"Es inaceptable la injerencia que el Banco Mundial promueve para ejercer programas de política agraria en nuestros países, cuyas consecuencias son la liberación de los mercados y la extensión de los planes de ajuste estructural, lo que los ha llevado a la extrema pobreza. Ese escenario genera la mercantilización de los servicios básicos y de la tierra, del agua y de la biodiversidad; disminuyendo el papel del Estado dejan ese control en manos de la oligarquía financiera". Esa es la posición defendida por el nicaragüense Fausto Tórrez en este segundo Foro Tierra, Territorio y Dignidad.

Tórrez es dirigente de la Campaña Global por la Reforma Agraria de la Vía Campesina, que se contrapone a la reforma agraria de mercado vendida e implementada por el Banco Mundial en varios países de todos los continentes. La organización defiende el principio de la propiedad social de la tierra, donde se democratice la estructura agraria y los pueblos tengan su soberanía alimentaria garantizada.

Implementada por el Banco Mundial en cerca de 30 países en desarrollo, su política tiene como lema: ‘‘aliviar la pobreza rural''. Los resultados de diversas investigaciones y experiencias en naciones como Colombia, Brasil, Sudáfrica, Guatemala y Tailandia, muestran sus problemas y demuestran que el proyecto no alivia la pobreza y endeuda a los campesinos.

Según el estudio realizado por la Red de Investigación Popular, constituida por las organizaciones de la Vía Campesina, los proyectos agrarios del Banco Mundial benefician a los grandes propietarios de tierras, que son pagados por mantener áreas improductivas, consideradas reservas de valor. La iniciativa viola la Constitución Federal, que determina la desapropiación de tierras improductivas.

Ângela Vargas
Minga Informativa

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