Más de 100 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas instan a emprender acciones políticas para hacer realidad el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas para todxs
- En el Día Mundial de la Alimentación y en el 20 aniversario de las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación, publican un Manifiesto en el que exigen una acción mundial urgente por el Derecho a una Alimentación y Nutrición Adecuadas.
- Los firmantes llaman a la paz y condenan el uso de los alimentos y el hambre como armas de guerra en todo el mundo.
- El Manifiesto pide la creación de plataformas democráticas y multilaterales para la política alimentaria, siguiendo el modelo del marco inclusivo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
- Exigen una coordinación coherente entre las plataformas de la ONU para abordar las cuestiones críticas de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación y la nutrición.
Roma, Italia. 10 de octubre de 2024. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, celebrado cada año el 16 de octubre, más de 100 organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas de todo el mundo se han reunido para publicar el Manifiesto de los Pueblos sobre el Derecho a una Alimentación y Nutrición Adecuadas. El manifiesto es un llamado a la acción política urgente para poner fin al uso del hambre como arma de guerra, abordar la inseguridad alimentaria y la desigualdad, y transformar los sistemas alimentarios mundiales. Las y los firmantes instan a un cambio hacia la soberanía alimentaria, la agroecología y la protección de los bienes comunes naturales para hacer realidad el Derecho a una Alimentación y Nutrición Adecuadas, al tiempo que se logra una mayor participación social y responsabilidad en la toma de decisiones a nivel mundial.
En 2024 también se cumple el 20 aniversario de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, un documento de consenso mundial que marcó un hito, fue negociado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas y aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en noviembre de 2004. Este documento orienta a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones legales en virtud del Derecho a una Alimentación y Nutrición Adecuadas, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En 20 años el mundo ha sido testigo tanto de una serie de logros como de crecientes obstáculos a la realización del derecho a la alimentación. Estas Directrices se convirtieron en una piedra angular de las luchas relacionadas con la alimentación, el clima, la deuda, el comercio, los conflictos, el género y la biodiversidad, y han dado forma a varias políticas nacionales y reformas legales para hacer realidad este derecho.
En las dos últimas décadas, ciudadanos han sido testigos de cómo los intereses corporativos han exacerbado la desigualdad, agravado la crisis climática y convertido los alimentos en una mercancía y en un arma. Por ejemplo, en 2023, 135 millones de personas de 20 países se enfrentaban a una crisis alimentaria debido a la guerra y a conflictos prolongados , que se incrustan en una combinación de ocupación, insurgencia, desastres, cambio climático, desigualdad, inequidad, pobreza generalizada y factores de gobernanza.
Los firmantes del Manifiesto de los Pueblos condenan la militarización de los alimentos y el hambre, como en Gaza, Yemen y Sudán, entre otros países donde los alimentos se utilizan como herramienta de castigo y control, lo que provoca hambrunas generalizadas e inseguridad alimentaria. Instan a los Estados a volver a comprometerse con el marco de los derechos humanos y a cumplir sus obligaciones también en contextos de crisis prolongadas.
Miembros de la Marcha Mundial de las Mujeres en Líbano, de la Plataforma de Agricultura Urbana y Periurbana de Gaza (GUPAP) y de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) en Palestina subrayan que el desplazamiento forzado de las comunidades actúa como una herramienta intencionada de hambruna al amenazar su acceso a los alimentos y bloquear la entrega de ayuda y alimentos a Gaza.
Reconociendo que la población civil es las que más sufre en zonas de guerras, ocupación y crisis prolongadas, subrayan que en situaciones de ocupación, es responsabilidad del ocupante garantizar que las comunidades privadas de sus derechos tengan acceso a los derechos básicos, incluido el derecho a la alimentación.
Nos parece crucial salvar las vidas de los civiles en Palestina y Líbano, así como sus hogares, tierras y medios de subsistencia. Quemar las tierras agrícolas y los bosques, desplazar a las comunidades rurales, impedir que las y los campesinos accedan a sus tierras y que los pescadores se adentren en el mar, sólo puede tener como resultado el deterioro de los medios de subsistencia y la soberanía alimentaria de las comunidades – Jana Nakhal, Marcha Mundial de las Mujeres.
El Manifiesto también exige el fin de la agricultura agroindustrial y del control corporativo sobre los sistemas alimentarios, que agravan la desigualdad y la degradación medioambiental. Reclama la reforma agraria, la redistribución de la tierra, el apoyo a la agroecología y el control, el acceso y la preservación de la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y otros bienes comunes naturales.
El acaparamiento de recursos y la cada vez mayor concentración de la tierra y la riqueza son expresiones y causas de las crisis alimentarias, económicas, ecológicas, sanitarias, sociales y políticas interconectadas, que requieren una profunda transformación de las sociedades y economías. La tierra y los territorios para los Pueblos Indígenas y las y los productores de alimentos a pequeña escala son clave para la realización del derecho a la alimentación, por lo que las personas firmantes también piden apoyo de los Estados para una segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural en 2026 (CIRADR+20), que ponga en el centro el problema del derecho a la tierra y la protección de los territorios de los Pueblos Indígenas, para contribuir a encontrar soluciones reales a las crisis que estamos viviendo, tal y como ha anunciado recientemente el gobierno colombiano.
El Manifiesto por el Derecho a la Alimentación aboga por una transformación radical de los sistemas alimentarios a través de cinco demandas específicas: un cambio hacia la agroecología y los sistemas alimentarios resilientes al clima, la priorización de los mercados territoriales, la justicia de género, la redistribución de la tierra y la paz. Destaca el papel clave de las voces de los pueblos, los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales en la toma de decisiones sobre alimentación y nutrición, por lo que también reclama marcos de rendición de cuentas más sólidos para evitar la influencia empresarial, fomentar la toma de decisiones democrática y garantizar una gobernanza alimentaria mundial basada en los derechos humanos.
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, que también conmemora este año su 50 aniversario , fue reformado en 2007-2008. El Manifiesto señala que las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación fueron decisivas en esta reforma, promulgada durante una de las crisis mundiales de precios de los alimentos más importantes, que dio a la creación del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI). Y afirma que hasta la fecha el CSA sigue siendo el único espacio multilateral que garantiza el derecho a participar de forma autónoma en sus procesos políticos a las personas más afectadas por la inseguridad alimentaria. Por ello, quienes lo firman piden la creación de estructuras participativas para los sectores más afectados dentro de todas las agencias de la ONU, siguiendo el modelo del enfoque inclusivo del CSA.
También instan a la ONU, en particular a las agencias con sede en Roma (FAO, FIDA y PMA), a contribuir a la coherencia política y evitar la fragmentación de la gobernanza alimentaria mundial mediante la promoción de plataformas como el Foro Mundial de la Alimentación o la controvertida Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU, que no respetan las condiciones democráticas de participación y están fuertemente influenciadas por intereses corporativos. En su lugar, piden que se refuerce el poder de convocatoria del CSA para garantizar que continúe siendo la plataforma central para abordar las causas estructurales y las múltiples dimensiones de las crisis alimentarias mundiales.
Estas medidas, afirma el Manifiesto, podrían allanar el camino hacia una gobernanza alimentaria coherente y basada en los derechos que apoye la soberanía alimentaria, la justicia climática y el bienestar de todas las personas.
Garantizar la participación social de las juventudes y los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones sobre cuestiones alimentarias es como preparar la tierra para nuevos cultivos, con semillas orgánicas, un clima favorable y un suelo fértil. La buena cosecha está asegurada. Al celebrar los 20 años de las Directrices del Derecho a la Alimentación, necesitamos garantizar la participación plena, continua y efectiva de los niños, jóvenes y Pueblos Indígenas en su implementación y en el desarrollo y acceso a las políticas públicas alimentarias, garantizando una reforma agraria justa con territorios saludables que respeten las especificidades y diversidades culturales de los pueblos. – Taily Terena, Consejo Internacional de Tratados Indios
El Manifiesto recoge las voces y demandas de pequeños productores de alimentos, agricultores familiares, campesinos, Pueblos Indígenas, trabajadores agrícolas y de la alimentación, mujeres, personas con diversidad de género, jóvenes, ancianos, consumidores, personas urbanas con inseguridad alimentaria, defensores de la salud y los derechos humanos, civiles afectados por conflictos armados y ocupación, y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de todo el mundo.
Notas al pie:
1. HLPE-FSN (2024). Issues paper on Conflict-induced acute food crises: potential policy responses in light of current emergencies. Available at: https://www.fao.org/docs/devhlpelibraries/default-document-library/hlpe-fsn-issues-papers_conflicts-and-fsn.pdf?sfvrsn=823378b6_4
2. Special Rapporteur on the Right to Food (2024). Starvation and the right to food, with emphasis on Palestinian peoples’ food sovereignty. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/212/30/pdf/n2421230.pdf
–FIN–
- El Manifiesto de los Pueblos sobre el Derecho a la Alimentación fue redactado por organizaciones que participan en el Mecanismo de la Sociedad Civil y de los Pueblos Indígenas (MSCPI) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU, en consulta con participantes de diferentes sectores y regiones. El MSCPI es la mayor plataforma mundial de organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas que trabajan por el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y la nutrición. Las organizaciones participantes en el MSCPI cuentan con más de 380 millones de miembros afiliados.
Contacto en prensa
Betsy Díaz betsy.diaz.millan@csm4cfs.org +52 5561747302, Secretaría del MSCPI