El año pasado el país se deslizó más aprisa en el tobogán de la crisis del que ya no saldremos sin abandonar el modelo de libre mercado. La economía, estancada durante cinco sexenios, cerró con un crecimiento de 1.2 por ciento, que equivale a la mitad del promedio de las últimas tres décadas.
Si comparamos con el crecimiento poblacional de 1.4 por ciento, entonces queda más clara la gravedad de la situación, que refleja el empobrecimiento de la sociedad en general al ser producidos menos bienes y servicios para una mayor población.
A pesar de que el gobierno del PRI —en su retorno triunfal a la presidencia de la república— promovió tres reformas relacionadas directamente con la economía: la de telecomunicaciones, la hacendaria y la energética, la realidad es que el país tuvo un desarrollo mediocre, el peor desde la devaluación de finales de 1994.
El paquete de reformas impulsadas por el gobierno priista y apoyadas en unos casos por el PAN, en otros por el PRD y en otros más por ambos partidos en una estrategia de máscaras sucesivas de opositor malo y opositor bueno, es absolutamente contrario al interés nacional.
De hecho, la serie de reformas, incluidas la educativa y la laboral, constituye una ofensiva feroz contra el pueblo de México. Pero mientras a la inmensa mayoría de la población le va cada vez peor, por su parte los ricos mexicanos están muy contentos: este año, México registrará un aumento del 7 por ciento en el número de millonarios, lo que significa 10 mil 150 millonarios adicionales a los 145,000 que había en 2013.
El año pasado, los multimillonarios mexicanos aumentaron de 10 a 15 en la lista de Forbes. La suma de la riqueza de estos 15 súper ricos, es de 148 mil millones de dólares, lo que representa un aumento en riqueza neta del 18.4 por ciento comparado con 2012.
La multiplicación de los multimillonarios mexicanos superó el promedio mundial en una explosión de concentración de la riqueza en México sin precedente. La injusticia social desmesurada adquiere relieve al traer a la mesa la profunda iniquidad y la pobreza extendida que padece el país. México encabeza las mediciones de desigualdad económica entre las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con una cifra tres veces mayor al promedio.
La organización OXFAM denunció en Davos, hace poco, que 85 personas, sólo 85 de los multimillonarios del mundo, perciben el 50 por ciento de los ingresos que se generan en todas las actividades de todos los seres humanos del planeta.
En nuestro país el gobierno federal, en estos años de neoliberalismo ha favorecido políticas de concentración de la riqueza que han provocado una enorme diferenciación entre los distintos estratos sociales.
No nos cansaremos de insistir en la triste paradoja: mientras más de la mitad de las familias mexicanas viven en la pobreza, aquí habita el más rico del mundo, según Forbes.
Ya lo sabemos, pero hay que repetirlo, en el campo mexicano la situación es sumamente grave: de los 28 millones que lo habitan, 20 millones sobreviven en condiciones de hambre.
En el campo habita la mayoría de la población indígena que vive en la miseria, es decir, ahí donde se producen los alimentos, la gente puede morir por hambre o desnutrición y por enfermedades curables en otras partes del país porque no hay comida ni servicios médicos y preventivos suficientes para ejidatarios, jornaleros, comuneros e indígenas.
Según el Banco Mundial, 52.3 por ciento de la población mexicana vive en pobreza, y 19.7 por ciento en pobreza extrema. Estos datos son conservadores, porque se sabe por otras fuentes que la pobreza en el país ya alcanza por lo menos al 56 por ciento de la población y si se usa un patrón más minucioso la cifra sobrepasa el 70 por ciento.
El organismo internacional en su informe Estrategia de Asistencia a México para los años 2014 a 2019, admite que en los 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la proporción de mexicanos pobres es por lo menos tan alta como hace dos décadas y su cantidad en números absolutos creció incesantemente.
Queda claro, medido aun con sus propios parámetros, que el TLCAN no sirvió para reducir la pobreza sino que amplió el abismo entre clases sociales. Pero aquí nosotros no hablamos de un fracaso sino de un proyecto que —al margen de falsas promesas para consumo de ingenuos—cumplió cabalmente con lo planeado.
En noviembre y diciembre llevamos a cabo sendos Encuentros Regionales Indígenas y Campesinos por la Soberanía Alimentaria, en las ciudades de Ruiz, Nayarit; Tamazunchale, San Luis Potosí y el Distrito Federal, para hacer el balance del impacto en el campo tras 20 años de TLCAN.
Dos conclusiones principales emanaron de esos foros:
Primero y definitivamente, la clase campesina e indígena de México está peor hoy que en 1994.
Y, segundo, el TLCAN, hoja de ruta de la imposición del modelo neoliberal, es la causa fundamental de la actual crisis de la sociedad rural mexicana.
El consenso en los foros fue unánime: después de vivir en carne propia y resistir los golpes del TLCAN durante 20 años, que ya son demasiados, demandamos la cancelación del capítulo agropecuario del tratado. Queremos a la agricultura fuera del marco regulatorio de los acuerdos comerciales.
El TLCAN, que prometió la integración de las economías de América del Norte, en los hechos se aplicó a imponer reglas de propiedad intelectual favorables a las corporaciones trasnacionales, creó un sistema de justicia por encima de las cortes nacionales con la creación de tribunales especiales y desató dinámicas que afectaron todos los ámbitos de la economía, la sociedad y el medio ambiente, en demérito de nuestra nación.
Desde 1994, además de las asimetrías iniciales, el 80 por ciento de los campesinos del país fue despojado de los medios suficientes para incorporarse al marco del TLCAN, y comenzó la emigración rural principalmente a los Estados Unidos de América. Se expulsó mano de obra joven en el campo mexicano por el orden de 3 millones de personas.
Los pequeños y medianos productores, que somos la mayoría en México, nos fuimos quedando sin crédito y sin apoyos para las actividades agropecuarias.
La apertura comercial unilateral más la eliminación del sistema de precios de garantía que databa del gobierno de Lázaro Cárdenas incrementaron los costos de producción por encima de los precios de los productos, lo cual provocó que la producción campesina perdiera rentabilidad.
Como resultado directo de la imposición de estas políticas, la pobreza y el hambre se extendieron dramáticamente a lo largo y ancho del territorio nacional generando una crisis de derechos humanos, particularmente en el campo.
De los apoyos gubernamentales que prevalecen, más del 60 por ciento benefician a sólo 17 mil de los más de seis millones de productores del campo.
La política agropecuaria durante la vigencia del modelo neoliberal ha extendido y consolidado el control de Estados Unidos sobre el mercado agroalimentario mexicano. El abasto de alimentos en las grandes ciudades está en manos de Walmart, mientras Cargill controla más de la mitad de la comercialización de los cultivos básicos.
Monsanto, DuPont y un puñado de trasnacionales monopolizan el mercado de semillas y mantienen un cabildeo agresivo para introducir su maíz transgénico a escala comercial, que condenaría a su desaparición al maíz mexicano y a una nueva esclavitud a los maiceros y consumidores. Amén de los demostrados daños a la salud ocasionados por los productos modificados genéticamente.
La actual dependencia alimentaria de 43 por ciento, cifra reconocida oficialmente, es el resultado de que entre 1994 y 2010 disminuyó la superficie sembrada en 12 por ciento y si bien los rendimientos agrícolas crecieron 25 por ciento, la demanda interna aumentó más, de modo que se incrementaron exponencialmente las importaciones.
En el caso del maíz, la superficie se redujo casi 11 por ciento y pese a que el rendimiento aumentó 30 por ciento, la importación creció 185 por ciento. En cuanto al frijol, la superficie cayó 28 por ciento, el rendimiento aumentó 76 por ciento y las importaciones subieron 283 por ciento.
En trigo, la superficie se redujo 27 por ciento y aun con el aumento de 50 por ciento en rendimientos, la importación se incrementó 217 por ciento. En el caso del arroz la superficie se redujo 22 por ciento y las importaciones aumentaron 120 por ciento.
Debido al retraimiento y desaparición de instituciones como Conasupo, Diconsa y Almacenes Nacionales de Depósito, el mercado interno ha quedado en manos de las trasnacionales y la comercialización agroalimentaria fue monopolizada.
Estas políticas de las que hemos sido víctimas son las que acentuaron la desigualdad social provocando una mayor concentración de la riqueza.
El saldo, 20 años después, nos permite hablar con propiedad de un país sometido al neocolonialismo, cuyos resultados son un crecimiento mediocre y desigual, tanto sectorial como regionalmente, insuficiente para las necesidades de la mayoría de la gente.
En el mismo sentido, tenemos una economía profundamente polarizada, desarticulada, con graves desequilibrios, dominada por el gran capital trasnacional, con pérdida de soberanía alimentaria y energética; y un crecimiento de la pobreza, de la precarización del trabajo y de la sobreexplotación de los trabajadores.
En sus evaluaciones y sin atreverse ya a festinar, los neoliberales presumen del incremento de las exportaciones (que sólo ha beneficiado a grandes productores, maquiladoras y trasnacionales), del aumento de la inversión foránea (sobre todo capital especulativo) y que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos ha crecido 10 veces, lo cual es sólo la confesión de que sus riquezas se han multiplicado por 10 y más veces.
EL TLCAN fue la compra-venta de México: hubo quien puso al país en venta, siguiendo el plan trasnacional, y no faltaron los interesados en comprarlo.
Los campesinos y las campesinas agrupados en la UNORCA no olvidamos que fue el gobierno federal encabezado por Carlos Salinas de Gortari el promotor y firmante del TLCAN con Estados Unidos y Canadá, instrumentado sin consultar a la sociedad y sin el respaldo de la mayoría de los productores del país.
Por eso, y por sus resultados previstos, constatados y denunciados oportunamente, el TLCAN constituye un acto de traición a los intereses del pueblo de México, por lo cual llamamos a lanzar acciones inmediatas para demandar su cancelación en lo concerniente a la agricultura.
Repudiamos la presencia de Barack Obama y Stephen Harper en México, que han venido a felicitar a Peña Nieto por sus servicios prestados a la causa del dominio neocolonial, a reforzar los negocios de las trasnacionales petroleras, agroalimentarias y mineras depredadoras y apuntalar sus criterios de seguridad nacional que han dado al traste con lo que quedaba de la soberanía de esta nación.
Ciudad de México, 19 de febrero de 2014
