Foto: El espectador
Innumerables formas de violencia han sufrido las comunidades rurales en el marco del conflicto armado, una de las más graves es el desplazamiento forzado, que despoja a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de un elemento fundamental de su identidad y existencia: la tierra. Este fenómeno, que a lo largo del conflicto armado ha provocado 8 millones de víctimas, no ha cesado con la firma del Acuerdo de Paz y, por el contrario, se mantiene al alza.
Según el informe presentado en 2019 por el Observatorio Global del Desplazamiento Interno (IDMC), el conflicto armado ha causado alrededor de 5,6 millones de personas desplazadas internas (PDI), pero según el Registro Único de Víctimas (RUV), el acumulado histórico desde 1985 hasta el 2019 se acerca a los 8 millones de personas.
Colombia es el segundo país en el mundo con mayor desplazamiento forzado a causa del conflicto, solo por debajo de Siria. Esto refleja la dimensión de la herida que ha dejado la violencia en el país, la cual afecta principalmente a los habitantes de las zonas rurales y entre estos a las mujeres y a los grupos étnicos, quienes terminan generalmente en las ciudades bajo condiciones precarias cercanas a la miseria.
Según informa la Procuraduría[1], los homicidios de personas vinculadas a procesos de restitución de tierra han aumentado gradualmente desde la firma del Acuerdo de paz. Paralelamente, el desplazamiento forzado se ubica como el hecho victimizante que más ha aumentado desde que se firmó la paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, reveló en marzo de este año un dato escandaloso: cada 30 minutos un colombiano tiene que abandonar su hogar para huir del conflicto. Esto traducido en cifras representa 102 eventos de desplazamiento forzado que han afectado a 44.290 personas en el primer semestre de 2021. En el mismo período de tiempo de 2020 se presentaron 51 eventos y 13.912 víctimas según la Defensoría del Pueblo, lo que indica que el número de víctimas ha incrementado en un 218% este año. El 90% de los eventos han ocurrido en zonas rurales.
El caso más dramático es el de Ituango, donde se presenta un éxodo de 4.099 personas que tuvieron que desplazarse debido a amenazas de muerte para que abandonaran el territorio. Las amenazas estaban precedidas por el aumento en los asesinatos cometidos por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC en el municipio.
Esta comunidad ha sufrido reiteradamente el acoso para desalojar sus tierras por parte de intereses económicos que buscan explotar el territorio; de hecho, entre el 60% y el 70% del territorio está abierto a concesiones minero-energéticas, tanto de explotación de metales preciosos como oro, plata y platino.
Según Isabel Cristina Zuleta del Movimiento Ríos Vivos, hay coincidencias entre las áreas donde los grupos ilegales han generado desplazamiento forzado y las zonas de concesión minera donde multinacionales principalmente canadienses y chinas tienen intereses. Algo que ya se ha visto con anterioridad con el proyecto Hidroituango, donde en la zona que hoy afecta el proyecto se presentaron amenazas, desplazamientos y masacres. “Lo que sabemos es que en Ituango hay una nueva amenaza que son los intereses mineros. Hay múltiples multinacionales mineras con títulos en el territorio y podemos prever que se van a repetir las situaciones relacionadas con el despojo de la tierra para estos intereses económicos”.
Pero, como si fuera poco, esta zona es una ruta natural del narcotráfico ya que se encuentra ubicada entre la zona de mayor producción que el suroccidente del país y unas zonas de gran tráfico y salida como lo son la región del Urabá y la Costa Caribe.
La atención del Gobierno Nacional a las víctimas de estos hechos es precaria. Muchas veces las autoridades locales disponen de albergues para recibir a las personas desplazadas, pero se trata de sitios con poco adecuamiento, condiciones insalubres, insuficiencia de baños o hacinamiento. En algunos municipios los albergues están vacíos pues “las familias tienen miedo de que les hagan seguimiento, las identifiquen y amenacen”.
Las esperanzas de retorno a la tierra que generó la firma del Acuerdo de Paz se han esfumado bajo la administración Duque, que no ha cumplido con las medidas de acceso a tierra contempladas en el punto 1 del Acuerdo y que tampoco ha cumplido con su obligación de brindar garantías de seguridad a las comunidades.
[1] Procuraduría General de la Nación(2018), Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia. Ver: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/180710_Violencia%20sistematica-contra%20defensores-derechos-territoriales.pdf
