Foto: PARES
Hace tres años Iván Duque llegó a la presidencia de la República como candidato de un partido que prometía “hacer trizas” el Acuerdo de Paz. Las sentencias de la Corte Constitucional, la presión de la Comunidad Internacional y la movilización de la ciudadanía impidieron que el presidente y el partido de Gobierno desmontaran el Acuerdo; sin embargo, el mandato de Duque ha retrasado el proceso de implementación y llevado el país a una grave crisis de seguridad.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República advierte que, en ninguno de los años de implementación se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años.
En lo que respecta al Punto 1 del Acuerdo, Reforma Rural Integral – RRI, la Contraloría resalta que el Fondo de Tierras, principal instrumento para abordar políticas de acceso a tierras, no cuenta con recursos para la compra o subsidio de tierras; lo que, aunado a la no implementación del Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural y la no creación de la jurisdicción agraria, no permite tener buenas perspectivas en el pilar de acceso a tierra y en la resolución pacífica de los conflictos sobre la tierra[1].
Hasta el primer semestre de 2021, sólo 9.034 hectáreas han sido entregadas a campesinas y campesinos sin tierra, lo quiere decir que en casi 5 años de implementación sólo se ha avanzado en un 0,3% de la meta de entrega de tierras que contempla el Acuerdo. La Agencia Nacional de Tierras reporta la formalización de 2´065.215 hectáreas, lo que representa el 29,5% de la meta. Es importante resaltar que el promedio de hectáreas que se están regularizando mediante la formalización de predios privados, es de 1,4, lo que denota que se están formalizando microfundios.
En lo que respecta a los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, se presenta un avance en la expedición del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural y el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales[2]. Aún hacen falta planes relacionados con educación, salud, alimentación, agua potable y saneamiento básico, asistencia técnica, formalización y zonificación ambiental.
Entre 2017 y 2020, la asignación de recursos para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS presenta una disminución de 81%. Persiste el rezago en la ruta de atención de las y los beneficiarios del PNIS en todos sus componentes, especialmente en la fase de proyectos productivos: a menos del 1 % de familias (726) que firmaron acuerdos de sustitución voluntaria se les ha cumplido.
En agosto se dio un avance muy importante en lo que respecta a la participación política de las víctimas: se promulgó la Ley que establece las 16 curules de paz en el Congreso. El Acuerdo contempla la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, con el objetivo de garantizar una mayor representación de las poblaciones que habitan en zonas especialmente afectadas por el conflicto armado. Las circunscripciones tendrán una vigencia de dos períodos electorales (2022-2026 y 2026-2030) y sólo se podrán inscribir como candidatos quienes hayan sido víctimas del conflicto armado. Luego de 4 años de trámites fallidos en el Congreso debido a la oposición de los partidos de gobierno y de extrema derecha, esta disposición del Acuerdo es hoy una realidad.
Una de las principales preocupaciones que se tiene es la falta de provisión de garantías de seguridad para las comunidades rurales, personas líderes sociales y excombatientes. Según Indepaz[3], desde la firma del Acuerdo de Paz al 24 de agosto de 2021 un total de 1.227 personas líderes sociales y 284 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas. Sólo en lo corrido del 2021 se registró el asesinato de 112 personas líderes sociales y 35 personas en proceso de reincorporación.
Entre el 20 y el 24 de agosto Ecomún, la cooperativa de los excombatientes, realizó un Refugio Humanitario como una acción de movilización social de excombatientes y comunidades de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño que rechazan la violencia contra las personas en proceso de reincorporación. Al respecto, el secretario de la cooperativa ha señalado:
“Tenemos en los tres departamentos del suroccidente concentrado el 40% de asesinados de personas en proceso de reincorporación de las FARC-EP. Además, tenemos una grave situación de violencia contra los colectivos que estamos agrupados en cooperativas o asociaciones, algunas se han tenido que desplazar completas dejando botados los proyectos productivos de reincorporación y las actividades económicas colectivas. Este tema ya se vuelve urgente, todos los días tenemos personas asesinada, amenazadas, desplazadas (…) Es una medida desesperada y urgente porque agotamos ya todas las instancias institucionales”[4].
Igualmente, organizaciones sociales han denunciado la falta de garantías para la permanencia en los territorios. Una de las situaciones más complicadas se presenta en el Putumayo, donde los intereses de empresas petroleras, rutas del narcotráfico y la fuerte militarización ligada a intereses empresariales provocan graves conflictos. Se han señalado casos como el de AMERISUR, empresa que, respaldada por la fuerza pública y luego por grupos paramilitares, ha venido ampliando su presencia territorial a costa del desplazamiento y amedrantamiento de comunidades campesinas e indígenas.
Las comunidades rurales en Colombia siguen sufriendo los horrores de la guerra y el abandono de un Estado que se niega a implementar de buena fe el Acuerdo de Paz. Es necesario que el Gobierno implemente el Acuerdo guardando coherencia con su finalidad y, de forma prioritaria, brinde garantías de seguridad para las comunidades, excombatientes y personas líderes sociales.
[1] Contraloría General de la república (2021), Quinto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones.
[2] Los cuales se suman a los 9 planes ya aprobados: Son ellos: Plan Nacional de Vías para la Integración Regional; Plan Nacional de Electrificación Rural; Plan Nacional de Conectividad Rural; Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de le ECFC; Plan Nacional de Riego y Drenaje para la ECFC; Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural (en proceso de actualización); Plan para apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la ECFC; Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural; Plan Progresivo de Protección Social de garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales
[3] Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – INDEPAZ. Ver: http://www.indepaz.org.co
[4] Juan Camilo Londoño, secretario de Ecomún. “Nos siguen matando”: Ecomun. Ver: https://www.contagioradio.com/nos-siguen-matando-ecomun/
