Foto: Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Desde noviembre de 2019 Colombia vive intensas jornadas de movilización social, la irrupción de la pandemia en 2020 no logró contener la indignación popular que siguió tomándose las calles y que se expresó con gran intensidad en el Paro Nacional del 2021. La necesidad de cambio del pueblo ha sido duramente reprimida por la fuerza pública, que dirige el terror y la violencia a los pobres.
La sistematicidad en violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado en contextos de protesta ha llevado a que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, las Relatorías Especiales de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos – OACNUDH, la Unión Europea – UE y Embajadas de distintos países pongan sus ojos en Colombia.
Informes publicados por la OACNUDH, la CIDH y observatorios de derechos humanos coinciden en señalar que la respuesta del Estado colombiano se caracteriza por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En el marco del Paro de 2021, Naciones Unidas recibió denuncias por la muerte de 63 personas, el 76% de las cuales se debieron a heridas de bala. De esta cifra, la Oficina ha podido verificar que entre el 28 de abril y el 31 de julio fueron asesinadas 46 personas, 44 eran civiles y 2 policías. Se tienen “motivos razonables” para aseverar que al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes de la policía y que un mínimo de diez de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional[1]. Cifras de organizaciones colombianas registran el asesinato de, al menos, 89 manifestantes, 106 personas víctimas de violencias basadas en género, 1.929 personas heridas y 3.546 detenciones en el marco del Paro[2].
La información documentada por los organismos también ha puesto de presente que el uso excesivo de la fuerza es dirigido y que la policía opera de una forma clasista y racista. La mayoría de las personas fallecidas en el contexto del Paro del 28 de abril eran jóvenes entre 17 y 26 años, que vivían en barrios pobres y periféricos, hijos/as de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o desescolarizados/as[3].
Esto también ha sido reconocido en el informe de la relatoría de esclarecimiento de lo sucedido en las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020, donde se señala que la actuación de “la policía nacional causó una masacre que acabó con las vidas de 11 jóvenes”[4]. El documento señala que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre los 17 y 27 años, de barrios populares de Bogotá y Soacha, concluyendo que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública e invitando a la reflexión sobre si la Policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos.
[1] Colombia: La ONU llama al gobierno a garantizar la justicia y brindar reparación a las víctimas de las protestas. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2021/12/1501462
[2] Defender la libertad asunto de todos (2021). El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. Disponible en: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6710a368-d494-4597-92f9-f5a51177aa54#pageNum=1
[3] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (2021), El Paro Nacional 2021: lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia. Disponible en: https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/documentos/10246-documento-lecciones-aprendidas-paro-nacional-colombia-2021-juliette-de-rivero-representante-de-la-alta-comisionada
[4] Informe Final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/informe-para-esclarecimiento-de-hechos-del-9-y-10-de-sep-de-2020
