En una polémica decisión que ha provocado indignación tanto entre conservacionistas como en el público en general, el gobierno de Sri Lanka habría decidido excluir 418 acres de la Reserva Natural de Vidataltivu en el distrito de Mannar, provincia del Norte del país, presuntamente para la expansión de un proyecto de acuicultura industrial. Según los movimientos de la sociedad civil en Sri Lanka, esta acción sin precedentes tiene como objetivo facilitar la expansión de la granja de langostinos de Taprobane Seafood Ltd.
Un informe de la sociedad civil publicado la semana pasada indica que bajo la autoridad otorgada por las subsecciones 1 y 4 de la Sección 2 de la Ordenanza de Protección de Fauna y Flora, el ministerio correspondiente emitió la Gaceta Extraordinaria No. 2383/05 con fecha 06 de mayo de 2024, excluyendo una porción de tierra -418 acres- de la Reserva Natural de Vidataltivu.
Según el informe, esta tierra excluida está destinada a ser asignada a Taprobane Seafood Ltd. para un proyecto de acuicultura. Taprobane Seafood Private Ltd., establecida en 2011, recientemente ha establecido una asociación estratégica con Direct Source Seafood, una destacada empresa estadounidense especializada en la importación de cangrejos y langostinos. Según el Daily FT, Direct Source Seafood es uno de los mayores importadores de cangrejos y camarones en EE.UU., gestionando programas de marca privada de camarones y cangrejos para importantes empresas minoristas y de servicios de alimentos. Lxs críticxs que protestan por la desviación de tierras en Mannar alegan que estas acciones sirven principalmente a los intereses de estas corporaciones privadas. El informe de la sociedad civil también afirma que, tras una investigación, funcionarios del Ministerio de Vida Silvestre y Conservación de Recursos Forestales revelaron que la liberación de la tierra de la reserva fue ordenada por altos funcionarios estatales.
En el pasado, también se hicieron intentos para desviar partes de la Reserva Natural de Vidataltivu para uso industrial. Por ejemplo, en 2017, la Autoridad Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura (NAQDA) desarrolló una propuesta para un Parque Industrial de Acuicultura de 1,000 hectáreas que permitiría a partes privadas criar peces marinos, cangrejos y especies exóticas de camarones. Sin embargo, debido a las protestas de los ambientalistas y la oposición de la comunidad, el plan fue archivado. Por lo tanto, esta nueva notificación emitida en mayo de 2024 se percibe por muchos como otro intento de desviar zonas protegidas para uso industrial.
El área de Vidataltivu, que abarca diversos ecosistemas como humedales, manglares y praderas marinas, fue designada como área de conservación tras extensos estudios y recomendaciones de expertos ambientales y organismos internacionales. Esta decisión tenía como objetivo salvaguardar la rica biodiversidad de la región, que incluye especies en peligro crítico como los dugongos y varias aves migratorias.
Sin embargo, la reciente exclusión de tierras de esta reserva ha generado serias preocupaciones éticas y legales. Lxs críticxs argumentan que las acciones del gobierno socavan los principios de conservación ambiental y violan disposiciones constitucionales que ordenan la protección y preservación de los bienes naturales en beneficio público. Además, el informe alega que la exclusión se llevó a cabo sin los estudios de impacto ambiental requeridos y en contra del plan de manejo aprobado para la reserva, destacando su ilegalidad. El 27 de junio, la Corte Suprema de Sri Lanka suspendió esta notificación mediante una orden provisional.
La participación de altos funcionarios estatales ha alimentado acusaciones de corrupción e influencia indebida. Si se demuestran ciertas, estas acusaciones podrían manchar no solo la reputación del gobierno, sino también subrayar los riesgos que implica la influencia corporativa descontrolada en la política ambiental.
Las operaciones de cultivo de langostinos de Taprobane Seafood Ltd., ya bajo escrutinio por violaciones ambientales como el vertido de aguas residuales sin tratar, también se acusan de poner en peligro aún más los ecosistemas locales y los medios de vida. Las comunidades locales de pescadores, cuya supervivencia depende de la salud ecológica del área, enfrentan una potencial devastación económica debido a la degradación de sus zonas de pesca.
A medida que se desarrolla la controversia, queda por ver si los desafíos legales y la indignación pública obligarán al gobierno a reconsiderar su decisión y cumplir con su deber constitucional de proteger el medio ambiente. Para obtener más detalles, visite el sitio web de la Alianza Popular por el Derecho a la Tierra. El Movimiento por la Reforma Agraria y de Tierras (MONLAR) es miembro DE La Vía Campesina de Asia y de esta red, está entre los muchos movimientos que se oponen a la notificación de la gaceta.