INFORME PRELIMINAR
Managua, Nicaragua, 29 de Junio del 2007 – A invitación de las Organizaciones Campesinas integrantes de la Mesa Agropecuaria y Forestal (MAF) miembro de la Vía Campesina y la organización Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Misión Investigadora Internacional visitó Nicaragua del 22 al 29 de junio para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas. La misión estuvo integrada por delegados/as de Honduras, El Salvador, Guatemala, Alemania y Nicaragua miembros de FIAN Internacional y La Vía Campesina. La misión se realizó en el marco de la “Campaña Global por la Reforma Agraria” que la Vía Campesina y FIAN impulsan desde 1999.
El objetivo general de la misión fue apoyar a los esfuerzos nacionales a favor del derecho a la alimentación y la reforma agraria en Nicaragua a través de la verificación de casos concretos en los Departamentos de Matagalpa, Chinandega, Managua y Costa Caribe, en los cuales los derechos económicos y sociales, particularmente el derecho a la alimentación y a la tierra, de las comunidades campesinas e indígenas están amenazados o violados. La misión internacional tuvo audiencias con representantes del Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR), de la Procuraduría General de la República, de la Intendencia de la Propiedad, de la Comisión Nacional de Paz, Reconciliación y Justicia, de la FAO, de la Alcaldía Municipal de Tipitapa y Waspam, de las organizaciones de productores, sindicales y de desmovilizados de guerra como FENACOOP, UNAPA, ATC, ARNIG, CNOR y diferentes organizaciones de la Sociedad Civil como el INGES, GISSAN, Coordinadora Civil y SIMAS. Situación General:
Nicaragua posee una condición agraria ventajosa en relación a los demás países centroamericanos, siendo el más extenso y el que menos población tiene por kilómetro cuadrado. Sigue siendo un país fundamentalmente agrícola, con un gran potencial de producción en alimentos. Sin embargo enfrenta graves problemas de hambre, malnutrición y pobreza. La distribución de la población y la pobreza es desigual entre el área urbana y el área rural: en el área urbana, se concentra la proporción más alta de población (58.3 por ciento), pero le corresponde una baja cuota de pobreza mientras que en el área rural es al revés: a un 41.7 por ciento de población total, se le vincula una alta cuota de pobreza. Las regiones Central y Atlántico, continúan siendo las más empobrecidas del país acumulando entre ambas, el 57.1 por ciento de la pobreza nacional y el 73.5 por ciento de la pobreza extrema. La región Central es la que aporta la mayor cantidad de pobres (41 por ciento) y de pobres extremos (57.1 por ciento), aunque ambas regiones concentran cerca de la mitad (el 43.5 por ciento) de la población total y por ende a la problemática de inseguridad alimentaria y nutricional actual.
La Revolución Sandinista dejó la estructura agraria radicalmente cambiada cuando Daniel Ortega entregó el gobierno a Violeta Barrios de Chamorro en abril de 1990. Más de un millón de hectáreas de tierra con vocación agropecuaria había cambiado de dueño. La derrota electoral del sandinismo no sólo significó un cambio de gobierno sino un cambio de sistema. Todas las transformaciones efectuadas por la revolución fueron cuestionadas por los nuevos gobernantes. Fue mediante un acuerdo de concertación económica y social que se logró limitar la velocidad y profundidad de los cambios así como asegurar la propiedad a los beneficiados por la Reforma Agraria. Convencidos de que la Reforma Agraria jamás sería cuestionada, los sandinistas no se empeñaron en legalizar debidamente las transferencias masivas. Dieciséis años después del fin de la época sandinista, la legalización de las tierras entregadas en el marco de la Reforma Agraria no ha sido completada. La falta de un catastro sistemático y completo – sólo existe un registro parcial del Pacífico del año 1971 – lo que se suma a los problemas creados por la práctica sandinista de registrar tierras entregadas con un número nuevo sin hacer referencia al número catastral anterior. Ante esta situación los beneficiarios de la reforma de la década de los 80 y 90 carecen aún de un título legal por lo que viven en una situación de inseguridad o han sido privados de la tierra que les había sido entregada en el ámbito de la reforma agraria.
Verificación de casos específicos en el campo:
Caso 1: Finca San Antonio de Oaxaca, Departamento de Matagalpa.
Grupo de obreros agrícola compuestos por 54 trabajadores (37 hombres y 17 mujeres) quienes ante la falta de pago de prestaciones laborales demandaron a William Benavides Chavarría en el año 2002 y por lo cual el juzgado local dictó sentencia resolutiva a favor del grupo de trabajadores mandando a que en pago se le entregue la finca “San Antonio” de 259 manzanas, pero en febrero del 2003 la propiedad fue invadida por 43 campesinos quienes argumentan tener carta de asignación que le fue entregada por el gobierno de turno en base a los “Acuerdos de las Tunas”, desde esa fecha han sucedidos diferentes actos de violación a los derechos humanos como desalojos donde resultaron personas golpeadas, heridas y varias personas detenidas, además que desde esa fecha no han podido hacer uso de la propiedad. El grupo de obreros agrícolas ha realizado gestiones en diferentes instituciones del Estado, se han movilizado y demandaron solución ante diferentes instancias departamentales y nacionales (OIT, Intendencia de la propiedad, Ministerio de Gobernación y otros) y solo han recibido promesa de solucionar su problema, la última comunicación verbal, por parte de la Secretaría Nacional del FSLN, es que en los próximos días le entregarán la escritura definitiva de la propiedad.
Caso 2: Finca La Pintada, Departamento de Matagalpa.
En 1990 el grupo de 48 familias campesinas adquirió contrato de arriendo del Estado con opción de compra de la finca “La Pintada” de 600 manzanas. Hasta 2002 su vida fue pacífica, en ese año terminó el contrato y en octubre de 2002 el Estado entregó título de reforma agraria a 30 desmovilizados. En el mismo periodo el grupo originario verificó que la propiedad está en el territorio de la comunidad indígena de Matagalpa por lo que solicitaron apoyo y obtuvieron un documento de goce y uso para la propiedad. (El juzgado 2do de distrito civil de Matagalpa dictó sentencia a favor de que esa propiedad es parte del territorio de la Comunidad Indígena de Matagalpa por lo que el Estado no tiene potestad para otorgar títulos de reforma agraria sobre esa área). En 2004 llegaron 145 familias a la propiedad llevadas por la Intendencia de Propiedad y la Policía (bajo los Acuerdos de la Tunas). Actualmente las 30 familias que recibieron carta de asignación ya no están en la propiedad ya que la vendieron a una sola familia. El grupo original de 36 familias se dividieron en dos grupos (21 y 15 familias) los primeros están queriendo quedarse con toda la propiedad y han quitado el área de producción agrícola al resto del grupo. La demanda es ahora que anulen la venta que hizo el grupo de desmovilizados y que el gobierno resuelva el problema de las familias originarias a través del título de propiedad.
Caso 3: Finca la Suana, Departamento de Matagalpa.
Desde 1990 un grupo de 55 obreros adquirieron en arriendo con opción a compra la propiedad denominada “La Suana” de 345 manzanas ubicada en el Departamento de Matagalpa. En abril del 2005 fueron invadidos por un grupo de 40 personas quienes argumentan tener carta de asignación por 80 manzanas que le fue entregada por el gobierno de turno en base a los “Acuerdos de las Tunas”, este grupo vendió la tierra y se retiraron en octubre del 2006. El grupo original durante los 17 años que tienen de estar en posesión han sufrido desalojos por parte de la policía dejando personas golpeadas, heridas y detenidas. A pesar de toda esa situación han construido sus respectivas viviendas, escuela, instalados sistemas de agua potable y aunque la tierra es insuficiente han venido produciendo sus propios alimentos y otros productos agrícolas para el mercado por lo que esperan que la Intendencia de la Propiedad les otorgue los respectivos títulos de propiedad.
Caso 4: Finca El Ensayo, Departamento de Chinandega.
En 1992 se organizó la cooperativa “Rafaela Herrera” integrada por 71 familias (400 personas, 217 menores de 12 años) quienes recibieron una carta de asignación de la propiedad El Ensayo de 365,28 manzanas ubicadas en el departamento de Chinandega. El conflicto se origina cuando aparecen unas personas con títulos de reforma agraria entregados por gobiernos anteriores con quienes hasta la fecha mantienen un conflicto judicial, por esta situación han sido desalojados en varias ocasiones dejando como resultados personas golpeadas, heridas, encarceladas, le han destruido sus cultivos y envenenado sus pozos de donde adquieren el agua para tomar, han realizado marchas hasta la capital, huelgas de hambre y otras acciones para llamar la atención de las autoridades y que le resuelvan su citación. El Tribunal Nacional de la Propiedad falló a favor de la cooperativa en el año 2005 y no dio lugar a la restitución de la propiedad a los demandantes. En el año 2006 dicha propiedad ya fue inscrita a favor del Estado de Nicaragua por lo que se solicita a la Procuraduría General de la República que mande a anular la inscripción del título de reforma agraria que la señora Carmen Deshon había realizado, esto como aspecto fundamental para que la Intendencia de la Propiedad pueda otorgar el título definitivo a las 71 familias de la Cooperativa “Rafaela Herrera”.
Caso 5: Finca El Timal, Departamento de Managua.
En esta propiedad de aproximadamente 36.000 manzanas, solo unas 5.000 manzanas pertenecen al Estado de Nicaragua, hay 2 asentamientos y 17 cooperativas agropecuarias integradas por unas 2.000 familias que provienen de diferentes partes del país y que fueron desmovilizados del ejercito, de la policía, del ministerio de gobernación, de la resistencia nicaragüense y 500 familias campesinas sin tierra. Estas familias se tomaron estas tierras desde el año 2000 y durante este tiempo se han producido diferentes desalojos pero también invasión de propiedad por parte de otros grupos por lo que se han producido enfrentamiento entre ellos dando como resultados varios heridos y encarcelados. Además tienen perdida de producción por los daños de los cultivos ocasionados por el ganado de personas privadas. Actualmente el Gobierno ha designado una comisión interinstitucional para atender la problemática de estas tierras y estos grupos por lo que se está procediendo a hacer una revisión de los solicitantes a fin de que se otorgue títulos a verdaderos sujetos de reforma agraria. La demanda del grupo es la entrega de los títulos definitivos.
Caso 6: Caso Awas Tingni, Costa Caribe.
El pueblo Mayagna de Awas Tigni ha luchado desde 1990 por el reconocimiento de sus derechos ancestrales sobre su territorio. Ante la negligencia de los gobiernos anteriores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 31 de agosto de 2001 que el Estado de Nicaragua debe demarcar el territorio de la comunidad Awas Tigni dentro de un plazo de 15 meses. A diferencia a los gobiernos anteriores, el Gobierno actual ha prestado atención prioritaria al caso de Awas Tigni, que se expresa en varios avances que se pueden observar en este año. El 14 de febrero de 2007, el Consejo Regional Autónomo del Atlántico ratificó una resolución previa de la Comisión de Demarcación y Ordenamiento Territorial que resuelve el problema de traslape entre la comunidad Awas Tigni y tres comunidades Miskitas. Recientemente, el Secretario de la Presidencia para la Costa Caribe, Lumberto Campbell manifestó ante la comunidad Awas Tigni que el proceso de amojonamiento sea iniciado en estos días, y que la entrega del título sea efectuada el 9 de agosto del corriente. En conversación con la Misión, la Vice-Intendencia de la Propiedad ratificó el anuncio del secretario de la presidencia. A partir de la visita in situ, la Misión considera muy importante estos avances del caso, y solicita mantener ese nivel de atención al caso ante los problemas que surgirán en el marco del proceso de saneamiento. Además, la Misión pide tomar en consideración la situación de amenazas y hostigamientos que se viven en el territorio, por lo que pide que se adopten las medidas necesarias para una protección efectiva de la comunidad Awas Tigni en contra de cualquier tipo de agresión y hostilidad por terceros.
Conclusiones
Durante las visitas de campo la mayoría de las familias campesinas expresan que el gobierno ha manifestado voluntad política para enfrentar la problemática agraria pero que hace falta ver como esas promesas se ponen en práctica para resolver efectivamente los conflictos agrarios y facilitar a las comunidades los recursos necesarios para producir sus propios alimentos.
En las audiencias celebradas con las autoridades competentes sobre los casos verificados por la Misión, la Procuraduría General de la República, la Intendencia de Propiedad y el Consejo de Reconciliación, Paz y Justicia expresaron su compromiso a brindar atención especial para la resolución de los casos presentados por la Misión.
Como Misión Internacional valoramos la decisión política del Gobierno de reconocer como prioridad nacional atender la problemática de inseguridad alimentaria de su población lo que se expresa en la puesta en marcha del programa Hambre Cero, en particular por la entrega del bono productivo alimentario a las mujeres rurales.
Consideramos de mucha importancia poder contar con un marco jurídico específico para enfrentar las causas del hambre y desnutrición desde un enfoque del derecho humano a la alimentación, por lo que apreciamos el apoyo del Gobierno al anteproyecto de ley de seguridad y soberanía alimentaria.
Igualmente consideramos positiva la creación de las Comisiones Operativas Territoriales para la solución de los conflictos agrarios a través de la mediación y la negociación. Caso especial reviste la atención de las comunidades indígenas a través de una vice-intendencia especial que será la responsable de la demarcación y titulación definitiva de los territorios de las comunidades indígenas a favor de sus legítimos dueños.
Recomendaciones
A partir de nuestras observaciones, la Misión Internacional de Investigación de Vía Campesina y FIAN Internacional recomienda al Gobierno de Nicaragua:
1. La lucha contra el hambre, la defensa del derecho a la alimentación y la promoción de la soberanía alimentaria como prioridad del gobierno.
2. Para resolver a fondo la conflictividad existente en el agro nicaragüense, será indispensable implementar una política de tierras en el marco de una reforma agraria integral que facilite el acceso a la tierra y garantice la seguridad y el uso de la misma.
3. Es necesario un proceso profundo de reordenamiento territorial que incluya la revisión registral y catastral a nivel nacional y el saneamiento de todas aquellas propiedades que en este momento carecen de certeza o cuentan con varios títulos sobre la misma.
4. Es necesario seguir y reforzar la atención especifica a la resolución de conflictos agrarios, en especial los casos verificados por la Misión, desde la perspectiva integral de los derechos humanos de los grupos vulnerables que incluya a las diversas instituciones del Estado y las organizaciones campesinas e indígenas.
5. La promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las mujeres rurales implican que tanto en la titulación de tierras a su favor como en las políticas de salud, educación y trabajo, se supere cualquier tipo de discriminación que hasta el momento sigue imperante.
6. La pronta demarcación y titulación de los territorios indígenas para restituir sus derechos ancestrales y la prevención de los conflictos que puedan surgir en el marco del saneamiento.
7. La mayor participación y transparencia posible en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia del derecho a la alimentación, de tierra y desarrollo rural.
Seguimiento de la Misión.
El presente informe de carácter preliminar será elaborado y concluido a finales del mes de agosto, que luego será presentado a las organizaciones campesinas y de derechos humanos de Nicaragua así como a las respectivas instituciones del Gobierno, además será presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a los Relatores Especiales del Derecho a la Alimentación, del Derecho a la Vivienda, de los Defensores de Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Le estaremos dando seguimiento al cumplimiento de los compromisos ofrecidos por las autoridades gubernamentales a la Misión Internacional.
Vía Campesina FIAN – Internacional
viacampesina_cgra@amnettgu.com wolpold@fian.org
