La política en México vive tiempos de canallas. Las reformas constitucionales propuestas por el presidente Peña y aprobadas por la mayoría de los legisladores el año pasado, en términos jurídicos regresaron al país a los tiempos del Porfiriato. Las reformas laboral, educativa y energética se apartaron del concepto de estado moderno respetuoso de derechos humanos y garantías fundamentales, ganados en este país con sangre, sudor y lágrimas de varias generaciones.
Los nuevos cambios han concretado conceptos neoliberales que representan un retroceso de cien años de historia mexicana de luchas sociales y reivindicaciones políticas.
Ni más ni menos que una revolución al iniciar el siglo XX y décadas de lucha posteriores, habían hecho posible que contáramos con un marco constitucional entre los más avanzados del mundo.
Por efecto de las reformas mencionadas —más bien contrarreformas—, ahora están en riesgo, amenazadas o desaparecidas reivindicaciones laborales, sociales, políticas y económicas, derechos individuales y sociales, dejando a la mayoría de la población desprotegida y a la nación sin futuro.
La reforma energética, particularmente, al privatizar el petróleo y la electricidad, entregando estos recursos estratégicos a las empresas trasnacionales herederas de las expulsadas por el General Cárdenas en 1938, dará lugar al mayor saqueo de la historia moderna de México.
Y con ello la pobreza, el hambre, la injusticia y la violencia que ya lastiman a la mayoría de la población se extenderán y profundizarán por todos los ámbitos de la patria.
¿Cómo fue esto posible? Evidentemente por la traición de los representantes populares y por la complicidad de las fuerzas participantes en el llamado Pacto por México que fue en realidad el pacto por la traición a México.
En ese contexto de imposición y resistencia, se ha anunciado una reforma al campo que sin duda apuntará a privatizar lo que queda después de las reformas salinistas y la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 20 años.
El centro de la reforma al campo, según se anuncia, será la transformación del marco jurídico agropecuario, es decir, que afectará tanto el marco legal que regula la tenencia de la tierra, como el de la producción.
De nuevo estamos ante el intento de profundización de las reformas neoliberales para afinar las condiciones que faciliten el saqueo de nuestros recursos.
Desde tiempo atrás y haciendo énfasis en las reformas del 92 a la ley agraria, vemos los esfuerzos gubernamentales por acabar con la propiedad social, intentos por desarticular al ejido y ninguna intención de dotar tierras o constituir figuras de trabajo en beneficio de la clase campesina.
Las políticas oficiales no están enfocadas en la reactivación del campo mexicano sino dirigidas a terminar de entregar lo que queda a las trasnacionales. Si bien el ejido no se ha privatizado, más del 80 por ciento de la tierra ejidal está en manos de antiguos latifundistas y concentradores a través de la renta de parcelas.
El grupo en el poder se siente envalentonado por la sumisión de la izquierda partidista y por la división de la izquierda social y las fuerzas progresistas, y va por todo en la consumación de sus planes de entrega de la patria.
De 1994 a la fecha, la mitad del territorio nacional el gobierno federal ha concesionado a compañías mineras depredadoras, principalmente canadienses, y hay una ley en trámite de aprobación para entregar las playas y litorales a extranjeros.
Desde la UNORCA nos opondremos a una reforma privatizadora del campo y a cualquiera de las iniciativas en curso en ese sentido, y seguiremos demandando un cambio de políticas hacia la sociedad rural, seguiremos luchando por un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria.
Es decir, un nuevo modelo con políticas dirigidas a fortalecer la agricultura campesina sostenible, recuperar el mercado interno, priorizar la producción nacional y eliminar la dependencia alimentaria, mediante la reorientación del gasto público y el abandono del libre mercado.
Dos conclusiones principales emanaron de una serie de foros regionales que realizamos recientemente para evaluar el impacto del TLCAN en el campo mexicano:
Primero, la clase campesina e indígena de México vive peor que en 1994.
Y el TLCAN, hoja de ruta para la imposición del modelo neoliberal, es la causa principal de la actual crisis de la sociedad rural mexicana.
Por ello demandamos la cancelación del capítulo agropecuario del TLCAN. Queremos a la agricultura fuera del marco regulatorio de cualquier tratado comercial.
Las reformas impuestas el año pasado, buena parte de ellas hasta ahora tan sólo en el papel y sin legitimidad que garantice su plena vigencia en la práctica, se analizan, se difunden y se llama a la resistencia desde varios sectores. Este año será crucial para la suerte de tales reformas y para el destino de la nación.
Ahora mismo miles de mexicanos y mexicanas estamos convocando a que la ciudadanía patriótica y nacionalista, sin distinción de ideologías, creencias, diferencias sociales o filiación política nos incorporemos en la defensa de la soberanía y de los recursos energéticos y en el rechazo a la reformas privatizadoras hasta revertirlas.
Más de dos decenas de mexicanos y mexicanas ilustres, ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes, han demandado que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma energética por un cúmulo de irregularidades y desaseo en el proceso legislativo.
Asimismo, un centenar de personajes de la lucha democrática y la vida cultural del país llaman a inaugurar una nueva etapa de lucha popular, por la democracia verdadera y la justicia social.
Ellos convocan a la instalación de un Congreso Popular el próximo 5 de febrero, que debata una iniciativa para revocar las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, promulgadas el 20 de diciembre de 2013.
El Congreso Popular dirigirá una discusión colectiva sobre posibles acciones de desobediencia civil pacífica para desarrollarse el 18 de marzo, en el 76 aniversario de la expropiación petrolera.
El descontento está levantando el vuelo y la unidad llama a nuestras puertas.
Este 31 de enero en la capital del país y en las principales ciudades de México, vamos a converger todas las fuerzas patrióticas en la tradicional marcha de las clases campesina y obrera mexicanas por la soberanía nacional, la soberanía alimentaria y en defensa de los derechos sociales, laborales y políticos.
Es la marcha de la unidad por la defensa del petróleo y de la tierra, por el rechazo a las semillas transgénicas, y contra la privatización del campo, la educación y los recursos naturales. Por la defensa de la propiedad social y comunitaria. Por la derogación de las reformas privatizadoras y violatorias de derechos laborales y sociales.
Soberanía alimentaria, democracia y justicia para una vida digna.
Ciudad de México, 28 de enero de 2014
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