Foto: Clavijo
La implementación de la Reforma Rural Integral no sólo avanza a paso lento, sino que las acciones que adelanta el gobierno para su implementación distan del espíritu de lo acordado y están orientadas a simular el cumplimiento del Acuerdo. Son varias las razones que permiten evidenciar esto:
Se está desconociendo la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria. Pese a que el Acuerdo Final reconozca el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la inactividad del gobierno para avanzar en la implementación de los sub puntos referentes al acceso a tierra y ordenamiento social de la propiedad rural demuestra que los intereses del gobierno de Duque son otros.
La Contraloría General de la República advierte que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene pretensiones de modificar el indicador establecido en el Plan Marco de Implementación para medir el cumplimiento del Fondo de Tierras, limitándolo al registro de las tierras que ingresan al Fondo. La pretensión de restringir el cumplimiento de este punto al registro de tierras que ingresan al Fondo sin considerar si se entregaron predios a las y los campesinos, constituiría una tergiversación de lo acordado y una modificación de facto del Acuerdo, pues la creación del Fondo de tierras tiene por objetivo entregar tierra a campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. No se puede hablar de cumplimiento del Acuerdo si esto no sucede.
Asimismo, el Acuerdo contempló 6 fuentes diferentes para alimentar el Fondo de Tierras, entre las que se contempla la extinción judicial de dominio o la recuperación de tierras inexplotadas; sin embargo, el gobierno sólo ha recurrido a bienes baldíos o que hacían parte del Fondo Nacional Agrario, por lo que no se está promoviendo la desconcentración ni la democratización del acceso a tierra.
Es de resaltar que las entidades gubernamentales difieren respecto al número de hectáreas que han ingresado al Fondo de Tierras. Así, mientras que la Consejería para la Estabilización y Consolidación registra el ingreso de 924.266 has al Fondo, la directora de la Agencia Nacional de Tierras afirma que han ingresado 557.000 has. Estos datos, además de confusos, impiden determinar el nivel de avance de la implementación del Fondo de Tierras ante la omisión de los datos de las hectáreas efectivamente entregadas. También se presentan divergencias en los datos aportados por el gobierno en materia de formalización de la propiedad rural: mientras la Agencia Nacional de Tierras sostiene que han sido formalizadas 1´900.000 has, la Consejería Presidencial afirma que han sido formalizadas 93.106 has[1].
Aun tomando cualquiera de las cifras aportadas por el gobierno en materia de formalización de la propiedad, no sería posible establecer si dichas hectáreas se formalizaron conforme programas de formalización anteriores al Acuerdo, debido a que aún no se ha implementado el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural establecido en el punto 1. No se puede establecer si los datos sobre formalización corresponden a políticas adelantadas en desarrollo del Acuerdo.
También se están presentando graves limitaciones a la participación de las comunidades. El Acuerdo del Teatro Colón reconoce la participación como un principio orientador de la implementación, sin embargo, el gobierno de Duque persiste en el desconocimiento de este principio. Esto se evidencia, por ejemplo, en que las medidas para el cierre de la frontera y protección de zonas de reserva fueron adoptadas sin que medien ejercicios participativos; los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) no utilizaron metodologías para garantizar la participación específica de mujeres y se omitieron los espacios de consulta previa con los pueblos étnicos.
Las comunidades han sido enfáticas en señalar la falta de participación en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Denuncian que el diálogo con las organizaciones sociales y comunitarias no se está dando, su participación se limitó a la etapa de planeación de los programas, pero una vez firmados los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) el proceso se detuvo y se interpretó que el papel de la ciudadanía finalizaba allí. El gobierno continuó en interlocución con las autoridades locales, pero el trabajo con las comunidades y sus delegados se paró, lo cual generó desconfianza. También, es necesario resaltar que el gobierno no está asignando los recursos necesarios para la implementación de los PDET: anualmente deben invertirse 4,6 billones, sin embargo, en el 2020 los recursos de las principales agencias involucradas en el proceso se redujeron entre un 10% y 20%.
Representa un avance en la implementación de los PDET la inclusión de estos programas en los Planes de Desarrollo Territoriales. Las autoridades locales de los 170 municipios PDET incluyeron más de 10.000 iniciativas (construidas con las comunidades en los procesos de formulación de los PDET) en los Planes de Desarrollo Territorial; lo que reafirma el compromiso de las autoridades locales por lograr la ejecución de estos programas en los territorios.
Debe resaltarse que, si bien el Acuerdo reconoce la importancia de la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, el gobierno de Duque es reacio a promover estos espacios. Así, por ejemplo, ha preferido enviar a la Fuerza Pública para que realice operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito antes que atender el llamado que hacen las comunidades para instalar mesas de diálogo y encontrar una solución al problema de los cultivos de uso ilícito que no implique la violencia y vulneración de derechos humanos; solicitudes cuya única respuesta ha sido el uso de la fuerza.
El Acuerdo dispuso una serie de instrumentos de planeación y ejecución de la Reforma Agraria Integral articulados entre sí, de suerte que el funcionamiento de un componente depende de los demás elementos; sin embargo, el proceso de implementación ha roto esta integralidad. Por ejemplo, la ausencia de los 16 Planes Nacionales de la RRI ha imposibilitado la articulación con los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que se tenía proyectada para los primeros 3 años de la implementación. De los 5 PNRRI aprobados (bajo el gobierno Santos), sólo los Planes de vías terciarias y adecuación de tierras son recogidos textualmente en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque. Otro elemento que atenta contra la integralidad del Acuerdo es el nulo avance en la implementación del PNIS, lo que puede afectar también la efectividad de las políticas que se adelanten en el marco de la RRI.
Asimismo, siguen pendientes los avances en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la creación de la jurisdicción agraria, creación de la Instancia de alto Nivel para la definición de lineamientos de uso del suelo y los mecanismos de concertación y diálogo social, lo que revela la complejidad inherente a la tramitación de los conflictos por la tierra y el territorio, así como la desidia institucional para imprimirle dinámica a las respectivas instancias[2].
Es claro que bajo el Gobierno de Duque ha operado un cambio en la noción del desarrollo rural de los territorios basado en la intervención integral y territorial del Estado hacia una perspectiva de seguridad y militarización de los territorios. Es esta la razón de que el pasado 1° de junio arribaran 50 militares estadounidenses a Colombia, cuyo accionar se va a centrar en Tumaco, Catatumbo y Chiribiquete, 3 de las 5 ¨Zonas Futuro¨ que viene implementando Duque, las cuales recogen un modelo de estabilización militarista y que se traslapan con las zonas que han sido priorizadas para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET planteados en el Acuerdo de Paz.
Se han presentado denuncias por parte de organizaciones campesinas y sociales, en las que informan que militares y autoridades locales están organizando reuniones en los territorios reconocidos como ¨zonas futuro¨ para involucrar a comunidades campesinas en acciones militares. Los procesos organizativos se pronunciaron frente a este tipo de actividades, que de ninguna manera son actos de reconciliación, ni de orden civilista, sino por el contrario son iniciativas de acción militar, que por lo tanto deben excluir a la población civil de su enfoque y de su accionar[3].
[1] Centro de Pensamiento y diálogo político – CEPDIPO (2020). La Reforma Rural en Deuda. Colección cuadernos de la Implementación. Bogotá. Recuperado de: https://cepdipo.org/wp-content/uploads/2020/06/Colección_web_06_La-reforma-rural-integral-en-deuda.pdf
[2] Centro de Pensamiento y diálogo político – CEPDIPO (2020). La Reforma Rural en Deuda. Colección cuadernos de la Implementación. Bogotá. Recuperado de: https://cepdipo.org/wp-content/uploads/2020/06/Colección_web_06_La-reforma-rural-integral-en-deuda.pdf
[3] Radio Macondo (7 de julio de 2020) Sur de Córdoba ejército estaría involucrando comunidades en acciones estratégicas de guerra. Ver: https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/sur-de-cordoba-ejercito-estaria-involucrando-comunidades-en-acciones-estrategicas-de-guerra/
