Europa cuenta hoy con unos 9 millones de explotaciones agrarias, frente a los 15 millones de 2003, y la edad media de los agricultorxs es de 57 años. Luchan por acceder a las semillas, la tierra, el agua y el mercado. Las políticas públicas priorizan los intereses del mercado y los beneficios empresariales sobre los derechos humanos y la alimentación de la población.
Nosotros, los Movimientos Sociales del Campo, Aguas y Bosques, articulados en La Vía Campesina Brasil, reunidos en Brasilia del 17 al 19 de marzo de 2024, manifestamos públicamente nuestro total repudio al Acuerdo Unión Europea – Mercosur. El Acuerdo en cuestión representa un retroceso para Brasil y para los países del Mercosur en el ámbito del desarrollo socioeconómico, así como un ataque frontal a la soberanía de nuestros países.
El CETA amenaza a las pequeñas y medianas granjas ganaderas de Italia; los riesgos de un mayor refuerzo económico (y, por tanto, decisorio) de un único grupo industrial sobre todo el sector lácteo; la competencia desleal entre los productos importados, especialmente los cereales; el impacto sobre los productos italianos aún certificados “libres de OMG”, que pueden estar contaminados por semillas y materiales reproductivos importados de Canadá.
Los miembros de La Vía Campesina en Asia se han unido a otras organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales para hacer un llamamiento a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se reunirá en Abu Dhabi del 26 al 29 de febrero de 2024. El camino a seguir para el Sur es un camino fuera de la OMC. Un marco comercial mundial alternativo basado en los principios de soberanía alimentaria, justicia social, solidaridad e internacionalismo es ahora más urgente que nunca”, subrayaron.
En un comunicado de prensa emitido el 27 de febrero, la Coordinadora Europea Vía Campesina exigió la obligación a nivel de la UE de garantizar que los precios pagados a lxs agricultorxs cubran los costes de producción, incluyendo una renta digna por el trabajo de lxs agricultorxs y trabajadorxs agrícolas y sus cotizaciones a la seguridad social. Debe aplicarse un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria.
El libre comercio ya ha terminado. El orden mundial desigual creado por el libre comercio también ha terminado. La conferencia ministerial de la OMC, atrapada en la gloria pasada, debería detenerse inmediatamente. El mundo occidental presiona a los países en desarrollo para que supriman las subvenciones nacionales a la agricultura, alegando que distorsionan el comercio. Llamativamente, no hubo ni una sola mención a la reducción de las ayudas internas (a las explotaciones agrícolas de las empresas) en sus propios países.
Está previsto que la 13ª Reunión Ministerial de la OMC comience el 26 de febrero, e India ha sido uno de los principales defensores de las cuestiones vitales de la ayuda interna y los programas de almacenamiento público (PSH) que desean emprender los países en desarrollo y menos desarrollados. Lxs agricultorxs también han pedido al gobierno que defienda todos los programas de ayuda interna.
Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) revelan que la tasa de autosuficiencia de cereales de Corea descendió al 19,3% en 2020, lo que supone la primera vez que cae por debajo del umbral del 20%. En contraste, esta tasa se situaba en el 30,9% en 2000, lo que indica un cambio significativo hacia las importaciones de grano, que ahora constituyen el 80% del consumo nacional.
El SPI evalúa que Indonesia se encuentra en una situación desesperada al depender cada vez más de las importaciones de alimentos. Especialmente en el caso del arroz, la importación de 3,3 millones de toneladas en 2023 fue la mayor importación de arroz realizada por el gobierno en los últimos 25 años, desde 1998. Las importaciones de arroz en 2023 aumentaron un 613,61% en comparación con 2022. Una carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales de los 90 animó a Indonesia a abrir su mercado alimentario a las importaciones extranjeras.
Durante más de una década, la incapacidad de esta institución para alcanzar un consenso sobre una solución duradera para las existencias públicas de alimentos, a pesar de que más de 80 países en desarrollo han presentado propuestas detalladas, ilustra claramente su alineación con los intereses de los Estados Unidos y otros países fuertemente orientados a la exportación.
