Sociedad civil exige al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) que adopte directrices efectivas sobre tenencia de tierras para garantizar seguridad alimentaria y el respeto por los derechos humanos

Roma, Italia, 7 Octubre 2011 — A medida que se acerca la ronda final de negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices sobre Gobernanza en la Tenencia de Tierras, Recursos Pesqueros y Forestales en la sede de la FAO en Roma, del 10 al 14 de octubre, organizaciones de la sociedad civil le recuerdan a los gobiernos la gran responsabilidad que tienen para llegar a un acuerdo sobre uno de los temas más acuciantes de nuestra era: cómo asegurar y mantener un acceso y una tenencia equitativa de tierras, recursos pesqueros, forestales y naturales para los pueblos indígenas y pequeños productores, especialmente mujeres. Esta responsabilidad surge de las obligaciones legales que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos como el derecho a una alimentación, vivienda, salud y trabajo adecuados, y los derechos de los pueblos indígenas.

Garantizar el acceso y control de los recursos naturales como, por ejemplo, la tierra, el agua, los recursos pesqueros y forestales, de los/as pequeños/as productores/as, pueblos indígenas y pueblos viviendo en zonas de ocupación y conflicto es de extrema importancia para la seguridad alimentaria

local y nacional, así como para la soberanía alimentaria. Abordar estos temas se ha vuelto incluso más urgente teniendo en cuenta la crisis alimentaria mundial y la desestabilización de comunidades locales, a medida que más y más tierras se transfieren a empresas de agronegocios y titulares de

concesiones. Los/as pastores nómadas y todas las comunidades que dependen para su subsistencia de bienes comunes naturales se ven particularmente afectadas.

El Panel de Expertos de Alto Nivel (HLPE) del CSA afirmó recientemente en su segundo informe que la inversión a gran escala en tierras es dañina para la seguridad alimentaria, los ingresos, los medios de vida y el medio ambiente de los pueblos locales. El panel pidió a los gobiernos:

Que reconozcan el derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con la tierra y los recursos naturales sobre los cuales dependen para sus medios de vida;

Que garanticen el acceso y el uso de las tierras por parte de los campesinos, pastores trashumantes, habitantes de los bosques, pescadores y pueblos indígenas;
Que lleven a cabo políticas de redistribución de tierras en lugares marcados por la desigualdad en el control y la propiedad de la tierra;

Que eliminen las cuotas y los subsidios a los biocombustibles; y
Que den prioridad a la inversión en el sector de la pequeña agricultura y en sistemas alimentarios alternativos que sean socialmente inclusivos y ambientalmente sustentables, con base en los principios de la agroecología.

Las organizaciones de la sociedad civil están preocupadas porque aunque se ha agregado la seguridad alimentaria en el título de las Directrices (Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra, Recursos Pesqueros y Forestales en el Contexto de Seguridad Alimentaria Nacional) y se la ha reconocido como uno de los principales objetivos de las Directrices, al texto actual le sigue faltando un enfoque coherente en los/as productores/as de alimentos a pequeña escala y grupos pobres y marginados con inseguridad alimentaria, quienes deben estar en el centro del debate.

Los gobiernos poderosos y el sector privado insisten en presentar el crecimiento económico, el fortalecimiento de los mercados y las inversiones corporativas como soluciones mágicas para alcanzar la seguridad alimentaria, a pesar de muchas pruebas en contrario.

Además, estos gobiernos no aceptan –e incluso tratan de debilitar – toda medida que vaya más allá de los mecanismos de mercado, como la restitución, redistribución y el establecimiento de reglamentaciones obligatorias que tengan como objetivo garantizar seguridad en la tenencia y salvaguardas de cara a inversiones a favor de pueblos indígenas, campesinos/as, pescadores/as y pastores/as trashumantes.

Faliry Boly, secretario general de Sexagon, organización campesina de Mali, dijo: “El problema es evidente. Los proyectos de agronegocios tales como los que comprenden cientos de miles de hectáreas en la Oficina del Níger, Mali, causan mucho daño y son profundamente ilegítimos. Les exigimos a los parlamentos y gobiernos nacionales que abandonen inmediatamente todos los acaparamientos de tierras masivos actuales o futuros y que devuelvan las tierras saqueadas.”

Las organizaciones de la sociedad civil están especialmente preocupadas por la hostilidad generalizada de los Estados en contra de recordar sus obligaciones de derechos humanos relacionadas con la tierra, la pesca y los bosques. Con el temor de que las Directrices creen nuevas obligaciones o se vuelvan demasiado prescriptivas, muchos gobiernos están haciendo todo lo posible para debilitar los textos y las recomendaciones.

“Para los pueblos indígenas, esta actitud es particularmente preocupante ya que el primer borrador de las Directrices es bastante más débil que los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). ¿Cómo pueden los gobiernos construir una rendición de cuentas a nivel nacional e internacional si no aplican el marco internacional de derechos humanos a la tierra, la pesca y los bosques?” dijo Jorge Stanley Icaza, representante indígena.

Las organizaciones de la sociedad civil reconocen que muchos países están seriamente comprometidos a adoptar las Directrices y piden a todos los gobiernos que sigan este enfoque constructivo. A pesar de la complejidad de los temas, es posible concluir las negociaciones de manera satisfactoria en octubre. Retrasar la adopción de las Directrices socavaría gravemente la credibilidad de los gobiernos y las instituciones multilaterales en sus esfuerzos para solucionar la crisis alimentaria mundial.

“Exigimos a los gobiernos, las organizaciones regionales de estados, la FAO y otras instituciones internacionales y nacionales que implementen inmediatamente los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006 y que adopten fuertes Directrices basadas en el acceso equitativo a los recursos naturales” dijo Margaret Nakato del Foro Mundial de Trabajadores de la Pesca. “Un desarrollo rural basado en la producción de alimentos agroecológica y a pequeña escala es esencial para alcanzar la soberanía alimentaria, para el bienestar de todos/as y para un futuro sustentable para el planeta.”

Firman:

Action Aid, Italia

FIAN International, Alemania

Amigos de la Tierra Internacional,

Uruguay Fishermen Union, Bahrain

Arab Group for the Protection of Nature,

Focus on the Global South, India, Tailandia y Jordania Filipinas

Associazione Italiana per L’Agricoltura Biologica (AIAB), Italia

International Collective in Support of Fishworkers (ICSF), India

Caucus de Pueblos Indígenas

International Indian Treaty Council (IITC), Panama (tbc)

Centro Internazionale Crocevia, Italia

La Via Campesina, Indonesia

Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), Senegal (por confirmar)

Land and People Small Farmers’ Network, Líbano

Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI)

Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC), Bélgica

Econexus, Reino Unido

Movimiento Juventud Kuna, Panamá

Environmental Alliance, Bahrain

Oxfam

Terra Nouva, Italia

Environment Now, Egipto

Transnational Institute, Países Bajos

Uganda Land Alliance, Uganda

World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (WAMIP), India

Why Hunger, EEUU

World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF), Uganda

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