Desde el 10 de diciembre, día de asunción a la Presidencia de la Nación de Javier Milei, Argentina vive un proceso de deterioro de la vida democrática, de las instituciones del Estado y un escalda de políticas que están generando un proceso de recesión económica que golpea día a día a lxs trabajadorxs.

Desde el 10 de diciembre las políticas de desregulación económica vienen golpeando a los sectores populares en Argentina. 27 millones de personas (un 57,4%) se encuentran por debajo del límite de la pobreza, mientras que 15 % es indigente. El salario mínimo (u$s 200) se redujo en términos reales en 14,8% en enero de 2024. La crisis se agrava por el alto costo de los alimentos que en el mes de enero aumentaron un 26%. El 20,6% de los hogares en Argentina tiene signos de inseguridad alimentaria y lxs consumidorxs pagaron 5,2 veces más los alimentos de lo que cobraron lxs productorxs. Sumado a que en poco más de dos meses el litro de nafta Premium pasó de $349 a $918 por litro, un 163%.

El método de avance de esta expresión anarco-capitalista de extrema derecha, busca generar caos para avanzar en su agenda financiera. Gobierna al servicio de las corporaciones, instalando una agenda de debate que ha ido corriendo los límites de consensos democráticos y de derechos conquistados por la lucha de las organizaciones sindicales y movimientos sociales.

El gobierno de Milei se sostiene en la concepción de que el estado debe desaparecer, reduciéndolo a su mínima expresión y dejando todo a manos del mercado. Para esto se apoya en la criminalización de la protesta y la organización popular, el negacionismo sobre el terrorismo de estado en la última dictadura militar, un discurso de odio y misógino, y las políticas económicas de desregulación.

En este sentido, una de las primeras medidas fue la imposición de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, publicado el 20 de diciembre de 2023, que desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI ST) rechazamos por su carácter autoritario y antirrepublicano, siendo un claro golpe a las instituciones democráticas.

Este DNU es inconstitucional y nulo, ya que por la cantidad de leyes que deroga, así como por la profundidad de los cambios, debe ser en el Congreso de la Nación donde se discuta y se generen los consensos fundamentales que representen a la mayoría. Además, cada uno de los puntos del DNU beneficia a un grupo reducido de empresarios que desde siempre hacen negocios a costa de la miseria del pueblo argentino.

Este DNU que aún espera la aprobación del Congreso Nacional y mientras tanto ya está impactando en medidas que golean el ingreso de trabajadorxs y en el cierre de instituciones del estado que son fundamentales para la vida democrática. Bajo argumentos falsos y de persecución ideológica; van dejando sin trabajo a cientos de familias como en la Agencia de Noticias Télam y el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Algunos puntos centrales del DNU son:

• La derogación de la Ley de Tierras Rurales, que vuelve a dejar en riesgo tierras y fuentes de agua que pueden ser acaparadas por empresas transnacionales y fondos buitres.
• La derogación de la Ley de Fuego, también abre camino a la concentración de la tierra y es también, un gran retroceso en términos de los impactos que se suceden en bosques, pastizales y humedales, en el marco de una crisis climática evidente.
• Repudiamos los criterios utilizados para reincorporar retenciones y agregar nuevos impuestos a las importaciones. Consideramos que las retenciones e impuestos deben ser segmentados y diferenciados. El campo tiene una diversidad de actores que deben ser tratados de manera diferente.
• Desregulación del mercado de los alimentos: derogación Ley de góndolas 27545, Ley de abastecimiento y del observatorio de precios.

Otra de las medidas que impuso Javier Milei es el proyecto de ley que denominó Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y que se conoció popularmente como “Ley Ómnibus”, que en su formato original tuvo 664 artículos. Lejos de aparecer en vista un programa económico, las diversas y contradictorias medidas incluidas en esta ley, ponen en crisis a las economías regionales y amenazan la existencia de las cooperativas agropecuarias, pequeñxs y medianxs productorxs, campesinxs, trabajadorxs de la tierra y comunidades originarias. Además, en su primer artículo, le asigna facultades delegadas al presidente pudiendo gobernar este sin el control de los otros poderes del Estado.

Esta Ley ómnibus se discutió en el Cámara de Diputados de la Nación durante el mes de enero del corriente año y no llegó a conquistar el consenso necesario para ser aprobada.

El artículo 210, de dicho proyecto de ley, es un regalo especial para las grandes trasnacionales del agronegocio, ya que establece la adhesión de Argentina al convenio de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91).  Impone un escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente el mercado de semillas y por derivación, el de alimentos. Porque quién controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, la calidad y el precio de los alimentos de todos los argentinos.

Con la excusa de incentivar inversiones, este tratado da vía libre a la privatización de las semillas que son propiedad de los pueblos, de las familias campesinas e indígenas que, generación tras generación, han seleccionado, guardado, reproducido e intercambiado diversidad de plantas que hoy son parte de nuestros alimentos, de nuestra cultura y de nuestra riqueza.

Con la adhesión a este convenio, se estarían incorporando a nuestro sistema legal mecanismos de criminalización de agricultorxs. Quienes puedan usar la semilla en ciclos productivos posteriores, limitando o prohibiendo el derecho de uso propio gratuito.

Por todo esto, rechazamos la adhesión a la UPOV 91, ya que entendemos que es una acción regresiva y autoritaria que atropella los derechos conquistados por lxs campesinxs, atentando contra la Soberanía Alimentaria y poniendo en riesgo los saberes ancestrales de nuestro pueblo

Ante estas medidas, desde el MNCI ST, como parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), nos sumamos al paro y movilización nacional impulsado por las principales centrales sindicales de nuestro país (CGT, CTA Autónoma y CTA de los trabajadores) el día 24 de enero. Está acción de lucha tuvo un acatamiento de 80% en todo el país (unos cinco millones de personas) y que movilizó a 1,5 millones de personas en toda Argentina.

En estos pocos, pero intensos, 90 días en el poder, sigue sin aparecer un programa económico y productivo que pueda resolver los problemas de desigualdad, hambre, pobreza y concentración económica en Argentina. Tampoco aparece el debate urgente de la Soberanía Alimentaria y el acceso a la tierra. Al contrario, la agenda que el gobierno de Javier Milei impone, profundiza la crisis y ya impactan directamente en todo el sistema agroalimentario, fundamentalmente en los precios y calidad, afectando el acceso a alimentos suficientes, saludables y a precio justo para al pueblo argentino.

Por todo lo expresado, y porque desde nuestra constitución planteamos que el Congreso en diálogo con las organizaciones del sector, debe ser el ámbito de discusión de la política agropecuaria, desde la MAA presentamos 5 proyectos de ley que consideramos fundamentales para construir la Soberanía Alimentaria y el desarrollo nacional:  Ley de acceso a la Tierra, Ley de protección de territorios campesinos, Ley de arrendamiento rurales, Ley de financiamiento cooperativo, Ley de segmentación impositiva. Lamentamos que en las propuestas que plantea el gobierno Nacional ninguna de estos temas este en la agenda. 

Articulo elaborado por MNCI Somos Tierra, organización miembro de LVC Argentina.

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