Perú: Organizaciones Indígenas exigimos que el ejecutivo observe la Ley Mordaza (APCI) por violar derechos de los Pueblos Indígenas
Las organizaciones indígenas nacionales del Perú que suscribimos este pronunciamiento: la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), denunciamos con indignación la aprobación de la modificatoria de la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el pasado 12 de marzo por parte del Congreso de la República. Rechazamos categóricamente esta “Ley Mordaza“, una maniobra perversa que busca despojarnos de nuestros derechos y someter a los Pueblos Indígenas u originarios a un control aún más opresivo.
Este no es un hecho aislado. Es una pieza más en la maquinaria de violencia sistemática, criminalización y represión que el Estado peruano viene afilando contra nuestros pueblos. Mientras las grandes empresas extractivas siguen saqueando nuestros territorios con impunidad, el Legislativo y el gobierno profundizan su estrategia de silenciamiento y represión contra quienes luchamos por la vida, por el agua, por los bosques y por nuestra existencia misma.
La “Ley Mordaza” no solo vulnera nuestros derechos fundamentales, sino que es una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Tranajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y múltiples fallos del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. El Estado está obligado a consultarnos cada vez que se prevean medidas que puedan afectarnos directamente, pero en su lógica colonial y racista, nos siguen tratando como si nuestras voces y derechos no importaran; por tanto es inconstitucional.
Además, esta modificación representa una amenaza directa a nuestro acceso a la justicia. Durante años, los pueblos indígenas y originarios hemos enfrentado violencia, despojo y criminalización sin que el Estado garantice mecanismos reales de protección, reparación y justicia. En ese marco, el financiamiento de cooperación internacional ha sido clave para que nuestras organizaciones puedan litigar en defensa de nuestros territorios y de nuestros derechos, enfrentando la impunidad de empresas y gobiernos que nos violentan. Con esta ley, el Estado pretende bloquear los fondos que nos permiten denunciar abusos, llevar nuestros casos a instancias nacionales e internacionales y proteger a nuestros defensores y defensoras perseguidos por la lucha colectiva. Así como restringir nuestro legítimo derecho a la protesta y movilización frente a los atropellos del gobierno. Incluso nos impedirían presentar un recurso administrativo.
Esta medida es un nuevo ataque frontal contra nuestras organizaciones. Impone restricciones arbitrarias a las entidades que gestionan fondos de cooperación internacional, limitando los recursos que permiten financiar la defensa de nuestros derechos y la protección de nuestros territorios. Pero no solo buscan ahogarnos financieramente. La “Ley Mordaza” también establece sanciones desproporcionadas contra nuestras organizaciones, persiguiendo nuestra autonomía y atacando nuestro derecho a la libre determinación.
Pero no lo permitiremos. Exigimos al Poder Ejecutivo observar la autógrafa del Proyecto de Ley 6162 por ser inconstitucional y frenar este ataque brutal contra nuestros derechos colectivos e individuales como pueblos indígenas y originarios. No vamos a permitir que nos silencien ni que nos despojen. No somos súbditos de su política colonial y racista. Nuestros territorios, nuestras vidas y nuestras resistencias no están en venta ni bajo su control.
Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a todos los sectores que realmente defienden los derechos humanos a no quedarse en silencio ante este nuevo ataque estatal. Esta ley es un peligro para todas las organizaciones sociales, para la defensa de los derechos humanos y para cualquier forma de disidencia frente a un Estado que avanza cada vez más en su deriva autoritaria.
¡No a la “Ley Mordaza”!
¡Respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas! ¡No nos callarán!
