La violencia política homicida en Colombia es un fenómeno que persiste en el posacuerdo. El asesinato de personas líderes sociales, excombatientes y sus familiares se mantiene al alza, así como diversas formas de violación a derechos humanos sufridas por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes con ocasión de la reconfiguración territorial del conflicto armado. Colombia se desangra ante la mirada impávida de un presidente con un discurso negacionista.
Según Indepaz[1], desde la firma del Acuerdo de Paz al 24 de agosto de 2021 un total de 1.227 personas líderes sociales y 284 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas. Sólo en lo corrido del 2021 se registró el asesinato de 112 personas líderes sociales y 35 personas en proceso de reincorporación.
Se evidencia un grave incremento de masacres y desplazamientos masivos en el país. Entre el 1° de enero y el 25 de agosto del presente año se han cometido 67 masacres, en las cuales 243 personas perdieron la vida. El 62,7% de los casos se registraron en 5 departamentos: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá. Es importante resaltar que en el mismo período del 2020 se reportaron 39 hechos de este tipo, lo que representa un incremento del 53,8% en el 2021.
El fenómeno del desplazamiento masivo en zonas rurales del país también continúa en aumento, ubicándose como el hecho victimizante que más ha incrementado desde que se firmó la Paz. En el primer semestre del 2021 se registraron 102 eventos de desplazamiento masivo y, en el mismo período de 2020, se reportaron 51 eventos, lo que representa un incremento del 100% en el 2021.
Durante el primer semestre de 2021 la Defensoría del Pueblo registró 68 eventos de confinamiento, que obligaron a 36.101 personas, de 192 comunidades, a quedarse dentro de sus territorios. La mayoría de estos eventos están relacionados con el interés de los grupos armados ilegales por los cultivos para uso ilícito, la disputa por el control del narcotráfico y de las rutas de contrabando, y la extracción ilícita de minerales[2]. Cerca del 73% de las poblaciones confinadas durante este año, por el accionar de grupos armados ilegales, se encuentran en los departamentos de Antioquia y Chocó.
Hay varias zonas del país que parecen sumergidas en el silencio, debido a las amenazas que reciben las personas líderes sociales por parte de grupos armados para evitar que denuncien la situación. Es el caso del resguardo del pueblo Awá, en el corregimiento de Llorente, Tumaco (Nariño), donde se registraron enfrentamientos entre grupos armados ilegales el pasado 29 de julio. La comunidad denunció que alrededor de 500 personas armadas ingresaron al territorio indígena y se desarrolló un fuerte combate; los artefactos explosivos ocasionaron daños en varias viviendas y se registraron indígenas heridos, entre ellos adultos mayores. Actualmente la población está confinada, no hay movilidad entre las veredas y algunas personas han tenido que desplazarse al casco Urbano de Tumaco o fuera del municipio[3].
También se resalta la difícil situación que se vive en el triángulo de Telembí -ubicada al sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador-; la población de esta zona vive una de sus peores crisis humanitarias en los últimos 20 años. Esta subregión, integrada por los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, se encuentra en crisis por consecuencia de los combates entre los diferentes grupos armados que se disputan el territorio. De acuerdo con estimaciones de Médicos sin fronteras[4], en el primer semestre de 2021 fueron desplazadas 21.106 personas. Adicionalmente, más de 6.000 personas han sido obligadas a confinarse en sus casas o en sus veredas por consecuencia de la inseguridad, amenazas de los grupos armados, así como por el riesgo que representa la instalación de minas antipersonales.
Duque ha asumido una postura pasiva frente a la oleada de violencia que azota al país: desconoce la sistematicidad de los asesinatos de personas líderes sociales, utiliza eufemismos para referirse a las masacres, denominándolas “homicidios colectivos”, y no promueve el trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia derivada del Acuerdo de Paz que tiene por objetivo el desmantelamiento de conductas y organizaciones criminales.
Es importante señalar que en Colombia hay un subregistro de las violaciones a derechos humanos, pues las comunidades y personas líderes sociales se abstienen de denunciar, no sólo por las presiones de grupos armados ilegales, sino también, y principalmente, por los altos índices de impunidad y la falta de imparcialidad de los entes investigadores. Debe señalarse la alarmante la concentración de poder en manos de Duque: Procuraduría, Defensoría y Fiscalía son dirigidos por amigos y exfuncionarios de Gobierno.
[1] Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – INDEPAZ. Ver: http://www.indepaz.org.co
[2] Defensoría del Pueblo. Defensoría alerta ante el aumento de eventos de desplazamiento masivo y confinamiento de comunidades. Ver: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10268/Defensoría-alerta-ante-el-aumento-de-eventos-de-desplazamiento-masivo-y-confinamiento-de-comunidades-desplazamiento-confinamiento-Defensoría.htm
[3] CAJAR, Nuevos enfrentamientos armados ponen en riesgo la vida de la comunidad del Resguardo Inda Sabaleta en Tumaco, Nariño. Ver: https://www.colectivodeabogados.org/nuevos-enfrentamientos-armados-ponen-en-riesgo-la-vida-de-la-comunidad-del-resguardo-inda-sabaleta-en-tumaco-narino/
[4] El comercio. Triángulo de Telembí: la violencia ahonda la crisis humanitaria en Colombia. Ver: https://www.elcomercio.com/blogs/historias-sin-fronteras/triangulo-de-telembi-violencia-ahonda-crisis-humanitaria-en-colombia.html
