Del 25 al 29 de octubre los Estados miembro de las Naciones Unidas continuaron las negociaciones para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales (ETN),incluyendo a todos los actores a lo largo de sus cadenas de producción globales. En esas fechas, el Grupo intergubernamental de trabajo de composición abierta (OEIGWG por sus siglas en inglés) llevó a cabo la séptima sesión de este histórico proceso en el seno del Consejo de Derechos Humanos, en el Palacio de las Naciones en Ginebra.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, abrió la sesión destacando que el mundo está atestiguando un “consenso creciente en torno a la necesidad de establecer normas vinculantes en materia de empresas y derechos humanos”.
Las negociaciones en pos del Tratado Vinculante de la ONU, que es como se le conoce comúnmente, han dado un salto cualitativo hacia adelante con la nueva metodología adoptada durante esta sesión, que transparentó el proceso y alentó a los Estados a tomar posición al respecto de la redacción específica del proyecto de tratado. En esta sesión participaron 69 Estados a lo largo de la semana. Lo más importante es que algunos de los contenidos principales e indispensables,conformes con el mandato de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos cuyo objetivo es eliminar en el derechos internacional de los derechos humanos las lagunas de que le dan impunidad a las ETN, fueron rescatados y reintroducidos y defendidos por algunos Estados. Destacamos entre otras la buena participación constructiva de Sudáfrica, Egipto, Palestina, Camerún, Namibia, Panamá y Cuba.
Julia García, del Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas (MAB, por su sigla en portugués) y coordinadora de la Campaña Global, dijo al respecto:“Saludamos que muchos Estados estén deliberando acerca de obligaciones directas y claras para las empresas transnacionales y otras empresas con actividad transnacional, a fin de superar así las limitaciones normativas nacionales que contribuyen a la impunidad. Destacamos también la importancia de las propuestas que han defendido la inclusión expresa de la primacía de los derechos humanos sobre los derechos de las empresas a lo largo de toda la cadena de producción global.”
Como todos los años el papel de la sociedad civil fue fundamental, defendiendo la continuidad del proceso y alimentándolo con análisis detallado, sólidos argumentos y propuestas de contenido muy específicas. La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a la Impunidad (la Campaña Global), que representa a 260 millones de personas afectadas por Empresas Transnacionales en todo el mundo, participó directamente en las negociaciones retomando parcialmente la presencia física que no fue posible garantizar el año pasado debido a la pandemia de COVID19.
«El acceso a la justicia, recursos y reparación se ha convertido en una lucha generacional plagada de obstáculos», afirmó Joseph Purugganan, de Focus on the Global South y de la Asian Task Force por el Tratado Vinculante. Continuó diciendo que «frente a las asimetrías de poder que imperan en la mayoría de los países, la protección de las personas y comunidades afectadas mediante el establecimiento de mecanismos sólidos de acceso a la justicia y la reparación debe ser una prioridad de este proceso».
Hugo Barretto, asesor de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), recordó que la Campaña Global aboga por “un Tratado ambicioso y eficaz con normas vinculantes en materia de derechos humanos para las empresas transnacionales y sus eslabones de las cadenas globales de producción, que son en gran medida responsables de la crisis climática y de la biodiversidad, la explotación laboral y los niveles históricos de desigualdad existentes. Estas reprochables conductas ponen en riesgo el futuro de la humanidad y del planeta.”
Raffaele Morgantini, del CETIM y coordinador de la Campaña Global en la ONU, explicó que “algunos Estados del bloque de países del mundo occidental y representantes del sector empresarial defendieron reiteradamente la pertinencia de los marcos voluntarios existentes e intentaron incluso proponer sin éxito alternativas al Tratado Vinculante, como parte de una estrategia liderada por EEUU para diluir el proceso y fomentar la adopción de nuevos marcos inservibles. No obstante, la necesidad de dar un paso importante hacia adelante y encontrar formas innovadoras de cerrar las lagunas legales que aún existen a nivel internacional se hizo sentir con fuerza abrumadora durante toda la semana. También cabe destacar que varios Estados reconocieron la importancia de la participación de la sociedad civil y el valor de nuestras propuestas.”
Sin embargo, hay cierta inquietud porque se corre el riesgo que el proceso pierda transparencia. Erika Mendes, de JustiçaAmbiental/Amigos de la Tierra Mozambique manifestó que eso puede ocurrir específicamente «en el futuro inmediato de las negociaciones que proseguirán en el período entre sesiones a través del llamado ‘Grupo de Amigos de la Presidencia’. Reclamamos que la nueva metodología de negociación entre Estados garantice la participación social, asegurando que se escuche y tenga en cuenta la voz de las comunidades afectadas. Al mismo tiempo, instamos al Presidente Relator y a los Estados a proteger el proceso de la influencia indebida de poderosos actores empresariales corporativos que, en lugar de respetar los derechos humanos, ejercen presión para que se protejan sus intereses económicos particulares.”
Fernanda Melchionna, diputada federal del Congreso Nacional de Brasil y parte de la Red Interparlamentaria Global (GIN) en apoyo del Tratado Vinculante declaró: «La lucha por un Tratado Vinculante de la ONU que regule el poder de las empresas transnacionales y sitúe los derechos humanos y medioambientales por encima del poder empresarial es una lucha estratégica y fundamental para el mundo. El papel de la Campaña Global para no permitir que los países eliminen la esencia del texto demuestra que la sociedad civil, las poblaciones afectadas y los movimientos sociales tienen un papel fundamental que desempeñar en el proceso.»
La Campaña Global seguirá firme en su compromiso para garantizar que el proceso mantenga el espíritu y ambición de la Resolución 26/9. Con ese fin, la Campaña Global se movilizará a nivel nacional para asegurar que los gobiernos de nuestros países participen activamente en las negociaciones, en función de y representando las necesidades y aspiraciones de las mayorías sociales y el pueblo de cada país.
Noviembre 1, 2021, Ginebra
NOTA PARA LOS EDITORES
Para más información o para entrevistas puede ponerse en contacto con:
Sol Trumbo Vila, Email: soltrumbovila[a]tni.org
Julia García, +55 71 9246-2696 Email: facilitation[a]stopcorporateimpunity.org
La Campaña Global para Recuperar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (Campaña Global) es una red de más de 250 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), sindicatos y comunidades afectadas por las actividades de las empresas transnacionales (ETN), que representan a 260 millones de personas en todo el mundo. https://www.stopcorporateimpunity.org
Esta ronda de negociaciones está revisando el tercer borrador del tratado vinculante, publicado el 17 de agosto de 2021, que se enmarca en el proceso de negociación iniciado en 2014 con la adopción de la Resolución 26/9 por parte del Consejo de Derechos Humanos. Información de la ONU sobre el mandato del OEIGWG.
La campaña global publicó esta declaración en septiembre de 2021 en respuesta a la publicación del tercer proyecto revisado.
La red interparlamentaria global de apoyo al Tratado Vinculante es una red mundial de parlamentos nacionales y miembros del Parlamento Europeo que apoyan el Tratado Vinculante de la ONU.
