Negociaciones para un Tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales. ¿Qué está en juego este mes?

La 9ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (GTICA) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU sobre las empresas transnacionales (ETN) y otras empresas con respecto a los derechos humanos se celebrará en el Palacio de las Naciones de Ginebra del 23 al 27 de octubre de 2023. Este proceso comenzó en 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución 26/9 y estableció este Grupo de Trabajo Intergubernamental para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Este tratado jurídicamente vinculante podría subsanar las actuales carencias de la legislación internacional sobre derechos humanos que permiten a las ETN cometer delitos con total impunidad.

Estas negociaciones ya están redefiniendo lo que es posible en virtud de la legislación sobre derechos humanos, y son el resultado de la capacidad sin precedentes de las comunidades afectadas y de la sociedad civil organizada para dar forma al debate internacional sobre las obligaciones que tienen las ETN. Cada año son más los países que reconocen esta necesidad histórica.

La influencia de este proceso en curso es enorme y va mucho más allá del CDH. La propuesta del Parlamento Europeo de una directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial -aunque en gran medida insuficiente para abordar todas las lagunas existentes en la legislación internacional-, otras leyes de diligencia debida de ámbito nacional aprobadas en los últimos años (Francia y Alemania), así como las innovadoras leyes de responsabilidad jurídica en materia de derechos humanos que se están debatiendo en Brasil y Argentina, son consecuencias directas o indirectas de los debates abiertos por este proceso. Ya no es posible hablar de las ETN sin hablar de sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente.  Este proceso histórico de la ONU, que ya ha cumplido 9 años, lo ha hecho posible.

¿Por qué es importante un Tratado Vinculante en el contexto político actual y por qué debería interesar a los periodistas?

La pandemia, seguida de la guerra en curso en Ucrania, y la creciente evidencia de las consecuencias del cambio climático, están empujando a millones de personas al hambre y la pobreza extrema. Sin embargo, un pequeño grupo de multimillonarios, que dirigen y poseen la mayoría de las empresas transnacionales (ETN), siguen acumulando niveles de riqueza sin precedentes. Un ángulo para entender esta realidad es que las ETN operan a nivel global, sin embargo, no existen obligaciones para las ETN a nivel global. Sólo se les aplica la legislación nacional y regional, que a menudo es insuficiente para exigirles responsabilidades por violaciones de los derechos humanos. Esto crea lagunas normativas y vacíos legales que muchas ETN utilizan para evitar ser procesadas penalmente por su implicación en violaciones de derechos humanos, delitos medioambientales o evasión fiscal. Esto es aún más desalentador para los países del Sur Global, con escasa capacidad para regular o aplicar las leyes contra las ETN cuyo tamaño económico supera sus PIB.

Este contexto conduce a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, laborales y medioambientales por parte de las ETN. A pesar de algunos casos judiciales históricos recientes, como un tribunal holandés que ordenó a la ETN Shell profundizar en los recortes de carbono, o la empresa del sector energético Total que se enfrenta a cargos penales en los tribunales franceses por su negligencia durante el atentado de Palma en el norte de Mozambique, en su mayor parte las ETN permanecen impunes. En otras palabras, existe una arquitectura transnacional de impunidad corporativa en funcionamiento.

¿Qué personas o grupos están a favor y en contra del Tratado y quién tiene influencia en las negociaciones de este año?

Ecuador preside el GTICA desde el inicio del proceso. Ecuador fue coautor, junto con Sudáfrica, de la resolución 26/9 que inició este proceso en 2014. En los últimos años, el papel de Ecuador como presidente de este proceso ha recibido crecientes críticas por parte de grupos de la sociedad civil, movimientos sociales y varios Estados debido a que los textos consolidados para las negociaciones se consideran demasiado sesgados hacia las propuestas realizadas por el interés de las  ETN, que también tienen representantes en el CDH a través de la Organización Internacional de Empleadores y la Cámara de Comercio Internacional.

Muchos países del Sur Global (de las regiones de África, el Sudeste Asiático y América Latina y el Caribe) han apoyado de forma consistente un ambicioso instrumento internacional jurídicamente vinculante, que se centre en el establecimiento de mecanismos de responsabilidad jurídica sobre las ETN y en garantizar el acceso a la justicia y la reparación a los pueblos afectados.  Esto está en consonancia con la resolución 26/9 original que creó este GTICA.

Los países que no se han comprometido o rechazan directamente y han intentado detener el proceso son Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, así como otros países altamente industrializados con un elevado número de ETN con sede en sus territorios.

La Unión Europea y sus Estados miembros han cambiado de postura a lo largo de los años. De una posición inicial de no compromiso y rechazo, a realizar algunas aportaciones, como en el caso de Francia.  Sin embargo, el papel de la UE en su conjunto también ha sido muy criticado por las OSC europeas por su falta de compromiso y, a menudo, por su ambigüedad sobre la necesidad de imponer obligaciones a las ETN. Sin embargo, la presión constante de la sociedad civil europea ha conseguido que la UE no se aparte totalmente de este proceso.

La presencia continuada año tras año de docenas de representantes de comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y movimientos sociales es una característica única de este GTICA, que lo convierte en uno de los que más apoyo ha recibido en la historia de los grupos de trabajo de las Naciones Unidas. La Red Interparlamentaria Mundial (Global Inter-Parliamentary Network – GIN), una gran coalición de más de 250 parlamentarios y senadores nacionales y regionales de todo el mundo en apoyo del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas, enviará este año a ocho delegados a Ginebra, el mayor número hasta la fecha.

¿Qué novedades hay este año?

  • Por primera vez se han celebrado consultas nacionales y regionales entre la sesión de Ginebra, en particular en África y América Latina, lo que refleja la creciente importancia de este proceso.
  • Esperamos niveles prepandémicos de asistencia y participación de los Estados y la sociedad civil.  Sólo nuestra coalición está coordinando una delegación de más de 50 personas de todos los continentes, incluidos 10 miembros de parlamentos nacionales y regionales de Europa, África y América Latina.
  • Podemos esperar las intervenciones más enérgicas de la historia en el proceso por parte de países africanos como Namibia, Egipto, Sudáfrica y otros. Podríamos asistir a una participación coordinada de la Unión Africana (que representa a los 54 Estados africanos). En 2022, la Unión Africana emitió una declaración conjunta durante el primer día de negociaciones para reiterar la necesidad de centrarse en las ETN y no en todas las empresas.

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