¿Se está democratizando el acceso a tierra en Colombia?
El subpunto 1.1. del Acuerdo de Paz consagra mecanismos de acceso a tierra en beneficio de campesinxssin tierra o con tierra insuficiente, principalmente, mediante procesos de adjudicación de predios y formalización de derechos. Así, se ha previsto, por un lado, formalizar 7 millones de hectáreas en 10 años, priorizando áreas como las relacionadas con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y, de otro lado, adjudicar 3 millones de hectáreas en los primeros 12 años de gestión del Fondo de Tierras.
No obstante, la implementación avanza a paso lento. Transcurridos los primeros 4 años de implementación, la Agencia Nacional de Tierras – ANT, entidad encargada de adelantar los procesos de formalización y adjudicación, reporta la formalización de 1´966.691 hectáreas, sin embargo, debe tenerse presente que 1´055.000 de estos predios fueron entregados y registrados antes de la firma del Acuerdo de paz. Deben excluirse los predios formalizados con anterioridad a la implementación del Acuerdo, lo que reduce la cifra de formalización a 913.548 hectáreas y, además, evidencia la pretensión de inflar cifras sobre el cumplimiento del Acuerdo. Esta cifra de formalización es muy baja respecto al ritmo de implementación necesario para cumplir con la meta establecida: se deberían formalizar cerca de 700.000 hectáreas anualmente.
El 65,2% de los beneficiarios de los procesos de formalización son hombres y un 31.6% mujeres. También es interesante resaltar que el 93,3% de las tierras formalizadas corresponde a títulos colectivos de comunidades negras y constitución/ampliación de resguardos indígenas; asimismo, sólo el 14% de las hectáreas formalizadas se encuentran en municipios focalizados para la implementación del Acuerdo.
En lo que respecta al proceso de adjudicación, la ANT presenta el ingreso de cerca de un millón de hectáreas al Fondo de Tierras; sin embargo, si se contabilizan estrictamente aquellas hectáreas disponibles para ser redistribuidas, en las cuales la condición de adjudicación no tiene restricciones o está determinada, esta cifra se reduce en un 90%, ya que sólo 2.253 predios, correspondientes a 96.471,1 hectáreas cumplen con esta condición[1]. Esto evidencia, de nuevo, la pretensión gubernamental de inflar las cifras de cumplimiento del Acuerdo, pues sólo se debe reportar el ingreso de predios que tienen la disponibilidad de ser entregados a campesinxs sin tierra, es decir, el Fondo de Tierras realmente dispone de 96.471,1 hectáreas.
De igual forma, el Gobierno de Colombia está contabilizando predios baldíos y del Fondo Nacional Agrario como tierras disponibles para redistribución; sin embargo, se trata de predios con ocupación previa, los cuales no pueden ser adjudicados y sobre los que se deben surtir procesos de formalización de derechos. Es decir, se trata de casos en los que se debe formalizar la propiedad y que pueden alimentar la meta de siete millones de hectáreas formalizadas, pero que no representan un cumplimiento del compromiso de entregar tierras.
La Procuraduría General de la Nación señala que se han adjudicado 8.143,7 hectáreas. Es importante resaltar que esta cifra responde a compras directas y subsidios integrales, es decir, no ha habido adjudicación sin ocupación previa. De igual forma, el organismo de control indica que sólo el 6.6% de las hectáreas adjudicadas por compra directa corresponden a municipios priorizados para la implementación del Acuerdo.
Ahora bien, si se parte de las cifras que presenta la ANT respecto al Fondo de Tierras (en las cuales no se considera la condición de adjudicación de los predios), se tiene que un 52,2% de las hectáreas ingresadas al Fondo se encuentran en municipios donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, mientras que un 47,8% en zonas no priorizadas. De igual forma, se puede apreciar que 8 de las 16 subregiones PDET[2] registran cada una menos del 1% de las hectáreas que han ingresado al Fondo de Tierras.
Como se observa, el Gobierno está inflando las cifras de cumplimiento del punto 1 del Acuerdo y no se está avanzando en la democratización del acceso a la tierra en el país. Adicionalmente, las gestiones que adelanta el Gobierno no se están enfocando en las zonas priorizadas para la implementación, como los municipios PDET, lo que desconoce el principio de priorización establecido en el Acuerdo.
Foto: El País
[1] Procuraduría General de la Nación (2021). Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el acuerdo de paz.
[2] Las 8 subregiones referidas son: Catatumbo, Pacífico Medio, Sur del Tolima, Chocó, Putumayo, Pacífico y Frontera Nariñense, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Sur de Córdoba