Cada dos días se asesina una persona líder social en Colombia. En lo corrido de este año 24 personas líderes sociales han sido asesinadas, para un total de 1310 víctimas desde la firma del Acuerdo de Paz. Junto a ellos se cuentan 303 personas en proceso de reincorporación asesinadas desde el 2016.
El 17 de enero el niño Breiner David Cucuñame, miembro de la guardia indígena, fue asesinado a tiros en el departamento del Cauca. Él es uno de los 24 líderes sociales que han sido asesinados este 2022, así como Deisy Sotelo quien fue sacada de su casa y luego apareció muerta, o Herman Quintero, quién fue sacado de su casa un primero de febrero; su esposa Idalí compartió un video en redes sociales junto a sus hijos pidiendo entre lágrimas que devuelvan con vida a Herman.
Hermán apareció muerto, así como Deisy, así como Breiner, de quienes sólo figura un nombre en una lista de más de 1300 personas, un número que ya no asombra a la sociedad colombiana. Al igual que ellos, son 82 las personas que han aparecido muertas en las 19 masacres cometidas en el 2022, y cuyos nombres se suman a la lista de 801 víctimas que dejan las 206 masacres cometidas en el país desde el 2020.
La juventud y los liderazgos que defienden derechos a la tierra y el territorio son las principales víctimas de esta cruenta guerra. En su mayoría son jóvenes menores de 30 años quienes son asesinados en las masacres y, según cifras de Indepaz[1], el 70% de las personas líderes sociales asesinadas desde la firma del Acuerdo pertenecían a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, comunales, ambientalistas y líderes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito – PNIS.
El exterminio de la vida campesina, indígena y afrodescendiente sigue en curso. Las y los habitantes del campo siguen siendo víctimas del despojo: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en 2021 se registró un incremento del 181% en el número de personas desplazadas respecto a 2020.
La Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento registró, entre enero y noviembre de 2021, 167 hechos de desplazamiento masivo con 82.846 víctimas. Esto indica que 2021 es el año con mayor número de desplazamientos masivos y múltiples ocurridos desde hace 5 años[2].
Los desplazamientos masivos se concentran en 4 departamentos: Nariño (32.026 víctimas), Antioquia (10.698 víctimas), Chocó (9.857 víctimas) y Cauca (8.418 víctimas), los cuales registran el 73,6% del total de afectaciones en el país. Se registra, asimismo, que 7 de cada 10 víctimas de desplazamiento forzado pertenecen a comunidades étnicas: entre enero y noviembre de 2021 al menos 37.664 afrodescendientes y 18.979 indígenas fueron desplazados forzosamente de su territorio.
Estas cifras permiten un acercamiento a la crisis humanitaria de Colombia, pero hay un importante subregistro ocasionado por el temor de denunciar o la imposibilidad de hacerlo, en razón a las represalias por parte de actores armados, la inoperancia del sistema de justicia e, incluso, la posibilidad de ser objeto de seguimiento por parte de las autoridades.
Debe mencionarse la desatención de esta crisis por parte del Gobierno Duque, que sigue negando la gravedad de las violencias que están sufriendo las comunidades. La violencia se presenta en todo el territorio nacional, pero hay algunas regiones en las que se registra una mayor intensidad: la zona de frontera con Venezuela (Arauca y Catatumbo), zona suroccidental (Cauca y Pacífico Nariñense) y la región del Chocó y bajo cauca antioqueño.
Este 2022 la atención se ha enfocado en la situación de Arauca y Chocó. A finales de enero organizaciones sociales y étnicas del Chocó, junto con organizaciones de fe, enviaron un comunicado a Duque solicitando tomar acciones urgentes para mitigar el impacto de la crisis. Las organizaciones vienen realizando este llamado desde el año pasado, pues desde 2020 ha aumentado la presencia paramilitar en el territorio.
Las Misiones Humanitarias que se han realizado en Chocó y occidente de Antioquia han denunciado las relaciones entre el grupo paramilitar Clan del Golfo y la fuerza pública en esos departamentos. Fuerza Pública ha solicitado la retractación por afectación al buen nombre, mientras las comunidades siguen preguntándose por qué los grupos ilegales circulan libremente por el territorio y por qué el Ejército no controla esa presencia.
“A nosotros siempre nos han ignorado por nuestra raza, ya estamos acostumbrados a lidiar como podamos con las cosas. Pero ahora, que tenemos tanta violencia todos los días, créame que ya no tenemos más cómo enfrentar todo. Necesitamos ayuda urgente o esto será mucho peor”
– Lideresa Social de Chocó
[1] Indepaz (2021) Balance en cifras de la violencia en los territorios. Disponible en: https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/12/5-años-del-acuerdo-de-paz-1.pdf.
[2] CODHES (2021) El año con mayor número de víctimas de desplazamiento en 5 años. Disponible en: https://codhes.wordpress.com/2021/12/22/2021-el-ano-con-mayor-numero-de-victimas-de-desplazamiento-en-5-anos/
