Revisión de la Política Comercial y la reforma de la PAC: incongruencias e incoherencias

La Comisión Europea ha publicado recientemente un documento titulado “Revisión de la Política Comercial – Una Política Comercial Abierta, Sostenible y Asertiva”, en la que se declaró que se necesita una nueva estrategia de la política comercial para «apoyar la realización de sus objetivos de política interior y exterior y promover una mayor sostenibilidad».

Las Instituciones han establecido tres objetivos principales y seis áreas de trabajo clave (descritas abajo) que pretenden priorizar en la reforma de la política comercial de la Unión Europea. Especialmente respecto al primer objetivo de «Apoyar la recuperación y la profunda transformación de la economía europea en línea con sus objetivos verdes y ecológicos» y teniendo en cuenta la importancia de la agricultura en las Estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad” como piedra angular de los objetivos ecológicos descritos en el Pacto Verde, es esencial prestar más atención a los vínculos entre la Política Agrícola Común (PAC) y las regulaciones en materia de comercio de la UE, para evaluar la coherencia y compatibilidad de ambas.

Una de las áreas de trabajo identificadas por la Comisión es la reforma de las normas y prácticas de la OMC para que se actualicen y mejoren de forma que reflejen las realidades comerciales de hoy en día para apoyar la recuperación económica y el desarrollo, así como la sostenibilidad medioambiental y social. Para la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), esta actualización también es muy importante, especialmente en el contexto de una pandemia que ha puesto al descubierto los riesgos y las limitaciones de un sistema de suministro de alimentos globalizado, tanto dentro de Europa como en terceros países que actualmente dependen del sistema alimentario orientado a la importación-exportación.

Es importante señalar que, para ECVC, los alimentos no son una mercancía ni un instrumento económico para obtener beneficios. Por el contrario, es un derecho fundamental y debe ser tratado como tal. La soberanía alimentaria, es decir, la capacidad política de legislar sobre la agricultura y alimentación y así garantizar el poder de los pueblos de tener autonomía y acceso a alimentos producidos localmente, sanos, frescos y culturalmente apropiados no es algo que debe ponerse en venta. Para lograr los objetivos y prioridades de la PAC, es necesario cumplir con una de las demandas más importante  de La Vía Campesina: excluir la alimentación y la agricultura de los acuerdos de libre comercio.

En la actualidad, existe una incoherencia entre los objetivos de la PAC y la orientación de los sistemas alimentarios hacia el modelo de exportación-importación, debido a la inclusión de la alimentación y la agricultura en la OMC y los TLC. Para reforzar la posición de los agricultores en las cadenas de valor, y «promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales», es necesario regular los mercados, precios remuneradores, tomar medidas para relocalizar y controlar la producción y acortar las cadenas de suministro de alimentos. Animar a los productores a que envíen los alimentos a medio mundo no nos acerca a la aplicación de estas medidas y teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los requisitos de almacenamiento y transporte asociados, no es en absoluto un ejemplo de «gestión sostenible de los recursos» ni de «cambios en las prácticas agrícolas para mitigar los GEI». Sin embargo, la posición del comisario de Agricultura sugiere a ECVC una oportunidad y apertura al cambio con declaraciones que apoyan la necesidad de utilizar el potencial de los mercados locales. La Comisión se ha comprometido a priorizar las cadenas alimentarias cortas y las alternativas al comercio de larga distancia en el proceso de aprobación de los planes nacionales estratégicos de la PAC.  La distancia de la granja a la mesa, que actualmente es de aproximadamente 150 km, tiene que reducirse.

Los TLC son un obstáculo para la creación de nuevas políticas públicas que mejoren los sistemas alimentarios desde el punto de vista de la calidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad medioambiental, la inclusión social y el desarrollo rural y, sin embargo, se pide a los Estados miembros que lo hagan y que introduzcan cambios reales y serios en sus Planes Estratégicos Nacionales de la PAC. La prioridad a la hora de decidir cómo producimos nuestros alimentos debe ser proporcionar a la población fuentes de alimentación sanas, suficientes, seguras, sostenibles y soberanas. No se puede seguir permitiendo que el beneficio se anteponga a ello, y las instituciones europeas deben marcar la pauta con la política de acuerdos de libre comercio, para animar a los Estados miembros a aplicar una política nacional adecuada dentro de la PAC y fuera de ella.

Del mismo modo, en la Comunicación sobre la revisión de la Política Comercial, la Comisión se ha comprometido a seguir apoyando «al sector agrícola y agroalimentario de la UE, compuesto principalmente por pymes, centrándose en la promoción de la sostenibilidad y la calidad de sus productos, convirtiéndolos en abanderados del sistema de sostenibilidad alimentaria de la UE». Sin embargo, este compromiso no se ha extendido a las medidas aprobadas por el Consejo y el Parlamento dentro de la reforma de la PAC. Si nos fijamos en el régimen de pequeños agricultores, las ayudas se han limitado a un tope de 1 250 euros de pagos redistributivos no obligatorios, mientras que la limitación y la degresividad para los grandes beneficiarios de la PAC no se han impuesto a los Estados miembros.  No es nada realista pensar que los agricultores de pequeña y mediana escala puedan planear o adaptar sus prácticas, o incluso en la profesión, si la PAC no garantiza que reciban parte de las ayudas y prestaciones. Muchas de las pequeñas y medianas explotaciones a las que la Comisión ha prometido apoyar dentro de la Política Comercial se consideran demasiado pequeñas para recibir ayudas según la PAC.

Además, aunque en la PAC se destaca la importancia de apoyar la resiliencia y posición de los agricultores mediante «desarrollo e infraestructura rural», «sistemas eficaces de asesoramiento y formación continua» y soluciones para combatir «el difícil acceso al crédito», la Comunicación de la Política Comercial hace mucho hincapié en cómo la revolución digital cambiará la naturaleza del comercio, «con el apoyo de la protección de la propiedad intelectual (PI)». Es especialmente peligroso pensar que el comercio puede evolucionar y volverse más sostenible con el medioambiente y apoyar a los agricultores mediante la innovación fomentada por la protección de la propiedad intelectual, la misma «protección» que niega el acceso a las semillas para los agricultores o en líneas generales, el acceso a las vacunas en el sur del planeta.

Asimismo, la Comisión afirma que, a través de su transparencia, compromiso mundial y cooperación, la UE trabaja con sus colaboradores para garantizar la adherencia a los valores universales (normas laborales básicas, y la protección social en línea con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad). Por ejemplo, una de las acciones clave y áreas de trabajo destacadas en revisión de la Política Comercial es asegurar que «las importaciones se ajusten a las normas y reglamentos relevantes de la UE». Desgraciadamente y de manera aún más incoherente, en las negociaciones recientes sobre la reforma de la PAC, no se adoptó la prohibición de importar productos que contengan plaguicidas no aprobados en Europa (Artículo 188bis). El Consejo se negó a someter las importaciones a la normativa europea sobre plaguicidas, dando la espalda a la ciudadanía europea en un tema tan importante como es la seguridad alimentaria.

Si la UE sigue «fomentando relaciones con países de Europa y alrededores y profundizando en el compromiso con los Estados africanos» tal y como se recoge en la Comunicación de la Política Comercial, pero no aprueba ni aplica medidas en otras políticas como la PAC, el Pacto Verde y la Estrategia De la Granja a la Mesa y viceversa, la falta de coherencia entre estos pilares de la política de la UE continuará y otros actores, como los actores industriales e inversores privados, continuarán estableciendo las normas y utilizando su poder para obtener beneficios para unos pocos, a costa del progreso de muchos.

Aunque hay muchas incongruencias entre la PAC y la revisión de la Política Comercial, se puede sacar una conclusión común a ambos documentos. No hay suficiente ambición para cambiar la situación actual. No hay una visión coherente en las políticas de la UE, y no hay compromiso a la hora de establecer medidas más sólidas que se ajusten al Pacto Verde y a la Estrategia F2F, y no hay un compromiso real con el cambio de paradigma que tanto se necesita para la transición hacia una agricultura sostenible.

Las Instituciones tienen que escuchar las voces de las comunidades y organizaciones campesinas en las zonas rurales para tomar decisiones holísticas que cambien el enfoque de la política comercial hacia el desarrollo local y sostenible, con el apoyo de una PAC coherente y congruente a nivel de la UE y de ambiciosos planes estratégicos nacionales a nivel de los Estados miembros. El futuro de los productores de pequeña y mediana escala en Europa y, por lo tanto, la salud y bienestar de toda la ciudadanía a la que alimentan, dependen de esto.

Un artículo de la European Coordination Vía Campesina https://www.eurovia.org/