Guatemala, empresas de monocultivo, mineras e hidroeléctricas roban el agua

El  “derecho humano al agua es indispensable para una vida digna. Es una condición necesaria para logar la efectividad de todos los demás derechos…”el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico” es el “derecho de todas las personas  de disponer de agua suficiente salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y domestico”.Comité de Derechos económicos sociales y culturales observación general 15 derecho humano al agua  (arts 11 y 12 del Pacto Internacional de derechos Económicos Sociales y Culturales. (Boletín No.21 de Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Guatemala.

Exigiendo su derecho al vital líquido habitantes de diferentes regiones del país como las catorce comunidades de Ocós, San Marcos entre otros lugares,  han denunciado públicamente en desvío de ríos y contaminación de manantiales de agua así como el robo del vital líquido que realizan empresas de cañeras y bananeras en la región de la costa sur del país –San Marcos Quetzaltenango y Retalhuleu.

Dichas denuncias han sido presentadas ante entes como el Ministerio Público, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Juzgado de Paz y la municipalidad de Ocós y Coatepeque sin que hasta la fecha se atienda la denuncia y se accione contra las empresas que están dejando sin agua a las comunidades.

La denuncia por parte de habitantes donde existen empresas cañeras, bananeras y de monocultivos ha sido de forma constante  el robo de agua, la contaminación y la construcción de represas  por parte de empresas bananeras y cañeras en la región, así mismo han señalado que el robo del vital líquido viene desde hace varios años, asimismo han detallado que los primeros en construir las represas en el municipio de Coatepeque Quetzaltenango, fueron los hermanos Blanco Aguirre quienes en un inicio utilizaban el agua para regar pastizales para ganado, posteriormente la tierra fue arrendada a una empresa cañera.

En el año 2008, habitantes de  los municipios de Ocós San Marcos, Coatepeque y Quetzaltenango presentaron un memorial al gobierno central y diferentes ministerios donde detalla la situación de violación a su derecho al agua por parte de empresarios, los afectados por el robo del agua señalaron que   los empresarios van detrás de los caudales de aguas para desviarlas de su cause natural y robarse el vital líquido

El empresario Hugo Molina, propietario y arrendatario de las fincas San Juan El Horizonte,  ha desviando el cauce natural de los ríos  Pacayá, Talpope, Mopa, Talticú, con el fin de utilizar el agua  para las grandes extensiones de palma africana. Otros empresarios como  Fernando Bolaños, propietario de la empresa BANASA, ha arrendado las fincas Las Mojarras, Caramelo, Campo Verde y Maravillas para la producción de banano, utilizando el agua del río Ocosito  para la irrigación de dicha plantación.

En el memorial también se señala al propietario Roberto Quintanal, de la hacienda Piedra Parada, productora de hule y frutales, frecuentemente contamina el río Pacayá vertiendo productos tóxicos que afectan directamente la flora y la fauna 

Como consecuencia del desvío de los ríos a través de la construcción de presas, quineles y otras obras, son afectadas de forma directa alrededor de 20 mil familias sin contar las familias afectadas de forma indirecta, las familias afectadas las conforman catorce comunidades que son: La Ayuda, San Rafael Pacayá, San Vicente Pacayá, El Troje, Santa Fé, La Blanquita, Los Encuentros, El Pomal, Chiquirines, Carrizales, Barillas, Las Morenas, Madroñales y El Palmar II, dichas comunidades utilizan  agua de los ríos para  la satisfacción de las necesidades cotidianas.

El en año 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 64/292) reconoció el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para le pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Aunque el derecho a tener acceso al agua es esencial para la vida, a miles de familias guatemaltecas se les está violando dicho derecho por parte de empresarios que se han adueñado de los caudales de agua. Álvaro Ramazzini obispo de la Diócesis de Huehuetenango en su participación en un Foro “El Derecho al Agua” realizado en el mes de febrero  indicó que en Guatemala existen graves contradicciones porque mientras el país ocupa un lugar honroso a nivel mundial en la producción de azúcar, las cifras de desnutrición crónica en niños y niñas  menores de cinco años son alarmantes al señalar que el 59% en edades de 1 a 5 años en poblaciones indígenas viven en desnutrición crónica y niños y niñas que viven en comunidades no indígenas con desnutrición crónica se registra mas del 40%.

El Obispo dijo que se refleja claramente que en el país el motivo fundamental de la actividad económica sigue siendo la ganancia y lucro, sin importar que existan miles de personas muriendo de hambre, “no les importa destruir el planeta y que miles de familias no tengan agua”, indicó.

Ramazzini dio a conocer que en el  caso específico de Guatemala existe la relación directa entre el afán de ganancia y lucro eso se refleja con la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, problemática histórica y real que no ha sido resuelta a pesar de contar con una Constitución Política.

“Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos son llamados hijos de Dios”, pronunció Ramazzini al indicar que muchos empresarios y población guatemalteca se define como  cristiano, por ello  “el principio evangélico atañe a todos los que creemos en la palabra de Jesucristo para poder promover la paz,  promover la vida significa encontrar soluciones a calidad de vida y no solamente a defender la vida”, indicó el obispo de Huehuetenango.

En la declaración de la Vía Campesina en el Foro Alternativo Mundial del Agua realizado en Francia en marzo del 2012, delegados y delegadas de la Vía Campesina expresaron la situación grave que viven miles de familias especialmente aquellas en donde existen construcción de represas, de los gases de esquistos, de las minas, del acaparamiento, de la mercantilización, de la escasez  del agua, de las contaminaciones generalizadas, de las represiones y de los asesinatos llevados a la práctica contra los militantes defensores del agua.

Asimismo reivindicaron que el derecho  del y  al   agua sean respetados dentro del marco de la soberanía alimentaria. El derecho  del  agua es el respeto permanente del ciclo del agua, tomado integralmente. Además afirmaron que la privatización y la mercantilización del agua y de todo otro bien común (semillas, tierra, conocimientos locales y tradicionales, etc.) son un crimen contra la tierra y la humanidad. Los grandes proyectos de represas, hidroeléctricas y de siembra de monocultivos acaparan el agua sin respetar el derecho de las comunidades locales burlándose así de la preservación del ecosistema.

La Declaración de la Vía Campesina en el Foro Alternativo Mundial del Agua realizado en marzo del 2012 también señala :“Las crisis del agua, de la biodiversidad, las crisis sociales, energéticas y financieras se hallan todas unidas y son las consecuencias del neoliberalismo y del modelo de agricultura industrial promovido por las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio), los tratados de libre comercio, el Consejo Mundial del Agua, las multinacionales y la mayoría de los  gobiernos”.

En el marco del día Mundial del Agua, comunidades afectadas por el robo del vital líquido que realizan empresas de monocultivos, mineras e hidroeléctricas entre otras comunidades afectadas exigen justicia y que se persiga a quienes se han adueñado de un bien común como lo es el agua.

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