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Campesinos en pie de lucha exigiendo la derogatoria del del decreto que privatisza las tierras de las comunidades campesinas
Reafirmamos nuestra decisión de luchar por una política de favorezca al desarollo rural con soberanía alimentaria para nuestro pueblo
Nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestro rotundo rechazo a la política neoliberal y privatista del gobierno de Alan García Pérez. Este gobierno no respeta el derecho de los pueblos a la alimentación, está quebrando a la pequeña y mediana producción agropecuaria, la que abastece al mercado interno. De cada 10 toneladas de alimentos que se producen en el país, 7.5 TM son producidos por nosotros, aunque el incremento de productos importados hace que esté perdiendo importancia. En la sierra peruana la mayoría están organizados en Comunidades campesinas, juntos los pequeños y medianos productores representamos cerca del 95% del total de productores que existen en el país.
El gobierno entreguista de Alan García Pérez, utilizando la Ley N° 29157, del Congreso de la República, que delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (TLC), se ha aprovechado de esta situación e inconstitucionalmente ha aprobado normas que afectan derechos fundamentales de los pueblos originarios, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, reconocidas por la Constitución Política y por los tratados internacionales.
Según dice el Decreto Legislativo 1015, promulgado el 20 de mayo del 2008, quiere promover la inversión privada y la competitividad de la producción agropecuaria, pero su verdadero interés es revertir la Reforma Agraria y cumplir sus compromisos con las transnacionales con el objetivo de implementar grandes extensiones de terrenos para los agro combustibles, las explotaciones mineras, gasíferas y petroleras. Los recursos naturales justamente están ubicados en el territorio de las Comunidades Campesinas y Nativas
El DL 1015, establece que una comunidad campesina o nativa podrá disolverse con el voto del 50% de sus miembros y podrá disponer sus tierras simplemente con la aprobación del 50% de los asistentes a una asamblea ordinaria. De esta forma, bastará que un grupo mínimo de comuneros así lo decida para que las comunidades campesinas y nativas pierdan sus tierras ancestrales.
Se desconoce la protección especial de las tierras y territorios de los pueblos campesinos indígenas, pues se trata de bienes colectivos y no individuales susceptibles de someterse a las regulaciones comunes del mercado, puesto que de dichos bienes depende la subsistencia misma de la identidad y la vida de los pueblos campesino indígenas.
En la práctica, el DL 1015 promueve la parcelación de las tierras y territorios de las comunidades nativas, poniendo en grave riesgo su supervivencia, así como la existencia de sus diversas identidades culturales y formas de organización comunal.
Para pedir la derogatoria de los decretos legislativos que privatizan las tierras de las comunidades andinas, y rechazar a los proyectos de leyes que van en el mismo sentido, la CCP, la CNA y la CONACAMI llaman esos dias 8 y 9 de Julio a un paro agrario nacional.
