Los balances de implementación del Acuerdo de Paz realizados por diferentes instituciones y organizaciones sociales han evidenciado la falta de voluntad política para la materialización de lo pactado y los constantes incumplimientos por parte del Gobierno colombiano, principalmente frente a la Reforma Rural Integral.
En materia de implementación normativa, las cifras indican que aún se requiere el trámite legislativo del 38% de las normas necesarias para desarrollar el Acuerdo, esto quiere decir que aún deben diseñarse 82 instrumentos. El punto que más atraso presenta es la Reforma Rural Integral – RRI: de un total de 36 normas requeridas aún están pendientes 21.
El único avance que se presentó durante el segundo semestre del 2020 es la radicación del proyecto de Ley para la creación de la jurisdicción agraria, el cual se encuentra en trámite y ya fue aprobado en segundo debate en el Congreso. Hay un retraso considerable en la creación de esta jurisdicción, pues estaba incluida en el paquete de normas de implementación prioritaria y que se debían aprobar durante el primer año de implementación.
Se resaltan también los retrasos en la creación de 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral – PNRRI. Los PNRRI debían aprobarse en su totalidad en la fase de implementación temprana en 2018; sin embargo, a la fecha sólo se han aprobado 9 de ellos.
En materia de financiación, se tiene que del total de recursos del componente Asignación Paz del Ocad Paz[1], el cual debe dirigirse exclusivamente a municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, un 68% se están destinando por fuera de los municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz. Es preocupante que del año 2019 al 2020 se registre una disminución del 14% en la cantidad de recursos aprobados por OCAD Paz. Debe resaltarse que, del total de proyectos de inversión aprobados por OCAD Paz en municipios PDET desde el 2017, apenas el 5,7% se han terminado[2].
Al respecto, se ha llamado la atención sobre la baja ejecución de los recursos destinados a la paz: en ninguno de los años de implementación se ha ejecutado el 100% de los recursos destinados por año y sólo se llega hasta el 65% de ejecución. De seguir este ritmo, la implementación podría durar 25 años, es decir 10 años más de lo previsto[3].
La implementación del punto 1.1. de la RRI requiere de cuatro proyectos principalmente: acceso a tierras, Ordenamiento Social de la propiedad, Formalización y regularización, los cuales han estado desfinanciados con déficit presupuestal de más del 50% durante los últimos tres años[4].
Las cifras sobre formalización y adjudicación de predios también son críticas. En los primeros 4 años de implementación sólo se han formalizado 913.548 hectáreas, la cual es una cifra muy baja respecto al ritmo de implementación necesario para cumplir con la meta establecida en el Acuerdo: se deberían formalizar cerca de 700.000 hectáreas anualmente. En lo que respecta al Fondo de Tierras, las cifras indican que sólo se han adjudicado 8.143,7 hectáreas, las cuales, debe resaltarse, se han entregado mediante compras directas y subsidios integrales[5], lo que implica que no se está promoviendo la desconcentración y democratización del acceso a la tierra.
La Agencia Nacional de Tierras – ANT debe adelantar procesos agrarios para alimentar el Fondo de Tierras. Actualmente hay inventariados 37.041 procesos de este tipo, los cuales tienen el potencial de impactar aproximadamente 1.547.115 hectáreas. No obstante, las gestiones que adelanta la entidad no están focalizadas en los municipios priorizados para la implementación del Acuerdo: sólo el 6.4% de los procesos agrarios se adelantan en zonas PDET.
El Registro Único de Sujetos de Ordenamiento – RESO, es el instrumento mediante el cual se identifican los beneficiarios de los mecanismos de acceso a tierras. A la fecha se han recibido 71.512 solicitudes de inscripción al RESO, de las cuales el 37.3% se encuentran inscritas, y el 62.7% restante se encuentran pendientes de valoración. Apenas a un 2% de las solicitudes ya inscritas se les ha materializado el derecho de acceso a tierra, de las cuales el 44% son mujeres y el 56% hombres.
En lo que respecta al Catastro Multipropósito, se resalta que el Gobierno Colombiano ha establecido la meta de contar con la actualización catastral de 650 municipios (entre ellos los 170 PDET) para 2022, con el objetivo de llegar al 100% en el 2025. Esto implica aplazar dos años más el plazo inicial de siete años establecido en el Acuerdo Final para concretar la formación y actualización del catastro rural (2023)[6].
Finalmente, debe resaltarse la preocupación frente a las maniobras dilatorias que ha empleado el Gobierno para no atender las solicitudes de constitución de Zonas de Reserva Campesina – ZRC.
El Acuerdo reconoce las ZRC como iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, y consigna el compromiso gubernamental de promover el acceso a tierra en las ZRC. Pese a esto, las autoridades no han sido diligentes en la resolución de las solicitudes de constitución de ZRC, hasta el punto de que haya solicitudes pendientes desde hace 10 años.
Desde el 2010 se han presentado 19 solicitudes, de las cuales sólo culminó con la constitución una ZRC en la Región de Montes de María, en abril de 2018. La situación es tal que, en enero de 2021, un juez de tutela[7] tuvo que ordenar a la entidad encargada dar respuesta a las solicitudes de conformación de las ZRC de Sumapaz, Güejar-Cafre y Losada-Guayabero, las cuales habían sido presentadas desde el 2011 y, pese a cumplir con los requisitos, no han podido ser constituidas, pues el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras ha empleado acciones dilatorias para no responder a las solicitudes de las organizaciones campesinas.
[1] El OCAD Paz es el órgano colegiado de administración y decisión, destinado para la aprobación de proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.
[2] Senadores y Representantes (2021) ¿En qué va la paz? Las cifras de la implementación. Recuperado de: https://883ff833-f600-42c2-9780-e8c06ea212bb.usrfiles.com/ugd/883ff8_53ef3dd5bd764c139be002b0d6cd1f46.pdf
[3] PARES (2021) Seguridad en tiempos de pandemia. Legados de guerra y crimen organizado en Colombia.
[4] Procuraduría General de la Nación (2021) Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el acuerdo de paz. Recuperado de: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe%20sobre%20Acceso%20y%20Uso%20de%20la%20Tierra%20Def%2007_01_2021.pdf
[5] Procuraduría General de la Nación (2021). Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el acuerdo de paz
[6] Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC (2021) Octavo Informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Recuperado de: https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/864-octavo-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia.html
[7] Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y medidas de seguridad. (08 de enero de 2021) Tutela con número de Radicado: 11001318700820200007701. Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/01/FALLO-TUTELA-ZRC-PRIMERA-INSTANCIA.pdf
