Una declaración que es voz de alerta y horizonte
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y personas que trabajan en zonas rurales. Analizamos su relevancia para Bolivia y el continente.
La Paz, 7 de enero – La determinación del pasado 18 de diciembre en Nueva York, que exhorta a los estados a respetar dichos derechos, protegerlos y hacerlos efectivos, fue aprobada con 121 votos a favor, 8 votos en contra y 54 abstenciones (como las de Colombia, Argentina y Brasil), y es resultado de un proceso histórico del Movimiento Campesino Internacional – Vía Campesina, con el apoyo de diversas organizaciones.
Diego Montón, referente del Movimiento Sin Tierra y del Movimiento Campesino Indígena de Argentina e integrante del Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de la Vía Campesina, fue entrevistado por Radio Comunidad y realizó un profundo análisis sobre el significado de la declaración, la importancia de la agricultura campesina para el presente y el futuro de la humanidad y la relevancia del campesinado en nuestra región en un creciente marco de saqueos de tierras, agro-negocios transnacionales y vulneración de derechos.
“La declaración y el proceso de discusión por siete años consecutivos en Naciones Unidas ha sido muy significativo para las luchas campesinas porque se ha dado la discusión sobre el rol y la importancia de la agricultura campesina en el más alto nivel y en torno a 149 estados que participaron de un proceso con mucho debate. Según la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la agricultura campesina alimenta al 85 por ciento de la población mundial, con tan sólo un cuarto de las tierras agrícolas, y por eso ya la había considerado como la mejor estrategia en la lucha contra el hambre, que es uno de los principales objetivos de Naciones Unidas”.
“Además, este proceso reconoce y reivindica el lugar de la agricultura campesina para toda la humanidad, tanto por la producción de alimentos como en la mitigación del cambio climático. También es fundamental en cuanto al reconocimiento de las innumerables violaciones a los derechos humanos campesinos, que ocurren en un sinnúmero de rincones, y permite plantear una serie de derechos y obligaciones de los estados para terminar con situaciones de injusticia como despojos y desalojos de tierras, privatización de las semillas; falta de cobertura social, de acceso a la justicia, al mercado y a precios justos para tener ingresos adecuados y una vida digna, aspectos que pudieron documentarse en todos los continentes”.
“A esto se suma una fuerte criminalización y persecución política con violencia y asesinatos, que han sido más visibles en Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Guatemala, donde todos los días se vive la presión contra dirigentes campesinos. La declaración viene a poner una voz de alerta, pero también un horizonte sobre qué tienen que hacer los estados ante estos escenarios”.
Puntos sobresalientes
“Es muy importante resaltar que luego de que Vía Campesina realizó un proceso de más de diez años de discusión y trabajo para elaborar una propuesta, llegamos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y contamos con un fuerte respaldo y trabajo del gobierno boliviano para impulsar esta declaración, un compromiso personal del presidente Evo Morales para consolidar el proceso”.
“Es un compendio de propuestas, horizontes y políticas públicas agrarias que deberán irse materializando en cada una de las naciones. El preámbulo reconoce el papel fundamental de la soberanía alimentaria para el desarrollo de la humanidad y reconoce la importancia de la reforma agraria como una instancia a la cual los estados deben apelar para garantizar la soberanía”.
“Con datos muy concretos reconoce las injusticias y desigualdades a las que se ve sometida la agricultura campesina, así como derechos fundamentales como la definición y el reconocimiento de las y los sujetos campesinos, el acceso a la tierra, el derecho a la permanencia en ella y a su uso comunitario y a la propiedad comunal, el derecho al agua potable y de riego, a la semilla, de las mujeres campesinas en un marco de fuerte discriminación y patriarcado, a los bienes naturales, a la organización política y gremial, entre una multiplicidad de derechos que a partir de ahora marcan una pauta hacia donde deben ir las legislaciones de todos aquellos estados que se consideren progresistas o respetuosos de los derechos humanos. Por eso plantea cuáles son las obligaciones de los estados para que se garanticen esos derechos”.
Lógicas y dolorosas abstenciones
“Colombia siempre ha tenido una posición muy negativa respecto a los derechos humanos, tanto local como internacionalmente. Sólo en este año han sido asesinados más de cien líderes indígenas campesinos en el país, hay una clara violación a los derechos de los campesinos, e incluso en los acuerdos de paz que se establecieron con las FARC había dos ítems fundamentales en cuanto a derechos campesinos y la tierra, que el Estado no ha cumplido. Por lo tanto, su abstención ha sido coherente con la práctica de violación sostenida de los derechos campesinos”.
“El caso de Argentina y Brasil es más doloroso porque acompañaron al proceso durante los primeros cinco o seis años, co-patrocinaron la declaración e hicieron importantes aportes, pero en esta última etapa, con la derechización por la llegada de Macri y Bolsonaro a los gobiernos, ambos estados se abstuvieron acercándose a la posición de Estados Unidos y de las corporaciones trasnacionales en contra de la ampliación de derechos. Es una situación lamentable que seguramente podremos revertir porque la declaración ha tenido un amplio respaldo y se irán sumando países, como ya ha pasado con otras declaraciones”.
Nuevos desafíos
“Necesitamos que todas las campesinas y campesinos conozcan la declaración, se apropien de esta herramienta y sepan que sus derechos están reconocidos por Naciones Unidas. También hay que impulsar una campaña internacional para que todos los países adapten sus legislaciones a la declaración y eso se puede articular también desde lo local-municipal, articulado propuestas en torno a ella”.
La complicada situación en América Latina
Existe una matriz de concentración de la tierra que es la más alta del mundo, o sea que América Latina es la zona más desigual del planeta en cuanto a distribución de tierras, sin embargo tiene una alta población campesina que produce alimentos.
En cuanto a los principales conflictos, hay mucha criminalización y persecución de campesinas y campesinos, un avance de las corporaciones trasnacionales en el despojo y acaparamiento de la tierra, privatización de las semillas a través de Bayer y Monsanto, y una fuerte presión para que la agricultura se mercantilice y se subordine al capital financiero. Con lo que, en lugar de ser el objetivo la producción para los pueblos, sea el producir mercancías para el mercado financiero y la especulación, lo que hace que hace que un puñado de corporaciones se enriquezca y haya nuevamente preocupantes índices de pobreza y hambre en el campo.
Por eso la declaración marca un horizonte que no es sólo para el campesinado, también contempla a la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos porque cuando la tierra está en manos campesinas se genera trabajo digno, se mitiga la migración y se producen alimentos sanos y con precio justo, a diferencia de cuando la tierra está en manos de corporaciones transnacionales, ya que los alimentos pasan a ser una mercancía de especulación.
La lucha
Las reivindicaciones campesinas se hacen fuerte desde la resistencia, desde la organización de base y local, pero también estructurando un fuerte movimiento nacional e intercontinental que articula la lucha por la tierra y la semilla y la defensa de los bienes naturales, y la campaña contra la violencia hacia las mujeres, todo en el marco de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y desde la Vía Campesina, desde la cual se impulsó la declaración de derechos.
Montón explicó que también se está trabajando en alianza con los trabajadores urbanos y con distintos movimientos de lucha, como contra la minería, o el feminista, “que viene con mucha fuerza”. Son todos aliados fundamentales para que la lucha se fortalezca asociada a una política de formación política y educación.
“Hemos desarrollado los institutos latinoamericanos de agroecología para el desarrollo técnico y político, las escuelas de formación política a nivel regional, sumando una estrategia de comunicación popular con radios comunitarias en todo el continente para dar la batalla frente a los medios masivos que, asociados al Poder Judicial, han irrumpido con esta ofensiva antidemocrática. Y por supuesto con la producción campesina que es otra forma de resistencia permanente”, concluyó.
El caso argentino
Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno todas las políticas e instituciones para proteger la agricultura campesina y familiar fueron desmanteladas y las orientó para que estén en función de las corporaciones y de un puñado de terratenientes asociados al capital financiero internacional, con lo cual se liberó la importación de alimentos, que vienen subsidiados, y significa una competencia muy desleal.
Además, en el marco de una crisis económica enorme, con el aumento del dólar subieron muchísimo los combustibles e insumos. El aumento de tarifas ha generado que en lugares donde el costo de la energía hace que ya no sea viable la producción agrícola. A esto hay que sumar que Macri promociona las empresas extranjeras y recrudece la invasión para apropiarse de las tierras, junto a un Estado que ha desarrollado un nuevo mecanismo de violencia para perseguir y reprimir a los dirigentes campesinos e indígenas. Es una situación compleja y agravada por la explosión de la pobreza, cuyas cifras alcanzan al 33 por ciento de los argentinos.