Colombia: Violaciones a DDHH en el marco del Paro Nacional
Foto: AFP
Lo que en un principio fue una convocatoria a protestar contra una regresiva Reforma Tributaria presentada por el Gobierno Duque, pronto se transformó en un estallido social desatado por el recrudecimiento de la violencia, el asesinato de personas líderes sociales, los incumplimientos del Gobierno frente al Acuerdo de Paz, el incremento de la pobreza, las precarias condiciones laborales y las medidas adoptadas por el Gobierno para atender la crisis generada por la pandemia.
Desde 1977 no se registraba en Colombia un Paro Nacional con la magnitud e intensidad alcanzadas por el del 28 de abril. Las masivas jornadas de movilización fueron duramente reprimidas por parte del Estado, cuya violencia se expresa en el homicidio de 87 manifestantes, 106 personas víctimas de violencias basadas en género, 1.905 personas heridas y 3.365 personas detenidas arbitrariamente, según cifras de la campaña “Defender la Libertad”.
Hasta inicios de mayo la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia alertaba sobre 471 personas desaparecidas en el marco del Paro Nacional; de este reporte inicial aún falta por localizar más de 80 personas. Algunas de las personas desaparecidas han aparecido asesinadas; se ha confirmado la muerte de 2 personas (17 y 24 años) de las reportadas como desaparecidas en Bogotá.
Para hacer frente a la agresión estatal, el movimiento social desplegó un contingente de defensores y defensoras de DDHH, a fin de hacer acompañamiento en derechos humanos a los manifestantes y limitar los excesos de los agentes del Estado. No obstante, también fueron víctimas de graves agresiones, evidenciando las falencias de formación en derechos humanos por parte de la fuerza pública, así como la satanización de la labor de defensa de los derechos humanos y el ejercicio del derecho a la protesta.
Internet y las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de las agresiones cometidas por agentes del Estado. Se registraron y difundieron videos en los que la Fuerza Pública agrede a misiones médicas, utilizan armas letales y no convencionales, retienen arbitrariamente a manifestantes, realizan acciones en conjunto con civiles armados, entre otras.
La violenta represión de la protesta social generó un escenario de indignación que movilizó el apoyo de la Comunidad Internacional. Desde diferentes sectores, tanto del nivel doméstico como internacional, se empezó a solicitar la veeduría de algunos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. En un principio el Gobierno manifestó su negativa a la presencia de una comisión de la CIDH, postura que tuvo que ceder tras las presiones externas e internas.
Entre el 8 y el 10 de junio la CIDH realizó una visita de trabajo a Colombia con el objetivo de verificar las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del Paro Nacional. Producto de su visita, la Comisión presentó un informe en el que ratifica la sistematicidad en las violaciones a DDHH realizadas por agentes del Estado, en especial la Policía: se comprobó el uso de armas de fuego, el uso excesivo de la fuerza, agresiones sexuales, mutilaciones y agresiones a la libertad de prensa.
La Comisión presentó un paquete de 41 recomendaciones al Estado colombiano en relación con: el derecho a la protesta social, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, violencias basadas en género, discriminación étnico-racial, asistencia militar, desaparición de ciudadanos, violencia contra periodistas y misiones médicas y cortes de ruta o “bloqueos”. Asimismo, anunció la instalación de un mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, a través del cual continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales.
El informe no fue bien recibido por el Gobierno Duque. La vicepresidente insiste en desconocer los excesos de la Fuerza Pública y afirma que las recomendaciones de la Comisión “no son obligatorias”, por lo que el Estado no tiene la obligación de cumplirlas. Igualmente, rechaza la instalación del Mecanismo de seguimiento.
Actualmente se registran 165 manifestantes judicializados[1] bajo de delitos como obstrucción a vía pública que afecta el orden público, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, terrorismo o concierto para delinquir, entre otros. Se presentan varios casos de personas judicializadas sólo por transmitir en vivo por redes sociales las manifestaciones.
Desde noviembre de 2019 Colombia entró en un importante ciclo de protestas. La irrupción de la pandemia provocó una pausa en las jornadas de movilización que se estaban desarrollando desde el 21N, pero que han sido retomadas desde octubre del año pasado. Es urgente exigir al Gobierno el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH para prevenir futuras violaciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado en el marco de la movilización social.
[1] Contagio Radio. “Jóvenes de la Primera Línea son presos políticos”, senador Gustavo Petro. Ver: https://360radio.com.co/jovenes-de-la-primera-linea-son-presos-politicos/