Un Acuerdo de Paz que desconoce los enfoques diferenciales en Colombia

Autora: Camila Pereira

Informes de diversas entidades que hacen seguimiento al proceso de paz coinciden en que el estado de avance de la implementación de la generalidad del Acuerdo se ha circunscrito al desarrollo legislativo de los compromisos, son pocos los avances en la efectiva materialización de las apuestas transformadoras del Acuerdo. La implementación de los capítulos de género y étnico, a la fecha, sigue esta lógica y sólo se presentan avances en materia normativa y enunciativa, pero no se ha avanzado en el desarrollo de políticas que contengan acciones afirmativas.

El punto 1, Reforma Rural Integral, contempla 25 medidas de género, de las cuales sólo 2 se han implementado, 16 presentan avances parciales y 7 no presentan avance. Las 2 medidas que se han implementado son: i) participación en la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y ii) línea de crédito especial y con subsidio a largo plazo para comprar tierras que ofrece medidas especiales para mujeres rurales.

Si bien hay voluntad política de que las mujeres participen en los escenarios de formulación de los PDET, debe resaltarse que no hay una participación efectiva, en el sentido de contar con la información pertinente para llegar a los espacios con una mirada profunda desde sus territorios. En el mismo sentido, las organizaciones sociales denuncian que los pilares para implementar la RRI[1], alrededor de los cuales deben girar los procesos de planeación participativa de los PDET, no permiten la transversalización estratégica ambiental, genero, étnica y campesina. Muchas organizaciones han informado que se limitó la participación de las mujeres en cada uno de los pilares debido a que, a juicio de los facilitadores, los pilares no tenían que ver exclusivamente con mujeres, por lo que fueron rezagadas a hacer propuestas cortas que no se transversalizaron.

Debe resaltarse que la población LGBTI no es tenida en cuenta en los indicadores ni estadísticas de las entidades competentes ni en el Plan Marco de Implementación (PMI), tampoco se cuenta con medidas afirmativas específicas para garantizar su acceso a las disposiciones de la RRI.

El PMI establece 13 indicadores con enfoque de género en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). El principal avance es la construcción del Protocolo para la incorporación del enfoque de género en el PNIS, cuyo impacto dependerá del paso del reconocimiento de este enfoque a su efectiva materialización con acciones afirmativas concretas que tengan efectos en la reducción de brechas para las mujeres cultivadoras, y garanticen la participación de las personas LGBTI y mujeres pertenecientes a comunidades étnicas[2].

El Acuerdo Final también incluyó el compromiso de incorporar el enfoque étnico en el proceso de implementación; sin embargo, ha sido prácticamente desconocido. Los planes nacionales de la RRI no han sido concertados con las comunidades étnicas, no se ha diseñado un Programa de Reincorporación y armonización que brinde condiciones diferenciales a la población étnica, el PNIS carece de un componente especial para atender pueblos étnicos y tampoco han sido beneficiarios de medias de acceso a tierra.

Sólo se observa cumplimiento del compromiso de crear la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la cual tiene la función de servir como órgano consultor e interlocutor de primero orden ante la CSIVI[3]. La instancia fue creada en el 2017, pero no había podido funcionar debido a la falta de financiamiento; sólo hasta el año 2020 se asignaron recursos para su funcionamiento.

En los ejercicios participativos de construcción de los PDET se ha intentado incorporar el enfoque étnico, sin embargo, no ha sido un proceso exitoso. Según el Centro de Pensamiento y Diálogo Político[4], las principales falencias que presentaron los ejercicios de construcción de los PDET fueron:

  • Imponer una lógica municipal que no era armónica con la lógica territorial étnica. La estandarización de todos los territorios con arreglo a una comprensión municipal desdibujó la territorialización de los pueblos étnicos.
  • Organizar las iniciativas ciudadanas étnicas en el marco de pilares que distaban conceptualmente de las visiones propias de desarrollo de las comunidades.
  • No lograr la articulación de ejercicios anteriores de planificación hechos por los propios pueblos, tales como planes de vida o planes de etnodesarrollo, con las iniciativas PDET.
  • La marginalidad de las iniciativas étnicas en la fase subregional. Las iniciativas étnicas en la etapa subregional resultaron marginales frente al resto de las iniciativas, lo cual es muy evidente en el pilar de infraestructura y adecuación de tierras.
  • Debilidades en la caracterización de los pueblos y comunidades étnicas en cada una de las subregiones.
  • No se incorporaron las rutas ni se definieron los tiempos de implementación, ni tampoco un marco presupuestal para el cumplimiento de las iniciativas.

Pese a que se hayan cumplido 4 años de la firma de un Acuerdo de Paz que incluyó un capítulo étnico, persisten las graves violaciones a los derechos humanos sobre los territorios de comunidades étnicas: a la fecha han sido asesinados 249 dirigentes indígenas, continúan las masacres, la confrontación armada ha ocasionado el desplazamiento forzado de 7000 indígenas en diferentes regiones del país, 4000 niños han muerto por desnutrición, el reclutamiento forzado en territorios indígenas se incrementó en 117% en el marco de la pandemia, sólo en el Chocó hay 10.000 indígenas en confinamiento y las niñas y mujeres indígenas siguen siendo víctimas de violencia sexual por parte de uniformados del Ejército Nacional.  


[1] Los 8 pilares son: i) Ordenamiento social de la propiedad de la propiedad rural y uso del suelo; ii) Infraestructura y adecuación de tierras; iii) Salud; iv) Educación rural y primera infancia; v) Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; vi) Reactivación económica y producción agropecuaria; vii) Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación; y viii) Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

[2]Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (2020). Cuarto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia.

[3] Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo de paz – CSIVI.

[4] Centro de Pensamiento y diálogo político – CEPDIPO (2020). Documento de trabajo 22 Una perspectiva territorial de la implementación sin reconocimiento y garantías del enfoque étnico.

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