La queja demanda, entre otras cosas, a los mecanismos pertinentes de la ONU a que instan al gobierno peruano a cesar las acciones represivas y las ejecuciones de manifestantes, a liberar con efecto inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, o a garantizar que las y los responsables de estas violaciones sean debidamente identificados y sancionados y que las personas afectadas tengan acceso a la justicia y a la reparación.