El 12 de marzo, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, presentó su renuncia en medio de la creciente violencia en el país. Antes de su anuncio, la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM) se reunió a puerta cerrada para elaborar un plan de transición, que incluye la creación de un consejo presidencial y el nombramiento de un primer ministro interino. En paralelo, Estados Unidos respaldó otra intervención extranjera, prometiendo $100 millones para el despliegue de una fuerza multinacional de las Naciones Unidas en Haití.
A medida que avanza la formación del consejo presidencial, surgen preocupaciones sobre la credibilidad de sus miembros y sus lealtades políticas, especialmente al Partido Tèt Kale de Haití (PHTK), que está involucrado en la crisis actual.
El pueblo haitiano se cuestiona cómo se puede confiar en aquellos implicados en el caos para resolverlo y cómo otra intervención extranjera que socava la soberanía haitiana no fracasaría miserablemente como las intervenciones anteriores.
La crisis actual es producto de la intervención extranjera y solo puede resolverse si cesa la ingerencia extranjera y se permite a lxs haitianxs recuperar el control de su país.
Soluciones fallidas
A lo largo de su historia, Haití ha soportado una serie de intervenciones extranjeras que han erosionado su soberanía y han llevado directamente a la crisis actual. Después de la revolución haitiana de 1791, que trajo la liberación del dominio francés, Francia logró obligar a las autoridades haitianas a pagar indemnizaciones a cambio de reconocer la independencia de Haití en 1825. Esta enorme deuda, junto con sus intereses, debía pagarse durante 120 años y socavó el desarrollo económico del país durante dos siglos.
En 1915, Estados Unidos invadió y ocupó el país hasta 1934, sentando las bases de una política estadounidense sostenida para interferir violentamente en los asuntos internos de Haití y socavar la democratización. En la década de 1990, 2000 y 2010, las intervenciones de las llamadas “misiones de paz” de la ONU, así como la implementación de políticas de ajuste estructural por parte de instituciones como el Banco Mundial y el FMI, erosionaron aún más la soberanía de Haití y profundizaron su crisis.
El golpe más reciente, apoyado por potencias occidentales, vio la destitución del presidente democráticamente electo Jean-Bertrand Aristide en 2004. Después de su derrocamiento, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU creó el Core Group, compuesto por representantes de Brasil, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, España, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
Durante las últimas dos décadas, este grupo ha ejercido una fuerte influencia en los asuntos políticos y económicos de Haití. No solo ha dictado quién debería gobernar el país, sino que también ha facilitado la incursión de fuerzas militares extranjeras en Haití y ha socavado el restablecimiento de una fuerza armada nacional después de que el ejército fuera disuelto en 1995.
Al tomar estas acciones, el Core Group ha provocado una profunda crisis política, social y económica en Haití, que ha desembocado en la desmantelación del poder estatal y en el control ejercido por diversas pandillas criminales.
Estados Unidos, en particular, tiene una responsabilidad directa en la proliferación y el fortalecimiento de las pandillas, al hacer poco para abordar el tráfico de armas estadounidenses hacia el país.
Como resultado, hoy, lxs haitianxs luchan no solo contra la pobreza y el hambre, sino también contra lo que se asemeja a un “genocidio lento”.
Las pandillas criminales controlan la capital, Puerto Príncipe, y los municipios circundantes, donde dominan más del 90 por ciento del territorio. Operan con total impunidad, aterrorizando a la población a través de secuestros, violaciones, asesinatos y saqueos.
Antes del reciente aumento de la violencia, un informe de 2023 de la organización haitiana Fondasyon Je Klere (FJKL) indicó que bajo el gobierno de Henry, de julio de 2021 a abril de 2023, fueron asesinadas 2,845 personas, incluidos 84 policías. Muchos más han sido asesinados en el último año. Alrededor de 360,000 personas han sido desplazadas, incluidas más de 50,000 que han huido de la capital en los últimos meses.
La violencia ha llevado al cierre de empresas, la pérdida de empleos y el colapso económico. Incluso antes de la escalada actual de la violencia, alrededor del 58 por ciento de la población ya vivía por debajo del umbral de la pobreza, sufriendo una inflación de hasta el 50 por ciento. Las escuelas han cerrado, privando a lxs jóvenes de su derecho a la educación; los centros de salud también han tenido que cerrar sus puertas, privando a muchos de acceso a la atención médica.
Haití está lidiando también con una crisis alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, 1.4 millones de haitianxs están al borde de la hambruna. La violencia en curso ha interrumpido gravemente los canales de distribución de alimentos. Además, la escasez de combustible, los gastos crecientes y los gravámenes exorbitantes impuestos por las pandillas están aumentando los precios en el mercado.
Un factor importante en la escasez de alimentos es también la devastación de las comunidades rurales, que han sido la columna vertebral de la economía agraria de Haití. Durante mucho tiempo han enfrentado la negligencia de quienes tienen el poder, recibiendo poco apoyo para sus actividades agrícolas y servicios básicos limitados para garantizar un nivel de vida normal, ya sea agua y electricidad o salud y educación.
La práctica de asignar tierras para zonas industriales gratuitas y el cultivo de productos comerciales para la exportación ha exacerbado aún más la escasez de alimentos en Haití. Esto beneficia a corporaciones extranjeras y a las élites políticas corruptas respaldadas por Occidente.
Los despojos de tierras han empeorado en los últimos meses, ya que las pandillas han comenzado a tomar por la fuerza tierras campesinas y venderlas ilegalmente a partes interesadas. Esto ha exacerbado la situación de las comunidades rurales.
Lxs haitianxs están sumidxs en la desesperación, con sus comunidades destrozadas y sus esperanzas quebradas frente a la violencia implacable.
El camino a seguir
En este contexto, parece poco probable que el nuevo plan de transición propuesto por la CARICOM, respaldado firmemente por el Core Group y en el que participan actores relacionados con el PHTK, pueda resolver la crisis.
Intervenciones similares en el pasado han introducido liderazgos y políticas supuestamente destinadas a aliviar la crisis en Haití, solo para empeorarla. Exfuncionarios haitianos como Gérard Latortue, Michel Martelly y Ariel Henry, respaldados por las mismas entidades que ahora abogan por una nueva intervención, han permitido que la violencia de pandillas florezca; algunos incluso han establecido estrechos vínculos con estos grupos.
El pueblo haitiano recuerda los fracasos pasados y no confía en las intervenciones dirigidas por la ONU y respaldadas por Occidente, la más reciente de las cuales trajo un brote de cólera que cobró la vida de unas 10,000 personas. En consecuencia, es comprensible que la población haitiana rechace una nueva intervención extranjera y el plan de transición asociado.
Las comunidades sociales, políticas y rurales pueden desarrollar soluciones sostenibles y lideradas por haitianxs. En la transición en curso, liderada por el colegio presidencial, estos sectores importantes se encuentran marginados, con solo un asiento entre los nueve asignados para instaurar el gobierno de transición. Esta representación desequilibrada plantea una seria amenaza para la credibilidad de la administración interina.
Por lo tanto, el Frente Patriótico Popula, confluencia de diversos movimientos sociales haitianos, incluidas nuestras organizaciones campesinas y partidos políticos que abogan por un cambio genuino y la soberanía nacional, enfatiza la necesidad de que estos sectores marginados ejerzan el control sobre el Poder Ejecutivo a través de un Comité de Monitoreo Nacional durante la transición. Esto garantiza una acción efectiva sobre problemas urgentes como la inseguridad y la revitalización económica, al tiempo que sienta las bases para elecciones justas dentro del plazo estipulado de dos años.
Para abordar la violencia de manera efectiva, las fuerzas del orden deben recibir una capacitación reforzada, recibir recursos suficientes y rendir cuentas, todo ello a petición del gobierno de transición y con la atenta supervisión del propuesto Comité de Monitoreo Nacional. Es crucial mantener las instituciones delineadas en la Constitución de 1987, junto con iniciativas para fortalecer la seguridad fronteriza destinadas a combatir el tráfico ilícito de armas.
Si bien las fuerzas armadas nacionales pueden desempeñar un papel crucial en el restablecimiento de la seguridad nacional, las medidas extremas pueden empeorar el caos. Por lo tanto, es esencial un Plan Nacional de Seguridad ideado por expertxs haitianxs e implementado por el gobierno de transición, que ofrezca diversas estrategias para combatir el crimen organizado y que sea fundamental para garantizar una solución definitiva a los desafíos de seguridad de Haití.
Paralelamente, la transición debería centrarse en restablecer las instituciones de administración pública y judicial, que son vitales para lograr la paz social. Los movimientos sociales, como los que participan en el Frente Patriótico Popular y grupos similares, deberían desempeñar un papel clave en este esfuerzo para garantizar que se respeten los estándares de transparencia y gobernanza democrática. Esta transición debería allanar el camino para el establecimiento de un nuevo contrato social y un estado redefinido comprometido a servir al interés nacional.
La crisis de escasez de alimentos puede abordarse internamente apoyando a lxs agricultorxs haitianxs e invirtiendo en la agricultura haitiana. El país tiene la tierra y los recursos para alimentarse a sí mismo. En lugar de hacer que los pobres dependan de la ayuda, los recursos financieros deben destinarse a revitalizar y proteger la agricultura campesina rural y fomentar una variedad de actividades productivas, incluida la agricultura, la agrosilvicultura, la ganadería, la pesca y la artesanía.
Además, la distribución de alimentos puede garantizarse apoyando a lxs vendedorxs minoristas a pequeña escala, algunas conocidas como Madan Sara, que desempeñan un papel vital en la entrega de alimentos a los centros urbanos. Incluso en estos tiempos peligrosos, continúan desafiando rutas inseguras para proporcionar a los mercados locales bienes esenciales.
Si la comunidad internacional quiere ver resuelta la crisis haitiana, puede apoyar estos esfuerzos locales. Puede proporcionar asistencia en un asunto determinado por los propios haitianos, ya sea a través de apoyo técnico para abordar la inseguridad rampante o ayuda humanitaria para combatir el hambre a corto plazo. Lxs haitianoxs también necesitarán solidaridad y apoyo internacional para buscar reparaciones financieras por indemnizaciones injustamente impuestas en el pasado y para repeler otros intentos de violar su soberanía.
La situación del pueblo haitiano no puede ser ignorada ni trivializada; exige acción inmediata y concertada, pero la respuesta no es otra intervención extranjera. Las potencias occidentales deben honrar la soberanía haitiana y respaldar soluciones locales en lugar de imponer sus propias preferencias. La voluntad del pueblo, que soporta el peso de esta catástrofe, debe ser defendida.
Este artículo fue escrito por Doudou Pierre Festile y Micherline Islanda Aduel de La Via Campesina Haití para Al Jazeera.
Fotos : Reuters/Ralph Tedy Erol
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