“Europa cuenta hoy con unos 9 millones de explotaciones agrarias, frente a los 15 millones de 2003, y la edad promedio de los agricultorxs es de 57 años. Luchan por acceder a las semillas, la tierra, el agua y el mercado. Las políticas públicas priorizan los intereses del mercado y los beneficios empresariales sobre los derechos humanos y la alimentación de la población”. Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC. )

La novena legislatura del Parlamento Europeo comenzó en 2019 en un ambiente de esperanza y grandes ambiciones. La llegada del Pacto Verde, la Estrategia “de la granja a la mesa” y, en particular, los objetivos conexos parecían albergar la promesa de un avance hacia sistemas alimentarios sostenibles. Sin embargo, en los últimos dos años, estas políticas se han visto despojadas de ambición y contenido sustantivo, en medio de la incertidumbre y el miedo. La situación política mundial y las políticas públicas europeas se han visto sacudidas por guerras, catástrofes climáticas y crisis sociales, sanitarias y económicas, caracterizadas por un discurso político cada vez más simplista, populista y polarizado, que ha llevado al auge de la extrema derecha en muchos países. A ello se suma la presión de las instituciones europeas hacia falsas soluciones como la agricultura de carbono y los transgénicos. La cuestión que se plantea en este contexto es si queremos que la UE sirva a los intereses de los ciudadanos o de las empresas.

Los agricultores de la UE salen a la calle desde enero de 2024 para exigir precios justos, el fin de los Tratados de Libre Comercio, una PAC más justa y una reducción de las cargas administrativas para los agricultores. Este manifiesto se publica en medio de las propuestas y votaciones de la UE, por lo que no se pueden sacar conclusiones rápidas. Sin embargo, los elementos sobre la cadena de valor son prometedores y deben convertirse en acciones concretas. Del mismo modo, las propuestas sobre simplificación de la burocracia no pueden aplicarse sin abordar los enormes retos climáticos y medioambientales de nuestro tiempo. También en este caso es crucial garantizar que se de prioridad a los intereses de los agricultores y los ciudadanos.

El impacto en la agricultura y la alimentación ha sido considerable en un contexto ya de por sí incierto. Europa cuenta hoy con unos 9 millones de explotaciones agrícolas, frente a los 15 millones de 2003, y la edad media de los agricultores es de 57 años. Luchan por acceder a las semillas, la tierra, el agua y el mercado. Las políticas públicas priorizan los intereses del mercado y los beneficios empresariales sobre los derechos humanos y la alimentación de la población.

“Los límites del sistema actual, de la creciente industrialización de la agricultura (sobre todo en la ganadería) y de los engañosos mecanismos de subvención de la PAC son cada vez más evidentes. La biodiversidad se desploma, los suelos se deterioran, el cambio climático se acelera y los agricultores son los primeros en pagar las consecuencias.“

Sin embargo, frente a todo esto, los campesinxs siguen aportando soluciones y esperanza a las poblaciones. Siguen cultivando concretamente un modelo agrícola alternativo, más resiliente, basado en la soberanía alimentaria y la agroecología campesina. Este modelo es capaz de alimentar a todos los ciudadanxs, gracias a un enfoque social que permite hacer frente a múltiples crisis sistémicas y se adapta mejor a las realidades únicas de cada territorio europeo.

Este tipo de agricultura a pequeña escala solo es posible con un gran número de explotaciones y unas buenas condiciones de vida y de trabajo para los agricultorxs y los trabajadorxs agrícolas de toda Europa. Las políticas deben apoyar a los agricultorxs actuales y permitirles la transición hacia modelos sostenibles. Estas políticas deben fomentar la renovación generacional para que más personas y más jóvenes puedan acceder a la profesión.

Debemos tender puentes de solidaridad y entendimiento entre las zonas urbanas y rurales y deconstruir la actual retórica polarizadora. Debemos mostrar solidaridad con el resto del mundo y abordar la cuestión de un comercio agrícola internacional más justo.

En un contexto de levantamiento agrícola en toda Europa, existen claras demandas de precios y mercados agrícolas más justos y mejores condiciones laborales. Las elecciones europeas de junio de 2024 deben permitir a nuestros responsables organizar una transición de los sistemas agrícolas y alimentarios basada en esta visión de la soberanía alimentaria.

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