Organizaciones indígenas campesinas, y ambientales entre otras, exigen al gobierno de la república encabezado por el Ingeniero Álvaro Colom Caballeros que cumpla con la resolución emitida por la Organización Internacional de Trabajo OIT, para que suspenda manera inmediata las operaciones mineras de Cementos Progreso, S.A. en San Juan Sacatepéquez , y la suspensión de la explotación minera de la Mina Marlín propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, S.A. Goldcorp en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.
Foto: Representantes de Organizaciones Indígenas y Campesinas
Los líderes indígenas indicaron que desde el año 2004, la OIT ha recibido denuncias y quejas de diferentes organizaciones indígenas y campesinas para que evalúe si en la práctica el Estado de Guatemala cumple con el convenio 169 de la OIT ratificado por el país.. Señalaron que el Estado de Guatemala ha incumplido desde hace 13 años todo lo relacionado a lo estipulado en el convenio, a tal grado que La Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del trabajo OIT en su informe del año 2009 publicado el febrero de este año, insta al gobierno de Guatemala suspenda las operaciones mineras de dos empresas.
Al referirse a las operaciones mineras de Cementos Progreso S.A. en el municipio de San Juan Sacatepéquez, el informe de la OIT señala: “…Se suspenda inmediatamente las actividades alegadas en tanto se lleve a cabo este diálogo y se evalúe con la participación de los pueblos interesados, la incidencia social, espiritual y cultural…”.
En cuanto a las operaciones de la Mina Marlin propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, S.A., la Comisión de Expertos de la OIT insta al gobierno de Guatemala: “…Expresa su preocupación en relación con la falta de progresos en este caso objeto de examen e insta al gobierno a que suspenda la explotación referida hasta que se realicen los estudios contemplados en el artículo 7, párrafo 3 del convenio y las consultas previas previstas en el artículo 15 párrafo 2…”.
Asimismo, los dirigentes indicaron que el martes 2 de marzo instituciones y comunidades mayas presentaron al presidente de la república una petición constitucional de suspensión de operaciones mineras en San Juan Sacatepéquez Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, a partir de esa fecha el presidente tiene un plazo de 30 días para resolver y notificar el cumplimento o no de la petición y cumplir el convenio 169 de la OIT, suspendiendo las operaciones mineras de las dos empresas en mención conforme al artículo 28 constitucional.
“La resolución que ha dado la OIT, es resultado de la lucha de las comunidades que desde hace varios años se ha pedido el cumplimiento y el reconocimiento del convenio 169 del ente internacional”, indicó Magdalena Sarat de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA.
Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina CUC, indicó que en caso de no existir respuesta de parte del gobierno a lo solicitado por la OIT, se auto convocará a las organizaciones indígenas campesinas, mayas, garífunas, y xinkas para organizar y realizar las acciones que sean necesarias, así como las medidas jurídicas en contra del Gobierno, por incumplimiento a una resolución vinculante de un organismo internacional, en tanto el Estado guatemalteco ha asumido el convenio 169 como parte de su ordenamiento jurídico. Asimismo señaló, que el Estado guatemalteco y el gobierno actual no aborda la problemática como un factor de importancia para la seguridad nacional, contrario a ello, criminaliza las luchas imponiendo estados de prevención que coartan la libertad de manifestación y protesta, agregó “El camino está bien marcado” al señalar que se han llevado a cabo alrededor de 40 consultas comunitarias en donde se ha rechazado todo trabajo de exploración y explotación minera.
Los representantes de las diferentes comunidades denunciaron la ola de criminalización que en la actualidad viven, por parte de la cúpula de poder. Juan Tiney de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC; indicó que desde la iniciativa privada se ha levantado toda una campaña de represalias y de descalificación de las organizaciones y comunidades que defienden su tierra y territorio, llamándoles terroristas, también indico: “La iniciativa privada siempre ha tenido esa actitud de implementar represalias para quienes defiende la vida”, agregó que las comunidades de manera pública y transparente han exigido porque es un derecho defender la vida.
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