Los procesos de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito se mantienen, pero de una forma marginal en comparación con los operativos de erradicación forzosa, priorizados por el Gobierno de Duque. En el marco de su política de guerra contra las drogas, Duque pretende reanudar las aspersiones aéreas con glifosato a partir de junio.
El punto 4 del Acuerdo de Paz establece que los procesos de sustitución voluntaria con las comunidades deben realizarse de forma prioritaria, condicionando la procedencia de la erradicación forzosa a dos eventos: que haya personas cultivadoras que no manifiesten su intención de sustituir o que se incumplan los compromisos adquiridos.
Pese a esta clara disposición del Acuerdo, el Gobierno Duque congeló la vinculación de familias al programa de sustitución voluntaria. Durante el gobierno Santos se celebraron acuerdos de sustitución con 99.097 familias; desde que Duque asumió la presidencia no se han celebrado más acuerdos de sustitución voluntaria.
Según registros de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, a 31 de agosto de 2020 se han erradicado voluntariamente 42.339 hectáreas de cultivos de uso ilícito, con un porcentaje de resiembra de 0,2%. A noviembre de 2020, 107.229 hectáreas han sido erradicadas forzadamente, con un índice de resiembra del 30%[1].
Las comunidades han manifestado su voluntad de sustituir y desde diferentes espacios han solicitado al Gobierno ser vinculadas al programa de sustitución voluntaria, sin embargo, el director de la Agencia de Renovación del Territorio – ART ha señalado que no se tienen los recursos suficientes para vincular más familias al programa[2].
Debido a esta situación, las comunidades han tenido que recurrir a la acción de tutela para frenar la erradicación forzada. Hasta septiembre de 2020, se habían presentado acciones de tutela en ocho departamentos: Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Putumayo. Casi en la totalidad de las acciones se ha fallado a favor de las comunidades, ordenándose al gobierno dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y celebrar acuerdos de sustitución voluntaria.
No obstante, el gobierno sigue inclinándose por la erradicación forzosa. A inicios de abril se expidió el decreto que regula la aspersión aérea con glifosato y las autoridades están haciendo los preparativos para retomar las aspersiones en junio.
La aspersión aérea con glifosato es una práctica que está suspendida en Colombia desde el 2015 debido a las afectaciones a la salud. En 2017, la Corte Constitucional condicionó la retoma de estas actividades al cumplimiento de 6 exigencias sanitarias ambientales.
Para cumplir con los requisitos impuestos por el alto Tribunal, el pasado 12de abril se expidió un decreto que regula la aspersión aérea con glifosato. De igual forma, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación mediante la Aspersión Aérea con Glifosato – PECIG.
Las comunidades étnicas, campesinas y organizaciones sociales, radicaron ante la Corte Constitucional una petición que avale la consulta previa de los territorios en cuanto a la fumigación con glifosato. También exigieron que se tenga en cuenta los distintos fallos y recomendaciones de organizaciones internacionales que se oponen al uso del herbicida.
Frente a la decisión de retomar la aspersión aérea con glifosato, las organizaciones sociales han señalado: “No entendemos por qué el gobierno nacional insiste en hacer trizas el Acuerdo de paz y pisotear la confianza de las comunidades quienes han cumplido con lo pactado a pesar del incumplimiento del gobierno, que de 99.907 familias que suscribieron acuerdos de sustitución voluntaria sólo se ha atendido a 67.665. Así mismo, las familias que han manifestado su voluntad de acogerse al programa de sustitución no han sido escuchadas y en cambio han sido revictimizadas por el terror de la fuerza pública”[3].
Es importante resaltar que de 2005 a 2014, se invirtió en fumigación con glifosato 88 billones de pesos a un promedio anual de 8.8 billones, lo cual demuestra un despilfarro del presupuesto nacional en el envenenamiento de los territorios y que hoy serviría para sacar adelante el PNIS que, según el Plan Marco de Implementación, tiene un costo de 8,3 billones de pesos.
*En septiembre de 2020 elGobierno estadounidense certificó a Colombia en su lucha contra las drogas. El memorando de certificación coincide con lo establecido en el ¨Plan Quinquenal¨ firmado por ambos países que tiene por objeto reducir los cultivos de coca a la mitad en cinco años. En el documento se señala que Colombia debe avanzar en la reanudación de la erradicación aérea de cultivos de uso ilícito para alcanzar la meta[4].
[1] UNODC (2020). Informe Ejecutivo PNIS No. 22. Monitoreo a la implementación del Plan de Atención inmediata – componente familiar. Fecha de corte de información: 31 de agosto de 2020. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/Octubre/Informe_Ejecutivo_No._22.pdf
[2] El Nuevo Siglo (2021) “No es posible ampliar el programa de sustitución de cultivos” Recuperado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-16-2021-no-es-posible-ampliar-el-programa-de-sustitucion-de-cultivos-con-este-modelo
[3] Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM (2021) Rechazo a la reanudación de fumigación con glifosato
[4] White House (2020) Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2021 Recuperado de: https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/25/2020-21390/presidential-determination-on-major-drug-transit-or-major-illicit-drug-producing-countries-for