Persiste la violación de DD.HH. bajo el gobierno Duque #AcciónUrgenteColombia

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¨Sentimientos de impotencia y dolor por lo que están viviendo las comunidades¨, esa es la conclusión de uno de los participantes de las Misiones humanitarias que han desarrollado organizaciones sociales y colectivos de DD.HH. en Colombia. En el marco del confinamiento decretado por el gobierno nacional para afrontar la pandemia del Covid19, se ha profundizado de forma inusitada la violencia a la que están sometidas las poblaciones rurales del país, quienes son víctimas del accionar de grupos armados legales e ilegales por igual.

Algunas cifras permiten entender la dimensión de la situación: 971 personas líderes sociales y defensoras de DD.HH. y 211 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz; 10.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado sólo en los primeros 3 meses del año; 7.300 personas han sido confinadas por grupos armados ilegales; más de 100 personas son víctimas de minas antipersonal. También se presentan algunos hechos que parecen confirmar la permanencia de los ¨falsos positivos¨ como una política del Estado.

Duque ni se inmuta frente al ciclo de la violencia que se recicla bajo su gobierno; antes bien, parece atizarlo. Manda sus tropas a arrasar con los cultivos de las y los pequeños campesinos, no sólo los cultivos de uso ilícito, también sus cultivos de pan coger, también quemar sus casas, matar su ganado y sus gallinas, también violar mujeres y niñas.

En los casos de protestas frente a los operativos de erradicación forzada el ejército dispara a mansalva, sin importar que se trate de comunidades desarmadas, ni que se arriesgue la vida de los campesinos. Ya son varios los asesinados, muertes que se hubieran podido evitar si el gobierno tuviera la disposición de instalar mesas de diálogo y concertación, una de las exigencias de las comunidades. Es evidente que la estrategia de despojo de tierras sigue vigente bajo el gobierno de Duque.

En el 70,13% del total de casos de asesinatos de personas líderes sociales, las víctimas hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales, lo que refleja que la violencia se está produciendo con ocasión de conflictos agrarios por la tierra, territorio y recursos naturales. El 10% de los casos de homicidios se trata de personas relacionadas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o casos producidos por el abuso de autoridad en el marco de operativos de erradicación forzada.

De forma paralela a esta crisis humanitaria, continúa la política de simulación de cumplimiento del Acuerdo de Duque. Se conocen las pretensiones de la actual administración de limitar el cumplimiento del punto relativo al fondo de tierras, al simple registro de las hectáreas que ingresan al Fondo, sin considerar si efectivamente se entregaron predios a campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. En el mismo sentido, entidades del gobierno están presentando las cifras sobre formalización de la propiedad rural también como un cumplimiento del punto relativo a la entrega de tierras. Es necesario lanzar un llamado de alerta frente a estas modificaciones de facto del Acuerdo; en el punto 1 se establece que las y los campesinos deben ser beneficiarios de la entrega y formalización de 3 y 7 millones de hectáreas de tierra respectivamente. No se puede hablar de cumplimiento del Acuerdo si estas cifras no se cumplen.

La falta de voluntad política para promover los puntos relativos al acceso a tierra y ordenamiento social de la propiedad rural, demuestran que Duque desconoce la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria, así como su papel fundamental en el desarrollo del campo.  

Se hace un llamado a la comunidad internacional a rodear y proteger a las comunidades vulnerables del país, exigiendo a Duque que

• Reconozca la sistematicidad de los asesinatos de personas líderes sociales y defensoras de DD.HH.;
• Reconozca y detenga el genocidio contra el movimiento social que se produce bajo su mandato;
•  Adopte las acciones necesarias para que se detengan e investiguen las infracciones al derecho internacional humanitario y vulneraciones a derechos humanos que está realizando la Fuerza Pública,
• Brinde garantías de protección efectivas a las poblaciones de las zonas rurales del país, así como a las comunidades que adelantan procesos de erradicación voluntaria y son hostigadas por grupos armados ilegales;
• Detenga los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, así como los procesos de aspersión con glifosato;
• Detenga la militarización de los territorios, persiga a grupos paramilitares y demás grupos armados ilegales, que hostigan a la población;
• Implemente el Acuerdo de paz de buena fe, promoviendo la democratización y él acceso a la propiedad rural, garantizando la implementación efectiva de los enfoques transversales y respetando el espíritu de lo acordado.

Es necesario que se detenga todo tipo de violencia contra el pueblo colombiano, que el Gobierno de Duque realice un seguimiento responsable a los asesinatos y masacres ejecutadas y que detenga la criminalización de las y los campesinos que exigen la materialización de sus derechos y el cumplimiento del Acuerdo de paz.

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