(10 de febrero de 2020) El pasado 29 de enero de 2020, en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en Roma, se celebró una reunión oficial para debatir y negociar las Directrices Voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. A la reunión asistieron principalmente los gobiernos, con la participación de organismos de las Naciones Unidas (FAO, FIDA, OMS, ACNUDH y muchos otros), así como movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y otros agentes.
Este proceso de negociación de nuevas directrices para las políticas públicas debe ofrecer soluciones sobre cómo transformar el actual sistema alimentario que ha creado el hambre y todas las formas de malnutrición, a fin de proporcionar una alimentación nutritiva para todos. Este tema es de interés para la FAO y el CSA desde hace muchos años. En el marco del CSA, el proceso de elaboración de las directrices comenzó oficialmente con la publicación de un informe del Grupo de Expertos de alto nivel en 2017. Le siguió la primera reunión abierta en enero de 2019. Este año, las sesiones de negociación se acelerarán y culminarán en julio.
La Vía Campesina participa activamente en el proceso, a través del mecanismo de la sociedad civil, y basa su contribución en un proceso colectivo interno y también con diversas organizaciones aliadas.
Los principales argumentos de LVC en este proceso son los siguientes:
a) Es esencial centrarse en las personas marginadas, lo que debe incluir a los pequeñ@s agricultor@s, l@s campesin@s, los pueblos indígenas, l@s pescador@s, l@s pastor@s, l@s trabajador@s de la alimentación y la agricultura y l@s sin tierra; en este sentido, un enfoque de múltiples interesados no debe privar a las personas afectadas por el hambre y la malnutrición de su lugar central en los sistemas alimentarios;
b) Seguir el enfoque de los derechos humanos; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de l@s campesin@s y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP) es un instrumento crucial que debe informar el debate sobre los sistemas alimentarios y la nutrición; en general, la base de los derechos humanos y su relación con los sistemas alimentarios y la nutrición debe reafirmarse y describirse claramente como un compromiso de las nuevas directrices;
c) El enfoque sistémico, el cuál explora las interconexiones entre la ecología, la alimentación y la salud humana, es fundamental;
d) En cuanto a la gobernanza, se deben asignar a los gobiernos funciones y responsabilidades claras y firmes en la utilización y aplicación de las directrices;
e) Las nuevas tecnologías son muy problemáticas y deben evitarse (como el enriquecimiento – bio/micro, las carnes cultivadas en laboratorio y la edición artificial de genes); a menudo implican patentes y la propiedad de datos que van en contra de los derechos de l@s campesin@s y el derecho a la alimentación;
f) Las causas fundamentales del hambre y la malnutrición deben exponerse claramente: las prácticas comerciales capitalistas mundiales, la concentración de los mercados, el dumping, los embargos, la financiarización del mercado alimentario, los subsidios públicos desproporcionados para la producción industrial y/o alimentaria y la falta de apoyo a la producción alimentaria agroecológica en pequeña escala;
g) Es necesario distinguir claramente entre los modelos de producción – entre el modelo industrial y el modelo campesino agroecológico a pequeña escala – porque uno es el problema y el otro la solución; en general, las soluciones presentadas están orientadas al mercado en vez de basarse en los derechos humanos; el documento no reconoce este problema que ha generado la malnutrición. Se debe reflejar ampliamente la agroecología en el documento como modelo para asegurar la nutrición para tod@s;
Sobre la base de estas consideraciones, he aquí los puntos más importantes planteados por La Vía Campesina durante el debate del 29 de enero:
“¿A quién servirá el futuro sistema alimentario? La respuesta a esta pregunta determinará las prioridades que se destacarían en las directrices.
La gobernanza de los sistemas alimentarios debería basarse en los derechos humanos, en particular en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de l@s campesin@s y otras personas que trabajan en zonas rurales, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la alimentación. Sin estas anclas, no se puede reformar el sistema alimentario actual para poner fin al hambre y la malnutrición.
Los sistemas alimentarios no pueden seguir siendo remodelados para servir al beneficio privado, ni pueden ser remodelados centrándose únicamente en la productividad. Los sistemas alimentarios deben servir al interés público. Para ello es necesario establecer medidas de protección contra los conflictos de intereses, como lo han mencionado oradores anteriores. En esta sección se debe establecer claramente la función primordial del gobierno como titular de la obligación de aplicar las directrices.
Estamos alarmados por el compromiso de este documento con el actual sistema alimentario agroindustrial que está fallando. Sigue confiando en la tecnología y los mercados para resolver la actual crisis de hambre y malnutrición en el mundo. Eso no es aceptable. El mundo debe pasar a la agroecología, con un sistema alimentario que sea ecológicamente diverso, saludable, producido localmente y culturalmente apropiado.
A fin de avanzar hacia un sistema alimentario sostenible que asegure la nutrición y ponga fin al hambre, las directrices deben identificar concretamente las causas de la falta de acceso a dietas sostenibles. Entre éstas figuran los bajos salarios, el acceso a los recursos naturales, la falta de protección social, la financiarización de la agricultura, las prácticas comerciales mundiales y los desequilibrios de género.
Los conocimientos sobre la nutrición centrados en la población pueden existir sólo si las comunidades no son simples receptoras finales de la información, y también si son los participantes en el proceso como fuente de conocimientos sobre la nutrición. Las personas tienen el derecho de determinar su propio sistema alimentario, el derecho de participar en los procesos de toma de decisiones sobre la política alimentaria y agrícola. Todos estos son elementos del derecho a la soberanía alimentaria, la cual es reconocida por muchos países e instrumentos internacionales.
Si bien en general estamos satisfechos con la inclusión de una sección separada sobre la mujer en el documento, es necesario seguir desarrollando la perspectiva transversal de los derechos de la mujer. También faltan elementos tales como las relaciones de poder y la violencia de género que están en la raíz de la malnutrición, así como medidas para la transformación de las relaciones de género, la cual es una necesidad fundamental.
El punto clave en este caso es la necesidad de incluir salvaguardias para garantizar que los efectos de la ayuda humanitaria no afecten a la población local y los productores de alimentos en pequeña escala – por ejemplo, que nunca se utilice el suministro de alimentos y agua para socavar la resiliencia, la cultura y, en última instancia, los derechos humanos de las comunidades locales, especialmente en situaciones de guerra y ocupación. También quisiéramos recordar que en el párrafo 16.1 de las Directrices sobre el derecho a la alimentación se acuerda que nunca se puede utilizar los alimentos como medio de presión política y económica.
Además, apoyamos las muchas voces que piden la inclusión de referencias al Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar.
Creemos que los Estados deben promover modelos de producción sostenible que tengan la capacidad de transformar las desigualdades, injusticias y externalidades generadas en los actuales sistemas agroalimentarios. Por lo tanto, deben reforzarse los vínculos con la agroecología.
En el marco del enfoque agroecológico, l@s productor@s, l@s campesin@s y los pueblos indígenas han desarrollado tecnologías adaptadas a sus territorios, trascendiendo el nivel de producción primaria y generando una serie de innovaciones. Es esencial que en el presente documento, se reconozca la contribución de los pequeños productores al sistema alimentario, quienes están proporcionando alimentos nutritivos, asequibles y culturalmente apropiados.
Por último, nos hacemos eco de las preocupaciones de algunos participantes con respecto a la biofortificación, ya que seguimos pensando que no tiene cabida en este documento. El principio de precaución y los derechos humanos deben prevalecer cuando se trata de tecnologías que incluyen patentes y riesgos insuficientemente evaluados. Si construimos un sistema alimentario verdaderamente sostenible, la biofortificación no es necesaria”.
La delegación de La Vía Campesina estuvo integrada por organizaciones miembros como Eco Rurales del Rumania, la Unión Nacional de Agricultores/Ganaderos de Canadá y de Pakistan.
Notas:
