El Consejo de los Pueblos de Occidente solicitaron  al Congreso de la República emita acuerdo de moratoria de otorgamiento de toda licencia minera por tiempo indefinido hasta que se tenga la ley de minería consensuada.

Álvaro Ramazzini arzobispo de San Marcos y Daniel Pascual en representación de los pobladores de diferentes comunidades en donde existen trabajos mineros, se apersonaron al Congreso de la República para solicitar una moratoria a la Concesión de licencias de exploración y exploración minera porque es necesario que la conflictividad finalice en diferentes regiones del país.

Ramazzini indicó que otra solicitud ante el Congreso es que la iniciativa de ley que ya cuenta con dictamen favorable regrese a la comisión de Energía y Minas para que se exista un  amplio debate en donde participen representantes de las comunidades y asì se pueda entrar  a las reformas de la actual  Ley de Minerías.

Solo en al región de Huehuetenango se han realizado 23 consultas comunitarias de buena fe en donde los pobladores han dicho no a la minería, en el departamento de San Marcos 13 municipios también han mostrado su postura a los trabajos mineros el arzobispo indicó que la falta de participación de las comunidades afectadas muestra de parte de autoridades intereses económicos.

Representantes del Consejo de Pueblos de Occidente, presentaron los resultados de dos consultas comunitarias realizadas en Cuilco y San Rafael Petzal del departamento de Huehuetenango, en donde los pobladores rechazaron de forma rotunda los trabajos de minería en el lugar.

Los pobladores han realizado Consultas Comunitarias de “Buena Fe” a través de las cuales miles de pobladores rechazan rotundamente la concesión de licencias para el reconocimiento de exploración y explotación de los recursos naturales de los diferentes  territorios.

Los pobladores refirieron que dicho recurso lo han  utilizado para fijar su postura ante el modelo de desarrollo planteado por las empresas transnacionales, sin embargo aducen que el Estado ha ignorado sus demandas y han deslegitimado dicho proceso al argumentar que las consultas no son validas.

Los pobladores denunciaron que en la Mesa de alto nivel en donde se discutió una iniciativa de reforma de la actual ley de minería en ningún momento tuvo participación el sector afectado es decir representantes de las comunidades donde existen proyectos mineros.

Rocizela Pérez Gòmez
Vía Campesina Guatemala
24 febrero 2009

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