No existen bases de datos que demuestren la verdadera magnitud del despojo de tierras en Colombia. La Comisión de la Verdad, en su informe final, señala que sólo entre 1995 y 2004 fueron despojadas o abandonadas más de 8 millones de hectáreas. Este fenómeno no sólo ha significado una contrarreforma agraria, sino que también ha facilitado la implementación de un modelo de acumulación por desposesión que ha mantenido niveles altos de concentración de la tierra y de pobreza.
Desde los censos agropecuarios de 1960 y 1970 se registra un incremento en la concentración de la tierra: para 1960 las fincas de más de 500 hectáreas ocupaban el 29% de la tierra, en el 2002 la cifra subió a 46% y en el 2017 el número escaló al 66%. Colombia es el país con mayor concentración en la tenencia de la tierra en América Latina[1]:
• El 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra, el 19% restante se reparte entre el 99% de las fincas.
• El 0,1% de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra.
• Las unidades de producción agropecuaria de menos de 10 has representan el 81% del total de las explotaciones (1.658.450) y ocupan menos del 5% del área censada a nivel nacional (3,4 millones de has)[2].
Uno de los primeros instrumentos en los que se reconoció institucionalmente el fenómeno del despojo en Colombia fue la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de víctimas, la cual es una política pública que pretende avanzar en la restitución de las tierras. La vigencia de esta norma ha tenido que prorrogarse hasta 2031, una década más de lo inicialmente establecido debido a los magros avances en los primeros 10 años de su implementación.
Se estima que, desde su promulgación en 2011, sólo se han restituido 536.148 hectáreas de tierra, lo que representa menos del 10% de avance de la meta de restitución de 6 millones de has en 10 años. Del total de tierras restituidas un 67% corresponden a la ruta étnica[3].
Los obstáculos en el proceso de restitución han estado relacionados, no sólo con las condiciones de seguridad de reclamantes y funcionarios judiciales/administrativos, sino también con trabas administrativas. Desde el 2011 se ha rechazado al 65% de los reclamantes de tierra, sin que se les informe sobre las razones para rechazar las solicitudes.
Desde que se pusiera en marcha la Ley, sólo 7.166 sentencias han sido proferidas, sin que ello sea garantía de que se restituyan los predios o que se cumpla la orden judicial. Se desconoce el grado de cumplimiento de las órdenes dictadas por jueces y magistrados debido a que algunas entidades no reportan información.
Hoy la política de restitución de tierras de la Ley 1448 comprende los puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 5 (Reparación a víctimas) del Acuerdo de Paz, y enfrenta los mismos problemas en materia de financiación y voluntad política para su implementación. Se espera que el nuevo Gobierno destrabe el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado en el país. La designación de Giovanny Yule, líder indígena Nasa que ha participado en procesos de recuperación de tierras, como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras, es una primera muestra de voluntad política.
[1] OXFAM (2017). Radiografía de la desigualdad rural.
[2] Construir la paz y cuidar la vida. Recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Disponible en: http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/Centro_de_Pensamiento_Region_Nacion/2022/Construir_la_paz_y_cuidar_la_vida_2.pdf
[3] VIII Informe de Seguimiento. Comisión de Seguimiento y monitoreo a la Ley de víctimas y restitución de tierras. Ley 1448 de 2011.
Texto: La Vía Campesina Colombia
Foto: Giovanni Yule, Director Agencia de restitución de tierras
