(Santo Domingo 18 de Noviembre de 2015)Las mujeres del campo dominicano son el grupo más afectado por la pobreza, pudiendo afirmar que existe en la actualidad una feminización de la pobreza en las áreas rurales. Las razones de este empobrecimiento son complejas pero están vinculadas, entre otras, al alto número de hogares con jefatura femenina y de hogares monomarentales junto a los embarazos precoces y al elevado de número embarazos y de hijos e hijas.
Siendo las mujeres las únicas encargadas de las labores de cuidado al interior de la familia, las condiciones para compatibilizar vida laboral y familiar de las mujeres del campo son difíciles, las obliga a gastar más recursos en cuidados por parte de terceros o a asumir trabajos con jornadas más reducidas y de menor remuneración. Adicionalmente, los embarazos a muy corta edad y el elevado número de hijos disminuye las posibilidades de acceso a oportunidades educativas, incluyendo de formación técnica. Las mujeres del campo presentan mayores niveles de analfabetismo, lo que también disminuye sus posibilidades de inserción laboral.
En cuanto al trabajo agrícola, este se encuentra organizado en función del sexo, siendo el trabajo agrícola femenino en su mayor parte no remunerado y no reconocido como trabajo productivo. Ejemplo de esto es el trabajo de las mujeres en la siembra, recolección y venta de los productos alimentarios y el cuidado de los animales, actividades en manos casi exclusivamente de las mujeres, los niños y las niñas que no se remunera. Además, las labores de cuidado que permiten al hombre del campo realizar su trabajo como, cocinar, cuidar de los hijos, envejecientes y personas dependientes en general, limpieza y atención del hogar, tampoco recibe reconocimiento en tanto trabajo que posibilita la producción. Esto es así, en parte, porque aunque existe una ley de reforma agraria que declara que las mujeres tenemos derecho de acceso a la propiedad de la tierra en igualdad de condiciones con el hombre, no se traduce en la práctica y las mujeres continúan en situación de dependencia de la pareja masculina o los miembros masculinos de la familia. Sólo el 1% de la tierra con vocación agrícola se encuentra en propiedad de mujeres en la República Dominicana (ver informe anexo a este amicus La equidad de género en la tenencia de la tierra y los programas de reforma agraria en República Dominicana, julio 2012).
La no garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del campo y su falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son a la vez una de las causas de esta situación y una consecuencia. En efecto, cuando no se toman en consideración las necesidades específicas de las mujeres en materia de salud reproductiva se limita enormemente su capacidad de acceder a educación, trabajo, propiedad de la tierra, participación política y comunitaria, entre otros. Las necesidades reproductivas de la mujer del campo implican su derecho a decidir la maternidad de forma autónoma, en otros términos, a tener información sobre métodos de planificación familiar, acceso gratuito a métodos de planificación de calidad, a estar libre de violencia de cualquier tipo y sobre todo sexual y a tener información sobre su salud y cuerpo. Es decir, a todos los medios para poder tomar decisiones informadas en relación con su maternidad. Asimismo, a servicios de salud accesibles, disponibles, de calidad y dignos, que se presten sin discriminación y tomando en cuenta las necesidades específicas de la mujer del campo, determinadas por su contexto y su cosmovisión, incluyendo su propia comprensión de qué significa e implica para ellas la maternidad, el parto y el cuidado de los hijos e hijas y las características de sus redes familiares y comunitarias así como de las actividades productivas que realizan.
Sin embargo, en la República Dominicana, la realidad de la mujer campesina está marcada por un pobre acceso a información sobre salud sexual y reproductiva así como a altos índices de violencia y embarazo infantil y adolescente. Ambas cosas son indicadores claves del poco o casi nulo control que tienen las mujeres campesinas sobre la decisión de su maternidad, colocándolas en riesgo de embarazos precoces, múltiples y con poco espaciamiento. Las altas tasas de muerte materna en el campo dominicano, incluyendo por denegación de abortos en casos de riesgo para la vida, son evidencia de esta situación.
Además, los servicios de salud materna actualmente disponibles no reúnen las condiciones de accesibilidad y calidad necesarias. Así, la primera dificultad que existe es la escases de centros de salud y los que existen quedan a muy largas distancias. Las mujeres del campo embarazadas se ven obligadas a acceder a los hospitales principalmente en motoconcho, camionetas u otros medios precarios de transporte que las colocan en riesgo, sobre todo cuando inician labor de parto. Además, esta dificultad tiene un impacto específico sobre la cantidad de veces que las mujeres están dispuestas a acudir a los centros de salud para controles prenatales. Una mujer campesina tiene que pagar en promedio 500 pesos por el transporte (suma significativa si se tienen en cuenta los ingresos promedio), además de tener que dejar a sus hijos al cuidado de otros y ausentarse de su lugar de trabajo, este elevado costo hace que en las mujeres del campo los controles médicos durante el embarazo sean casi inexistentes, no pudiendo detectarse a tiempo posibles riesgos de salud. El acceso a suplementos vitamínicos para la maternidad y al ácido fólico se ve por esta misma razón afectado, ya que sólo se puede obtener si se acude a los centros de salud. Incluso, existen poblaciones en donde para poder salir hay que rodear arroyos, ríos y cañadas a pie para poder llegar al punto de transporte y desde ahí acudir al centro de salud.
En segundo lugar, las condiciones en que se prestan los servicios de salud materna también son precarias. Los hospitales y centros de salud no cuentan con personal capacitado de primera calidad, en general las mujeres embarazadas son atendidas por médicos residentes y no es hasta el momento del parto cuando las ve un profesional con experiencia. Como ilustración, los casos de preeclamcia y preeclamcia severa son frecuentes, denegándose el aborto terapéutico cuando es la única vía para salvar la vida de la mujer embarazada. Es la familia y la propia mujer embarazada la que tiene que pagar y conseguir los medicamentos y materiales médicos (guantes, mariposas para colocar el suero, hilo para hacer la cesárea, entre otros) porque los centros de salud no cuentan con ellos.
En tercer lugar, no se presta un trato en condiciones de dignidad y respeto. Las mujeres campesinas en estado de embarazo enfrentan vejaciones y violencia por parte del personal de salud con frecuencia. CONAMUCA registra casos de mujeres atadas de pies y manos, mujeres abandonadas por horas en salas de urgencia sin recibir atención y trato agresivo con expresiones discriminatorias. Tenemos constancia de casos de mujeres recibidas por el portero del hospital, teniendo que esperar horas mientras está en labor de parto por falta de personal médico.
Por último, las mujeres campesinas no tienen acceso a información sobre planificación familiar imparcial, veraz y científica, ni acceso a métodos de calidad y gratuitos. Esto aumenta el número de embarazos, abortos espontáneos e hijos, lo que las coloca en mayores riesgos de morbimortalidad materna. Así también, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia sexual les impide tener control real sobre el momento de quedar embarazadas, siendo víctimas comunes de embarazos forzosos, precoces y de riesgo.
Estas condiciones reflejan una situación de discriminación estructural resultado de una falta de políticas públicas que prioricen el cuidado de la salud materna y reconozcan la situación de especial vulnerabilidad en su condición de salud que implica el embarazo para las mujeres campesinas.
Impacto de la reforma al Código Penal que permite la despenalización por causales del aborto, como garantía del derecho a la dignidad de la mujer del campo
La despenalización en las tres causales establecidas por el nuevo Código Penal cumplen con el compromiso del Estado dominicano de impedir una de las violaciones más graves a la dignidad de la mujer en la República Dominicana. La denegación de aborto terapéutico y las altas tasas de aborto inseguro son una de las principales causas de mortalidad materna en el país y en particular en el campo.
En el campo dominicano se practican más abortos inseguros de lo que registran las estadísticas ya que se acude con frecuencia a métodos de la tradición como brebajes, tés o medicamentos. Existe además una alta tasa, no registrada, de abortos espontáneos y de malformaciones fetales graves por el contacto prologado con agroquímicos en la producción de alimentos.
El embarazo infantil y adolescente implica altos índices de aborto inseguro en menores. Destacamos aquí que las menores son embarazadas con frecuencia por hombres de mucha mayor edad (incluso más de veinte y treinta años), lo que significa que nos encontramos frente a embarazos que pueden ser calificados como productos de una violación ya que las menores de 15 años no pueden dar consentimiento a relaciones sexuales.
En el campo dominicano tanto el embarazo precoz, el embarazo fuera de uniones formalizadas y el aborto, constituyen temas de gran tabú. Esto hace que las familias en general, oculten este tipo de situaciones colocando a las mujeres, niñas y adolescentes en mayor riesgo al acudir a lugares inseguros tanto para el parto como para el aborto, donde creen garantizada la confidencialidad. En poblaciones pequeñas donde el personal de salud es también vecino esto se agrava, por el nulo respeto al secreto médico profesional y a la confidencialidad de la información médica. Por ejemplo, una menor que acude a un centro de salud a realizarse una prueba de embarazo en un pueblo pequeño corre el riesgo casi seguro de que el prestador de salud informe de los resultados a la familia y conocidos, sin consentimiento de la menor e irrespetando su derecho a la privacidad y dignidad.
Este secretismo en torno al aborto junto a la falta de planificación familiar hace que no existan cifras acerca del número real de embarazos y abortos que una mujer del campo puede llegar a tener. Sin embargo, CONAMUCA por el trabajo que desarrolla tiene constancia de que como media una mujer del campo a los 19 años ya se ha practicado tres abortos, estos pueden ser en centros hospitalarios o clandestinos. En el caso de los abortos clandestinos el riesgo de infecciones es altísimo y constituye una causa frecuente de muerte materna.
Una de las realidades más cruentas es que no siempre la mujer o la menor tiene el control sobre la decisión de continuar o no el embarazo. Sobre todo en menores embarazadas por hombres de mayor edad (violación), estos les proveen los medios para abortar de manera insegura, obligándolas por medios coercitivos y violentos. Esta falta de control también ocurre por presiones del mercado laboral, ya que un embarazo puede suponer el despido del puesto de trabajo o la imposibilidad de acceder a un trabajo. En zonas francas por ejemplo, las empresas someten a sus empleadas a pruebas de embarazo como condición para contratarlas o tienen políticas de contratación exclusiva de hombres. Esto es así para no tener que conceder licencias de maternidad pagadas o permisos para cuidados de los hijos. En las relaciones de pareja, las presiones pueden venir por parte del marido, sobre todo si ya se tiene un número determinado de hijos. Estas circunstancias limitan enormemente el derecho a la maternidad libremente decidida por parte de la mujer del campo.
El embarazo y el aborto forman un continuo en la vida reproductiva de la mujer que no puede ser ignorado y que no siempre se encuentra bajo su control. Visiones estereotipadas sobre los roles de género y sexuales de la mujer en las zonas rurales colocan a las mujeres en situaciones de riesgo en donde el acceso a un aborto seguro, digno y legal puede resultar imprescindible para salvar su vida, integridad y apoyar la construcción de su proyecto de vida.
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