Programas de Desarrollo Territorial, una paz sin comunidades en Colombia
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET son concebidos por el Acuerdo como instrumentos de planificación participativa del territorio para implementar de manera prioritaria los componentes de la Reforma Rural Integral – RRI. Se ha avanzado en el diseño de los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR en cada una de las 16 sub-regiones PDET; sin embargo, las organizaciones sociales han denunciado graves limitaciones a la participación.
Para la fase de formulación de los PDET se desarrolló un amplio ejercicio participativo, cerca de 220 mil personas incidieron. Sin embargo, una vez finalizados los procesos de construcción, las comunidades no volvieron a ser convocadas ni escuchadas. Así, por ejemplo, la exclusión del proceso de implementación llevó a las organizaciones de la subregión Alto Patía Norte de Cauca, a conformar una veeduría regional para vigilar la implementación de las iniciativas.
De igual forma, se ha señalado que la implementación de estos programas se ha reducido a la construcción de obras de infraestructura, cuya priorización no contó con el aval de las comunidades. Líderes sociales han señalado que ¨el PDET se convirtió en obras. En puentes sin participación comunitaria, en infraestructura que es una lista de mercado. No tienen nada que ver con la transformación regional de los territorios y no reconoce el abandono histórico del Estado en las regiones¨[1].
En el 2020, debido a las medidas de aislamiento obligatorio para mitigar efectos de la pandemia, el Gobierno decidió realizar encuentros virtuales para seguir con la implementación de los PDET. En el marco de estas sesiones se decidió la institucionalización de las ¨mesas de impulso¨ por cada uno de los 8 pilares del PDET por subregión, a cuya luz se definieron planes de trabajo a 2021, siendo su objetivo hacer seguimiento a la implementación de los PDET. Sin embargo, no se tiene información respecto a la participación de las comunidades rurales y su capacidad de incidencia en estos espacios.
Se ha señalado que la política de ¨Paz con Legalidad¨ de Duque pretende desconocer los espacios de participación comunitaria, y articular los PDET con estrategias militares de control territorial, como las Zonas Estratégicas de Intervención Integral – ZEII o ¨zonas futuro¨.
Con las Zonas Futuro el objetivo es promover una política de seguridad centralizada que desconoce el enfoque territorial. Es una nueva lógica de intervención estatal caracterizada por el militarismo, con la que se busca el reforzamiento de la presencia del Ejército en regiones donde persisten la confrontación armada, cultivos ilícitos y débil presencia institucional.
En 2020, las organizaciones sociales presentaron una tutela para evitar que las Zonas Futuro se implementaran en los territorios PDET, la cual fue negada por el Consejo de Estado, corporación que sostuvo que la implementación de las Zonas Futuro debía darse de forma armónica con los propósitos establecidos por el Acuerdo para los PDET.
En razón a lo anterior, el Gobierno de Duque creo un instrumento denominado Hoja de Ruta Única – HRU, a fin de ¨articular¨ todos los instrumentos de planeación que se ejecuten en el marco de la implementación del Acuerdo. A la fecha han sido aprobadas las HRU de Catatumbo, Sur de Bolívar y Sur de Córdoba (en las que no se identifican instancias de participación social); en las 13 subregiones PDET restantes continúa el proceso de construcción de dichos instrumentos. El gobierno no ha determinado una fecha para la finalización de todas las HRU.
El componente FARC del Componente de Seguimiento a la implementación, ha señalado que las HRU no son un instrumento que ofrezca el direccionamiento de implementación estratégica de las iniciativas priorizadas por las comunidades. Tanto este instrumento como las mesas de impulso advierten limitaciones sobre los términos de la participación y la capacidad incidente de las organizaciones en la implementación de las iniciativas priorizadas[2].
En materia de financiación, las principales fuentes de las obras PDET son los recursos públicos de los municipios, recursos del gobierno nacional, de cooperación internacional y de las empresas privadas. Mediante el mecanismo ¨Obras por impuestos¨, las empresas privadas pueden financiar obras para pagar parcialmente el impuesto sobre la renta en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC, dentro de las que se encuentran los municipios PDET.
El punto 1 del Acuerdo reconoce que la amplia participación de las comunidades es una garantía para la efectividad y buen desarrollo de la RRI, por lo que dispone la creación de espacios en los que se asegure la participación e incidencia de las comunidades en la planeación, ejecución y seguimiento de los planes. Pese a lo anterior, los proyectos financiados mediante ¨Obras por impuestos¨ son ejecutados directamente por las empresas y no contemplan mecanismos de participación e incidencia de las poblaciones.
Es importante resaltar que la implementación de la RRI debe girar alrededor de 8 pilares o ejes temáticos: i) ordenamiento social de la propiedad; ii) infraestructura y adecuación de tierras; iii) salud; iv) educación; v) vivienda y agua potable; vi) reactivación económica; vii) derecho a la alimentación y viii) reconciliación y convivencia. Pese a esto, la mayoría de los proyectos del programa ¨Obras por impuestos¨ están relacionados con la construcción y mejoramiento de vías terciarias y la construcción de infraestructura de energía, acueducto y alcantarillado, lo que implica un desbalance entre los pilares y se deja de lado una visión más integral del desarrollo territorial[3].
Los PDET que viene implementando el Gobierno Duque son una deformación de los PDET concebidos en el Acuerdo de Paz, que reconoce la participación social y comunitaria como elemento fundamental de la implementación y la transformación territorial. Las comunidades señalan la frustración de no ser tenidas en cuenta en la implementación de los PDET y de que estos programas sean reemplazados por estrategias de intervención militar como las Zonas Futuro.
[1] El Espectador. (24 de noviembre 202) ¨Los PDET están divorciados del Acuerdo de Paz¨: los reclamos de las comunidades. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/los-pdet-estan-divorciados-del-acuerdo-de-paz-los-reclamos-de-las-comunidades/
[2]Centro de Pensamiento y diálogo político CEPDIPO (2021) Revista a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC EP.
[3] Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC (2021) Octavo Informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de: https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/864-octavo-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia.html